Frente Amplio por México oculta gastos de proceso interno hasta 2024

PRI, PAN y PRD, partidos integrantes del Frente Amplio por México, declinaron dar a conocer el monto total de gastos que representó el proceso interno que concluyó hace más de dos meses, a través del cual fue elegida Xóchitl Gálvez como responsable de la coalición rumbo a la elección presidencial de junio de 2024.

Entre los gastos realizados por la coalición se encuentra la consulta ciudadana que se realizaría el domingo 3 de septiembre en todo el país, como parte de la que se estableció que sería la última fase para que la ciudadanía eligiera a su representante de entre la senadora priista Beatriz Paredes, o la panista Xóchitl Gálvez, la cual fue cancelada dos días antes de que se llevara a cabo. 

Una consulta ciudadana en la que participarían 2 millones 297 mil 529 simpatizantes que se registraron en la plataforma de internet de la coalición, y que para llevarla a cabo, de acuerdo con el método establecido por el Frente Amplio por México, se instalarían 2 mil 500 mesas receptoras del voto en todo el país, en mil 190 centros.

Para ello, se habrían mandado hacer papeletas, actas, crayones, tinta indeleble, carteles de resultados y gafetes de identificación de los funcionarios de las mesas receptoras, entre otros materiales, y con lo que la coalición del PRI, PAN y PRD, presumió en sus redes sociales el 29 de agosto pasado que ya se contaba.

A través de solicitudes de transparencia, La-Lista solicitó al PRI, PAN y PRD las copias de las facturas de adquisición de todos los materiales para dicha consulta ciudadana que fue cancelada, sin embargo los tres se negaron a darlo a conocer.

PRI Y PAN argumentaron que “en virtud de que el presente ejercicio aún se encuentra vigente, no se tiene un informe final de todos los ingresos y gastos del mismo, es decir, los registros contables aún constituyen cifras preliminares, pues a solicitud del INE estas son susceptibles de modificaciones y adecuaciones contables, siendo firmes posterior a la conclusión del proceso de fiscalización, el cual tendrá verificativo hasta 2024”.

Mientras que el PRD respondió que “no se advierte de alguna manera que se trate de algún acto realizado por este instituto político en cumplimiento de sus funciones”.

Como parte del proceso interno de la coalición entre el PRI, PAN y PRD, se efectuaron foros de debate entre los aspirantes en Ciudad de México, Durango, Monterrey, Guadalajara, León y Mérida, lo que requirió gastos en logística, hospedaje y viáticos, entre otros.

También se realizó el levantamiento de dos estudios de opinión tanto vía telefónica como en viviendas, en dos momentos diferentes. El primero, de acuerdo con la metodología del Frente, fue entre quienes cumplieran el requisito de las 150 mil firmas de apoyo. Fueron Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid quienes lo consiguieron.

Mientras que el segundo sondeo se realizó entre Gálvez y Paredes, y se efectuó de manera domiciliaria y también vía telefónica. En ambos Xóchitl fue la mejor posicionada.

Otro de los gastos realizados por el Frente Amplio por México, fue la plataforma en internet con dirección: http://frenteampliopormexico.org.mx a través de la cuál más de 2 millones de ciudadanos se registraron para participar en la definición de su abanderada.

La alianza conformada por el PRI, PAN y PRD también se negó a informar a ciudadanos a través de diversas solicitudes de información, como por ejemplo la que cuenta con folio 330032423000212, en la que un ciudadano solicita el costo total de cada uno de los foros de debate, o la 330032723000369, donde se solicita acceso a los contratos con las empresas que realizaron los sondeos. A ambos se le respondió en el mismo sentido, que la información será dada a conocer después de que el informe de los ingresos y gastos sea dictaminado por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es decir, al concluir el proceso electoral de 2024.

Si bien la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, señalan que los partidos políticos deben efectuar la fiscalización correspondiente ante el INE de los gastos relacionados con el proceso electoral, los institutos políticos no están impedidos a dar a conocer en este momento los montos de gastos efectuados hasta ahora.