El 1 de agosto de 2018, la organización Amnistía Internacional (AI) denunció la existencia de 36 desapariciones forzadas en Nuevo Laredo entre enero y mayo de 2017.
Foto: SEMAR
Jueces federales especializados en el Sistema Acusatorio de Reynosa, Tamaulipas, concluyeron las audiencias iniciales para vincular a 30 marinos que participaron en la desaparición forzada de cuatro personas en el marco del Operativo Nuevo Laredo.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que los jueces abrieron tres causas penales, con los folios 155/2020, 307/2020 y 308/2020, que fueron abordadas entre el 14 y 15 de abril del presente año.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron detenidos desde el pasado 9 de abril, tras una investigación judicial que inició desde julio de 2018.
Durante esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no existirá impunidad para los servidores públicos que participen en violaciones a derechos humanos. “La instrucción es que no se tolera la violación de derechos humanos. Cero impunidad, trátese de quién se trate”, expresó.
Las acciones violentas se inscribieron en el marco del Operativo Nuevo Laredo, realizadas durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Dos años después, las investigaciones concluyeron en la detención de los marinos, su vinculación a proceso e imposición de prisión preventiva oficiosa.
En agosto de 2018, la organización Amnistía Internacional denunció desapariciones tumultuarias en el marco de las acciones de vigilancia y disuasión de la delincuencia organizada, emprendidas por el gobierno federal en Nuevo Laredo.
Semanas antes, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) anunció 150 diligencias sobre los casos de desapariciones de personas en dicho municipio tamaulipeco.
Organizaciones de derechos humanos señalaron además de que las investigaciones se aceleraron después de que los casos fueron retomados por la FGR.
Las sospechas se centran en la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES) de la Semar, cuyos integrantes habrían participado sistemáticas agresiones contra la población civil entre, como denunció AI.
Entre las denuncias, la organización también dio a conocer la existencia de ejecuciones extrajudiciales.
El pasado 25 de marzo, el presidente López Obrador arremetió contra la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tras una denuncia hecha en su conferencia matutina. “Lo único que quiero que quede claro es que nosotros no permitimos la represión”, dijo.
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