En Colombia grupos armados tienen un blanco frágil para su causa: los niños
Luzmery Troches con fotos de su hijo Luis y su hermana. Foto: Cristian Garavito Cruz
Cristina Noriega/The Guardian

A finales de julio, Luis Troches caminaba de la tienda a su casa cuando un hombre armado lo detuvo en un camino de tierra en el suroeste de Colombia. Le dio al niño de 14 años un ultimátum, o se unía a su grupo de disidentes de las desmovilizadas FARCFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o se lo llevarían por la fuerza junto con su hermana de 11 años.

“Llegó a casa asustado y distante”, cuenta su madre Luzmery. Sabían que los hombres que controlan la provincia en el norte de Cauca regresarían por una respuesta. “Me dijo: ‘No quiero ir. ¿Qué hago?’”

Con la pandemia del coronavirus a todo lo que da en Colombia, los grupos armados están aprovechando las medidas para proteger del Covid 19  a la población y están escalando conflictos con el fin de aumentar su control territorial y sus rutas de narcotráfico. Indepaz, una organización que monitorea los conflictos locales, reportó 68 asesinatos en lo que va del año, y la mayoría han sido de gente joven.

También reportó el asesinato de 264 líderes de la comunidad.

El reclutamiento de niños había ido en aumento desde el tratado de paz de 2016, pero este año se disparó ya que con la pandemia se cerraron las escuelas y empeoraron las condiciones de vida.

Las comunidades se vieron doblemente afectadas por el conflicto armado y la pandemia por lo que las calles de Bogotá se han vuelto a llenar de manifestantes que exigen soluciones al gobierno.  Diez mil personas llegaron de Cauca el mes pasado buscando una reunión urgente con el presidente Iván Duque para hablar sobre el aumento de la violencia.

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“No queremos más masacres”, dijo Luzmery, quien viajó más de 500 km en una caravana de autobuses para unirse a las protestas “Estamos cansados de que recluten o maten a nuestros hijos”.

Además de medidas de protección más eficientes, los manifestantes exigen mejoras en las condiciones rurales, tal como se acordó en el tratado de paz y en acuerdos previos con las personas del lugar, pero el gobierno, dicen, se ha tardado en hacerlo o no le interesa hacerlo.

En vísperas de un acuerdo de paz con los rebeldes de las FARC que terminaría casi medio siglo de guerra, un nuevo grupo formado por grupos guerrilleros de izquierda, facciones paramilitares de ultraderecha  y cárteles de drogas está compitiendo por el control de las rutas de drogas más lucrativas. Algunos miembros de las FARC incluso se han reagrupado y vuelto a armar.

Además de asesinar a jóvenes y a líderes de las comunidades, los grupos armados están reclutando niños para ejercer control sobre la gente y hacer crecer sus rangos.

Pandemia+impunidad

Con la pandemia, los diversos grupos se sienten más seguros para escalar estas prácticas ilegales. Según Coalico, un grupo que monitorea el impacto del conflicto en los niños, se reclutó a 190 niños durante los primeros 5 meses del año; es decir, 5 veces más que la cifra del mismo periodo el año pasado cuando los reclutados fueron 38.

Estos reclutamientos forzados se concentran en zonas de extrema pobreza y poco acceso a los servicios básicos y han ido aumentando en la costa del Pacífico y la zona del suroeste.

“Si una comunidad no tiene acceso al agua corriente, educación, espacios recreativos y otros elementos básicos, entonces aumenta el riesgo de reclutamiento para los niños”, dice Julia Castellanos, investigadora de Coalico.

Las milicias atraen a los niños con promesas de dinero, teléfonos móviles y motocicletas. En ocasiones les ofrecen hasta 400 dólares al mes, casi el doble del salario mínimo, una fortuna para familias que viven en pobreza extrema.

El resultado económico de la pandemia que está amenazando con acabar con dos décadas de progreso social en Colombia, ha hecho de la cooperación una opción atractiva.

“Se acercan a ellos con el argumento falso de que formar parte de un grupo tiene grandes ventajas”, dice Gimena Sánchez Garzoli, directora de los Andes en la Washington Office of Latin America.

Las escuelas, regularmente un lugar seguro, llevan meses cerradas por lo que los niños andan en las calles, más expuestos al reclutamiento. Debido al escaso acceso a internet, al teléfono o a la electricidad, al menos 13 mil estudiantes tuvieron que dejar la escuela en agosto.

La crisis es un problema para los funcionarios que quieren proteger a los niños del virus pero también quieren que vayan a la escuela. Castellanos cuenta que algunas comunidades están haciendo pruebas con clases por radio en lo que las escuelas pueden abrir con condiciones estrictas de higiene, pero se necesita apoyo institucional para continuar.

“Si una comunidad no tiene acceso al agua corriente, educación, espacios recreativos y otros elementos básicos, entonces aumenta el riesgo de reclutamiento para los niños”.

Julia Castellanos, investigadora de Coalico

Un nuevo plan del gobierno que se anunció este verano y que se realizará en coordinación con las agencias de protección a los niños y a los migrantes de la ONU podría a ayudar a enfrentar con seriedad el problema del reclutamiento.  La intención es fortalecer los mecanismos de denuncia y de denuncia temprana en 16 regiones.

Aún así, muchos insisten en que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a los niños. Todavía quedan pendientes muchos aspectos del tratado de paz que servirían para atacar las raíces del conflicto armado, temas como la reforma rural y el desarrollo todavía quedan pendientes y podrían demorar otros diez años en implementarse según indica la oficina de la Contraloría General.

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Para las familias del norte de Cauca, el tiempo se está acabando. Luis y su familia salieron huyendo, pero otros niños no han podido escapar. En las laderas rurales de Corinto, Gonzalo Cuetia, jefe de patrullas locales, dijo que el 20% de los jóvenes ya fueron reclutados por los grupos armados este año, lo cual representa un duro golpe para su comunidad y para el proceso de paz en general.

“En nuestras familias y nuestras comunidades, soñamos con que nuestros hijos nos reemplacen como defensores de la vida”, dice Cuetia. “Queremos que apoyen a la comunidad, no que la destruyan”:

Este texto se publicó en The Guardian y lo tradujo Graciela González. Consulta el artículo original haciendo click en el logo: