La nueva ley pone fin a las actuales declaraciones de emergencia nacional y de emergencia de salud pública, decretadas por el expresidente Donald Trump en 2020.
La revelación ya supone la peor violación de la seguridad nacional registrada en años en Estados Unidos, y los analistas sugieren que el daño podría empeorar.
En México, Honduras y El Salvador, al menos dos docenas de activistas indígenas y rurales han sido asesinados, han desaparecido y han sido encarcelados en una serie de ataques.