Fiscalía de Tamaulipas ofrece revisar el caso de Juana Alonzo, migrante encarcelada sin pruebas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofreció revisar el caso de Juana Alonzo Santizo, una migrante de Guatemala que en 2014 fue detenida y encarcelada por supuestamente cometer el delito de secuestro, aunque en todo este tiempo las autoridades no han encontrado pruebas para que un juez le dicte una sentencia condenatoria.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas y el Grupo de Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas han señalado las vulneraciones que Juana sufrió durante su proceso penal. Además de que la Fiscalía de Tamaulipas no ha podido comprobar el delito de secuestro y la mantiene en prisión preventiva, hay indicios de que la migrante fue torturada y obligada a firmar un documento donde se autoinculpaba. De igual forma no tuvo acceso a un intérprete que le explicara en su lengua natal, el Chuj, los motivos de su detención.

El pasado 11 de mayo los familiares de Juana se reunieron por primera vez con representantes de la Fiscalía de Tamaulipas, quienes se comprometieron a revisar el expediente de la joven guatemalteca, así como los documentos de la comisión de derechos humanos y del grupo de trabajo de las Naciones Unidas.

Personas que estuvieron presentes en la reunión explicaron a La-Lista que los funcionarios de la Fiscalía argumentaron que los documentos de la comisión de derechos humanos y del Grupo de Detención llegaron recientemente a sus oficinas, por lo que no habían podido revisarlos. Los servidores públicos añadieron que en un lapso de dos semanas analizarán las evidencias y, dependiendo de eso, podrían retirar las acusaciones contra la migrante.

Juana Alonzo fue detenida en agosto del 2014. La migrante de origen indígena se encontraba dentro de una casa en Reynosa, esperando su turno para cruzar a los Estados Unidos, cuando elementos de la policía local ingresaron al inmueble y la detuvieron. Posteriormente la llevaron al Ministerio Público, donde tampoco tuvo acceso a un abogado para defenderse.

Hasta el pasado 11 de mayo los familiares de Juana no habían podido ingresar a México para exponer su caso a la Fiscalía de Tamaulipas porque no tienen una visa humanitaria para ingresar a nuestro país de forma legal.

Esto provocó que la familia de la guatemalteca siguiera su caso a la distancia. Pedro Alonzo, el tío de Juana, asegura que en los últimos siete años han tenido cinco abogados de oficio y privados que supuestamente estaban en México, pero ninguno de estos ayudó a liberar a la migrante y en cambio sí cobraron miles de pesos.

“La Fiscalía no respondió nuestras preguntas, solo dijeron: ‘Vamos a revisar el asunto y a hacer lo posible por buscar una vía para resolver el caso'”, dice Pedro Alonzo sobre la reunión con la Fiscalía de Tamaulipas.

La organización Promotores de la Liberación Migrante, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana son las instancias que han exigido justicia para Juana Alonzo.

Se tiene previsto que los familiares de Juana la visiten la mañana de este 13 de mayo en la cárcel de Reynosa, posteriormente volarán a la Ciudad de México y el sábado 14 de mayo regresarán a San Mateo Ixtatán, de donde son originarios.