Colectivas exigen la renuncia de Rosario Piedra Ibarra a la CNDH

Mujeres representantes de diversos colectivas exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por una presunta violación hacia los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes a quienes los padres no les otorgan la pensión alimenticia.

Las presentes rechazaron la acción de constitucionalidad que promovió la CNDH contra el requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para asumir un cargo público o de elección.

“Exigimos a Rosario Piedra Ibarra su renuncia inmediata al cargo como presidenta de la CNDH; al Senado de la República que de no presentarse esta renuncia de la señora Ibarra, le solicitamos inicie el procedimiento para su destitución”, señalaron las representantes de los colectivos durante una conferencia de prensa en el Senado de la República, donde leyeron el posicionamiento.

También solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán y que contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho. En sus exigencias se encuentra que si Rosario Piedra Ibarra no presenta su renuncia, el Senado comience un procedimiento para su destitución.

Las mujeres estuvieron acompañadas por Kenia López y Josefina Vázquez Mota, senadoras del PAN, y encabezadas por Patricia Olamendi y la exsenadora Angélica de la Peña.

“Ningún deudor alimentario al poder, ningún acosador, ningún abandonador”, es la consigna que gritaban las presentes.

Resaltaron que la CNDH ignora que en Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca se exige no ser deudor de pensión alimenticia como requisito para tener un cargo en la administración pública.

A través de un comunicado que se difundió el 14 de agosto, la CNDH explicó que el pasado 7 de julio presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley, por considerarla un “requisito discriminatorio” y sostuvo que “no existe ninguna relación entre el adecuado desempeño del cargo y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias”.

Fue el pasado viernes 12 de agosto cuando entraron en vigor las reformas que indica que no podrá acceder a un cargo público quien sea deudor alimentario, como parte de la llamada Ley 3de3 contra la violencia.

El organismo argumentó que no defiende a los deudores alimentarios, y precisó que esta acción de inconstitucionalidad tiene como propósito preservar los derechos reconocidos en la constitución y evitar que se exijan requisitos para ocupar cualquier cargo público.