El Poder Ejecutivo de Guanajuato ya había impugnado la primera parte de la reforma electoral impulsada por AMLO.
La Corte anuló un fraude a la Constitución y se asoman en los próximos meses decisiones similares que pueden fortalecer su credibilidad para anular leyes que un Congreso digno jamás habría aprobado. Fotografía: Archivo/ Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Gobierno de Guanajuato interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la segunda parte de la reforma electoral, conocida como el “plan b”.
En la lista de controversias constitucionales pendientes por resolver aparece la impugnación presentada por el Poder Ejecutivo de Guanajuato en contra de las reformas a leyes secundarias en materia electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con el expediente 287/2023.
Cabe precisar que esta segunda parte del “plan b” electoral comprende las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de marzo.
Esta controversia constitucional del gobierno de Guanajuato se suma a la otra docena que existe en contra de la segunda parte de la reforma electoral, pues también senadores de oposición, como Organismos Públicos Locales (OPLEs) de Durango y Quintana Roo, entre otros, han impugnado el decreto.
La aplicación de dicha parte de la reforma electoral se encuentra suspendida indefinidamente, toda vez que el ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, aceptó la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), cuando Lorenzo Córdova todavía era consejero presidente de dicho organismo.
Previamente, el gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, también interpuso ante la Corte la primera parte de la reforma electoral del presidente López Obrador.
Lo anterior, junto a decenas de gobiernos municipales y estatales que se encuentran liderados por la oposición, bajo el argumento de que el Poder Legislativo invadía sus atribuciones constitucionales al limitar el gasto en comunicación social.
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