En la pandemia, la opacidad ha sido la constante en compras de emergencia del gobierno

¿Cómo compró el gobierno federal en la pandemia? Esa la principal interrogante a un año de la llegada de Covid-19 al país. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo tiene claro: las constantes de las compras públicas es la opacidad, la falta de mecanismos para dar seguimiento, sobreprecio y contratación a empresas ajenas al sector salud.

El gobierno mexicano otorgó facultades a seis dependencias para realizar las compras de emergencia frente a la crisis sanitaria: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Salud (Ssa).

Durante un evento virtual, el IMCO presentó la investigación ¿Cómo ha sido la política de compras?, en donde se analizaron las compras realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021 en dichas dependencias.

Dentro de los hallazgos se encuentran que el gobierno siguió un patrón de retraso, pues contó con dos meses antes de que llegara el primer contagio al país, el 28 de febrero. Lo mismo pasó cuando en diciembre, ante un repunte previsible.

Para atender la emergencia, se gastaron más de 4 mil millones de pesos en compras, de los cuales no se cuenta con documentos publicados, ni con información completa y de calidad, pues mucha cuenta con errores de captura que hace complicado saber qué se compró. Además, los contratos de 1 de cada 2 compras (45%) se publicaron tarde, entre uno y 327 días después de la fecha de inicio del contrato.

Por su parte la Sedena contrató ‘empresas todólogas’, una dedicada a la venta de muebles, y pagó 2.3 veces más por el mismo medicamento en contratos con un mes de diferencia. De acuerdo con el IMCO, no existen mecanismos especiales para comprar en tiempos de emergencia, provocando la realización de compras defectuosas, opacas, tardías y con irregularidades, muestra de ello es que el 47% de los contratos realizados por el gobierno federal, entre enero de 2020 a febrero de 2021, se dieron a proveedores sin registro en el RUPC (Registro Único de Proveedores y Contratistas).

Para contar con un protocolo de control y seguimiento de las compras públicas, el IMCO propone que:

• Planeación de compras y capacidad de respuesta ante tiempos de emergencia.
• Identificador de compras de emergencia.
• Publicación oportuna y completa de los contratos.
• Contratos marco que permitan al gobierno coordinar las compras entre dependencias, establecer precios de referencia y elegir proveedores con capacidad de cumplimiento.
• Registro útil y confiable de proveedores de gobierno.
• Capacitación, coordinación y experiencia entre las dependencias de gobierno para realizar compras públicas.