El programa Mochila Segura es inconstitucional, determina la SCJN

El programa Mochila Segura, impulsado en el gobierno de Felipe Calderón para revisar el contenido de las mochilas de niñas, niños y adolescentes desde nivel preescolar hasta secundaria, es inconstitucional, resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional el pasado 3 de febrero.

Dos padres de familia en representación de sus hijos promovieron un juicio de amparo indirecto en contra del programa Mochila Segura, el cual les fue negado por un juez. Presentaron entonces un recurso de revisión que fue atendido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resolvió conceder el amparo.

Así, los ministros resolvieron que el programa carece de un marco legal y de regulación específica desarrollada en un ámbito de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Además, advierte que el programa implica la omisión de las autoridades educativas de asegurar, entre otros, los derechos a la privacidad e intimidad de las y los alumnos y vulnera los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

La resolución de la Primera Sala también determinó que la inconstitucionalidad del programa Mochila Segura no impide que, “en casos justificados y bajo sospecha razonable, existan en las escuelas intervenciones en grado menor y, excepcionalmente, en grado mayor, cuando sea evidente que se ha cometido o está por cometerse un delito, colocando a la comunidad escolar en un riesgo o peligro inminente”.

El fallo indica que tampoco frena que se lleven a cabo programas de seguridad escolar que no sean obligatorios y que incluyan la revisión de las pertenencias de las y los alumnos, siempre que se respete cuando un menor se oponga a dichas revisiones.

Los congresos estatales y federal podrán legislar en la materia asegurándose de que los ordenamientos sigan un “pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, justificándose las respectivas medidas proporcionales” para proteger a las y los alumnos y al resto de la comunidad escolar.

La larga batalla por los derechos de las y los niños

El programa Mochila Segura fue objeto de la recomendación 48/2019 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La CNDH informó entonces que el programa Mochila Segura carece de un enfoque de derechos humanos, porque presupone que niñas, niños y adolescentes cometerán algún delito; y advierte que cualquier acción relacionada con la niñez “debe ser considerada como una medida de protección y de cuidado y no de seguridad“.

En la recomendación se documentaron casos en que las pertenencias de las alumnas de sexo femenino eran revisadas por personas de sexo masculino y los objetos de las y los alumnos de nivel secundaria eran revisados por policías estatales o municipales y exhibidos frente al resto de sus compañeros.

Las revisiones llegaban a hacerse por parte de personal de seguridad, profesores o personal administrativo y padres de familia.

El operativo Mochila Segura llegó a aplicarse hasta en planteles de preescolar, donde acuden niñas y niños de cuatro a seis años de edad y que solo van al plantel con su lonchera, según la recomendación de la CNDH.

¿En dónde surge la violencia?

Se han presentado sucesos dentro de planteles escolares en los que un alumno ha introducido un arma al plantel y ha agredido a sus compañeros o a un maestro o maestra, los cuales han sido tomados como una justificación para realizar estos operativos, algunas veces, con elementos de seguridad pública en los estados.

El 18 de enero de 2017, un alumno de la escuela privada Colegio Mexicano del Noreste, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, disparó una pistola en contra de su maestra, lanzó disparos hacia otros alumnos y se suicidó. La maestra murió meses más tarde debido a la gravedad de las lesiones y al menos tres alumnos resultaron heridos. El hecho reactivó la aplicación del programa Mochila Segura por parte de la SEP.

El 10 de enero de 2020, un menor de 11 años, alumno de un colegio en la ciudad de Torreón, en Coahuila, le disparó a su maestra, quien resultó muerta, lanzó disparos a sus compañeros, a otro maestro, quien resultó herido, y después se suicidó.

Las autoridades federales revelaron después información sobre el entorno familiar del menor del caso de Torreón, quien vivía con sus abuelos, su madre había sido asesinada y su padre estaba preso en Estados Unidos.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han denunciado que este programa viola los derechos de las y los niños, los criminaliza y los coloca en una posición vulnerable en la que pueden ser víctimas de otros abusos, tales como tocamientos o abuso sexual.

“La violencia no se genera en las escuelas. Las escuelas que están particularmente en zonas son escenarios del crimen organizado son los que están en mayor riesgo, pero no son las escuelas las generadoras de violencia y mucho menos los niños y niñas”, comentó Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia.

En su opinión, estos operativos criminalizan a los niños, niñas y adolescentes y ayudan a las autoridades a evadir su responsabilidad de proporcionar seguridad.