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La caída en desgracia del presidente hondureño está a punto de terminar en la acusación de Estados Unidos

Cuando termine su mandato, Juan Orlando Hernández podría ser extraditado por cargos de narcotráfico hacia el país que alguna vez lo consideró un aliado clave.

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A lo largo de una calle pavimentada que asciende por la ladera del parque nacional Montaña de Celaque, en el suroeste de Honduras, las chozas de una sola habitación quedan eclipsadas por las mansiones de altos muros, entre las que se encuentran las casas del presidente Juan Orlando Hernández y sus aliados políticos.

Los habitantes de la zona comentan que se pueden ver los resultados de los ocho años de Hernández como presidente.

“Trabajó mucho para su propio bien, no para el bien del pueblo”, dijo Jesús Martínez, de 68 años, un agricultor que descansa en el pintoresco parque colonial del centro de Gracias.
El pueblo sigue en la desgracia, y él se va como millonario“.

El jueves, Honduras investirá a la sucesora de Hernández: la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro. Su rotunda victoria en las elecciones generales de noviembre se vio impulsada por una ola de sentimiento anti-Hernández que se extendió incluso hasta su ciudad natal, Gracias.

“Los resultados de las elecciones son la expresión del abrumador rechazo hacia Juan Orlando y lo que él representó”, señaló Gustavo Irías, director del grupo de vigilancia hondureño Cespad.

Se prevé ampliamente que los fiscales estadounidenses acusen a Hernández de conspiración de tráfico de drogas cuando deje el cargo. Esto supondría una espectacular caída en desgracia para un presidente que en su momento fue considerado uno de los principales aliados de Washington en la región.

Hijo de un prominente hacendado que tuvo al menos 17 hijos, Hernández, de 53 años, comenzó su carrera política de varias décadas aquí, en Gracias. Creció con relativa comodidad en comparación con sus homólogos rurales, pero muy por debajo de la que gozaba la élite urbana.
“[Su padre] tenía sus propiedades, su ganado y un carro, y en aquellos tiempos la gente que tenía un carro era rica”, dijo Ana Guillermina, una historiadora local y maestra jubilada que en su momento contó a Hernández entre sus alumnos de primaria. “No recuerdo que hubiera algo especial en él”.

El presidente Juan Orlando Hernández deposita su boleta en la votación para elegir a su sucesor en una escuela pública, utilizada como casilla electoral, en su ciudad natal de Gracias en noviembre de 2021. Foto: Presidencia de Honduras/Reuters

Cuando Hernández se incorporó al Congreso en 1998, sus compañeros legisladores de aquella época lo describieron como una persona tranquila, humilde, con pocos amigos pero con un gran interés en aprovechar su cargo. Hernández ascendió de forma constante en la escala política, llegando a ser presidente del Congreso en 2010 y posteriormente presidente de la república cuatro años después. En ese momento, Honduras registraba una de las tasas de homicidio más altas del mundo y estaba plagada de pandillas violentas y narcotraficantes.

Para combatir la ola de delincuencia, desplegó al ejército en las calles, llenó las cárceles del país y comenzó a extraditar a Estados Unidos a narcotraficantes de alto nivel. Numerosas agencias estadounidenses, entre ellas la Administración de Control de Drogas, elogiaron los esfuerzos de su gobierno.

Sin embargo, al mismo tiempo, se acumularon las acusaciones de narcotráfico contra uno de sus hermanos, el exlegislador Juan Antonio “Tony” Hernández, a quien se le ligó a un laboratorio de drogas en 2014 y posteriormente a un helicóptero que transportó cocaína, entre otras acusaciones.

En 2016, Hernández anunció que se postularía para ser reelegido a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Esa decisión terminaría poniendo a muchos hondureños en su contra, y las posteriores elecciones de 2017 se vieron manchadas por denuncias de fraude y por la violenta represión de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Hubiera sido mejor que se apartara porque fue reelegido de una manera muy poco transparente“, dijo el profesor de secundaria Wilmer Oliva, mientras estaba sentado bajo la sombra del parque central de Gracias en diciembre. Oliva votó en dos ocasiones por Hernández, pero rápidamente se arrepintió de la segunda vez. “Estos últimos cuatro años sin duda han sido malísimos. Tantos escándalos de corrupción y narcotráfico“.

En noviembre de 2018, a menos de un año del segundo mandato de Hernández, Tony fue arrestado mientras visitaba Miami y acusado de tráfico de drogas y cargos relacionados con armas.

Un año después, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de todos los cargos tras un juicio que conmocionó a la nación y expuso las profundidades de la complicidad del gobierno en el tráfico de drogas.

Los fiscales nombraron a Hernández como cómplice no inculpado en el caso contra su hermano y lo acusaron de recibir millones en sobornos procedentes de narcotraficantes en lo que describieron como “tráfico de drogas financiado por el Estado”.

Manifestantes se reúnen frente a un tribunal de Nueva York para pedir la extradición del presidente Juan Orlando Hernández. Foto: Erik Pendzich/Rex/Shutterstock

Posteriormente, los fiscales estadounidenses nombraron a Hernández como cómplice en otros dos casos de narcotráfico, incluyendo uno en el que presuntamente conspiró con un narcotraficante para “meter la droga en las narices de los gringos”, Hernández ha negado todas las acusaciones relacionadas con el narcotráfico, llamándolas mentiras inventadas por delincuentes violentos que buscan reducir sus sentencias. No respondió a la solicitud de una entrevista.

El gobierno de Trump ignoró las acusaciones mientras Hernández seguía sometiéndose a la voluntad de su agenda migratoria. No obstante, el gobierno de Biden, que se comprometió a luchar contra la corrupción como parte de su plan para abordar las raíces de la migración, básicamente ha evitado al presidente saliente, prefiriendo esperar a que termine su mandato con la esperanza de un nuevo comienzo con la nueva administración.

Mientras tanto, las acusaciones de narcotráfico se sumaron a los numerosos escándalos de corrupción, respecto a los cuales Hernández también ha negado su implicación. La mala respuesta a la pandemia de Covid-19 y un par de huracanes devastadores en noviembre de 2020 empeoraron la situación. La pobreza alcanzó su nivel más alto en cuatro décadas.

Tal vez no resultó sorprendente entonces que, cuando el país acudió a las urnas en noviembre, el partido de Hernández sufriera pérdidas sin precedentes en todo el país, perdiendo incluso el control de la alcaldía de Gracias, uno de los puntos fuertes históricos del partido.

Simpatizantes de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, entran al congreso después de la instalación de la nueva legislatura en Tegucigalpa el martes. Foto: Edgard Garrido/Reuters

“El rey está muerto, viva el rey”, dijo el alcalde saliente de Gracias, el Dr. Javier Enamorado.
Con su partido a punto de perder el control del gobierno y su poder en Honduras marchitándose, Hernández se ha visto obligado a buscar aliados en el extranjero, y potencialmente un lugar donde pueda evitar la detención y la extradición a Estados Unidos.

Hasta ahora, la política del Departamento de Justicia estadounidense de no presentar cargos contra jefes de Estado en funciones lo ha protegido de las acusaciones.

El 10 de enero, asistió a la toma de posesión del líder de Nicaragua, Daniel Ortega, que fue reelegido por tercera vez tras unas elecciones ampliamente denunciadas como una farsa.

“Se presentó como un emperador derrotado sin su gran séquito”, comentó Irías, quien señaló que Nicaragua ya brinda asilo a dos expresidentes de El Salvador que se enfrentan a cargos de corrupción en su país. “Su intención evidentemente era apoyar a uno de los regímenes más autoritarios de la región a cambio de un eventual asilo”.

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