La defensa de Emilio Lozoya destacó que nunca una autoridad del gobierno de México había hecho referencia a una supuesto soborno de 8.4 millones de dólares.
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. Foto: EFE / Archivo
Los abogados de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), rechazaron que su cliente haya recibido una “mordida” de 8.4 millones de dólares de parte de Altos Hornos de México (AHMSA).
Y acusaron que esa afirmación no tiene antecedente -ni documental ni técnico- alguno, por lo que resulta inaceptable.
“Nunca antes una autoridad del gobierno de México había hecho referencia a una supuesta ‘mordida’ de 8.4 millones de dólares. Esta afirmación no tiene antecedente. Esta defensa considera indispensable que la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) verifique su información”, expresaron mediante un comunicado.
La defensa del exfuncionario, integrada por los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, indicó que en relación con el supuesto soborno de 3.4 millones de dólares recibido por Emilio Lozoya a través de AHMSA, está acreditado que dicho monto obedece a proyectos realizados por su cliente antes de ser servidor público y que el mismo fue recibido tiempo antes de asumir la Dirección General de Pemex y de ser servidor público.
Asimismo, destacaron que sobre la venta de la planta Agronitrogenados, “a escala administrativa, no existe investigación alguna relativa a la compra-venta de esta Planta de Fertilizantes. Todo el proceso fue auditado y validado por las autoridades administrativas”.
“En relación con el contrato de Tula I, las mismas autoridades han afirmado, en audiencia y frente al juez de control, que estuvo perfectamente ejecutado, por lo que no se desprende elemento alguno relativo a algún tipo de responsabilidad administrativa, mercantil o penal”, agregaron los abogados.
Por último, la defensa de Emilio Lozoya argumentó que de todo lo anterior se desprende que el monto de 30 millones de dólares exigido a su cliente como supuesta reparación del daño, “es fruto de una decisión unilateral y sin basamento técnico”.
“De ahí que, en audiencia pública ante el juez de control, los representantes del gobierno de México no pudieron explicar su origen, lo que provocó los legítimos reclamos de nuestro representado” finaliza el escrito.
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