Pedirá CPI más dinero para procesar crímenes de Rusia

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, pedirá dinero extra para llevar a cabo la persecución de los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania, incluido el posible procesamiento de Vladimir Putin por supervisar el secuestro de niños de Ucrania a Rusia.

Khan emprendió su drástica acción contra el presidente ruso la semana pasada, antes de una conferencia en Londres organizada conjuntamente por el Reino Unido y el gobierno holandés con el objetivo de recaudar fondos para financiar la labor de investigación de crímenes de guerra en Ucrania. No se ha aumentado el presupuesto de la CPI a pesar de que cuenta con 40 investigadores trabajando en el territorio de Ucrania.

La orden de detención de Putin, que acapara titulares, también puede disipar las crecientes demandas de Ucrania y de algunos expertos en derecho internacional de que se cree un tribunal especial para abordar el delito más amplio de agresión por parte de Rusia.

Khan, juez británico, siempre insistió en que la Corte Penal Internacional tiene las competencias necesarias para enjuiciar el papel de los dirigentes rusos en la guerra. No obstante, los críticos afirman que sigue existiendo una laguna en lo que respecta a la exigencia de responsabilidades y que un tribunal especial sería un instrumento más eficaz, ya que no necesitaría demostrar un vínculo causal entre los crímenes de guerra especiales individuales y la clase dirigente rusa.

Más de 40 países asistirán a la conferencia organizada por el viceprimer ministro británico, Dominic Raab, y el ministro holandés de Justicia y Seguridad, Dilan Yeşilgöz-Zegerius. El Reino Unido aportará 395 mil libras (unos 9 millones de pesos) adicionales para financiar la labor de la CPI.

Denys Maliuska, ministro de Justicia de Ucrania, y Andriy Kostin, fiscal general de Ucrania, asistirán a la reunión. No creen que la iniciativa de la CPI sobre el secuestro de niños adoptada la semana pasada erradique la necesidad de crear un tribunal especial. En una conferencia celebrada en la ciudad de Lviv el 3 de marzo se modificaron los términos de referencia previstos para un equipo conjunto de siete naciones encargado de investigar los crímenes de guerra contra Ucrania, con el objetivo de prever el futuro papel de un nuevo centro internacional encargado de enjuiciar el crimen de agresión contra Ucrania.

Algunos países destacados, entre ellos el Reino Unido, aún no han respaldado la idea de crear un tribunal especial, por temor a que pueda socavar la todavía emergente labor de la CPI.

La lucha territorial entre la CPI y los partidarios de la creación de un tribunal especial se agudizó cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que apoyaba la creación de un tribunal específico.

En fechas tan recientes como el 4 de marzo Von der Leyen reiteró su apoyo a la creación de un tribunal, al tiempo que añadió que respaldaba la labor de la CPI.

La decisión de la CPI de procesar a Putin tiene pocas repercusiones prácticas inmediatas, ya que Rusia no es signataria del Estatuto de Roma y no reconoce la autoridad del tribunal. En teoría, los países signatarios estarían obligados a detener a Putin en caso de que pisara su territorio. Putin no viaja mucho, pero tiene previsto asistir en verano a una cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en Sudáfrica.

Un vocero del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, indicó el domingo que era consciente de sus responsabilidades.

“Como gobierno, somos conscientes de nuestra obligación legal. No obstante, desde ahora hasta la cumbre seguiremos colaborando con las diversas partes interesadas”, señaló Vincent Magwenya.

En la práctica, Sudáfrica ignoró órdenes de detención en el pasado, entre ellas la dictada contra el expresidente de Sudán Omar al-Bashir, que visitó el país en 2015.