El presunto jefe del cártel colombiano deberá comparecer ante el tribunal de Nueva York tras su extradición

El acusado de ser el jefe del cártel colombiano llamado Clan del Golfo comparecerá ante un tribunal federal de Nueva York el jueves, mientras las víctimas de su país piden garantías de que confesará las atrocidades cometidas por los temidos combatientes paramilitares que comandó en su momento.

Dairo Antonio Úsuga, que es el sospechoso de narcotráfico más buscado de Colombia desde hace casi una década, fue extraditado desde Colombia a última hora del miércoles por cargos de cocaína y posesión de armas.

En las imágenes compartidas por los medios de comunicación locales durante su extradición, el ex jefe militar, mejor conocido por su alias Otoniel, fue visto esposado y con una débil sonrisa, rodeado de agentes.

La captura de Otoniel en octubre fue descrita en su momento por el presidente Iván Duque como el mayor golpe contra el narcotráfico del país desde la muerte de Pablo Escobar en 1993.

No obstante, las víctimas de la guerra civil que duró décadas en el país piden que el traficante de 50 años revele todo lo que sabe sobre las atrocidades que supervisó o de las que tuvo conocimiento. Se cree de forma generalizada que las fuerzas de Otoniel operaban al menos con la aprobación tácita de algunos políticos y fuerzas de seguridad locales.

Otoniel ya se enfrenta a más de 120 cargos en Colombia por acusaciones de asesinato, reclutamiento ilegal, secuestro extorsivo, abuso sexual de menores, terrorismo, posesión ilegal de armas y tráfico de drogas.

“Como víctimas ya sabemos quién es Otoniel, y no nos importa. Lo que más necesitamos saber es quién lo apoyó y lo patrocinó, y eso incluye a los políticos”, señaló José David Ortega, vocero de una organización campesina de Córdoba, la provincia ubicada al norte del país donde el Clan del Golfo todavía aterroriza a las comunidades y asesina a los líderes locales. “Por eso nos preocupa que no vaya a decir la verdad en Estados Unidos, sino que vaya a guardar silencio sobre lo que sabe”.

La larga carrera del jefe militar se desarrolló al amparo de la violencia política entrelazada con la del narcotráfico, que ha persistido en Colombia durante décadas.

Otoniel y su hermano –que fue asesinado en 2012– fueron miembros de una facción rebelde maoísta ya desaparecida, el Ejército Popular de Liberación, antes de cambiar de bando para unirse a sus enemigos paramilitares de extrema derecha, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Cuando los grupos paramilitares colombianos se desintegraron en 2006, Otoniel se negó a entregar su fusil y permaneció en el bajo mundo criminal.

“La extradición crea obstáculos que impiden conocer la verdad sobre el conflicto armado y la relación entre los grupos armados, los empresarios y los políticos”, señaló Pedro Piedrahíta Bustamante, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Medellín. “Por eso, mientras se celebra la supuesta victoria de la guerra contra el narcotráfico en Colombia, el conflicto continúa y las víctimas son olvidadas”.

Gustavo Petro, el candidato de la izquierda en la contienda electoral presidencial de Colombia, expresó su apoyo hacia las víctimas de Otoniel. “Los procesos de extradición deben dar prioridad a las confesiones que necesitan las víctimas“, escribió Petro en Twitter. “No existe ningún interés que pueda estar por encima de las víctimas de la violencia en Colombia”.

Las autoridades colombianas indicaron que Otoniel, actualmente recluido en la misma cárcel de Manhattan en la que estuvo el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, supervisaba el envío de 200 toneladas de cocaína al año.

Sin embargo, para las personas que viven en el territorio que una vez controló Otoniel se espera que la situación cambie poco.

“Pueden acabar con Otoniel, pero la organización criminal seguirá existiendo”, dijo Ortega. “Como nos gusta decir ‘el rey ha muerto, viva el rey’”.