La CNDH defiende su impugnación a la ley contra deudores alimentarios
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra. Foto: Twitter CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defendió su decisión de impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ley que prohíbe a deudores de pensión alimenticia contender y ocupar cargos públicos de elección popular en Yucatán.

A través de un comunicado, la CNDH explicó que el pasado 7 de julio presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley, por considerla un “requisito discriminatorio” y sostuvo que “no existe ninguna relación entre el adecuado desempeño del cargo y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias”.

Fue el pasado viernes 12 de agosto cuando entraron en vigor las reformas que indica que no podrá acceder a un cargo público quien sea deudor alimentario, como parte de la llamada Ley 3de3 contra la violencia.

“Dicho requisito es discriminatorio y coloca a las personas aspirantes en inseguridad jurídica, pero sobre todo afecta el interés de los acreedores alimentarios, sean estos menor y adolescentes, adultos mayores, discapacitados, conyugues o exconyugues, quienes se verían lesionados en sus derechos por la insolvencia económica de sus deudores”, señaló la CNDH en un comunicado.

El organismo argumentó que no defiende a los deudores alimentarios, y precisó que esta acción de inconstitucionalidad tiene como propósito preservar los derechos reconocidos en la constitución y evitar que se exijan requisitos para ocupar cualquier cargo público.

“Por su naturaleza, la CNDH no defiende no sólo a los hombres, ni tampoco sólo a las mujeres. La CNDH defiende los derechos humanos, y estos corresponden, hay que reiterarlo, a todas las personas”, sostuvo.

“En este, como en todos los casos, la agenda de la CNDH no es la de ningún partido, grupo u organización”, resaltó.

La CNDH señaló que la implementación de esta ley, la cual aprobó por votación unánime el Congreso de Yucatán en junio de este año, también afecta a quienes reciben una pensión alimentaria.

Además, remarcó que para ocupar un cargo público debe privilegiarse el mérito personal en lugar de acciones punitivas.

“Existen otros medios para hacer cumplir las obligaciones alimentarias, como los procesos legales correspondientes y la imposición penal, conforme al régimen jurídico local”, reza el comunicado.

“Consideramos que el poder legislativo está obligado a generar instrumentos jurídicos que permitan la protección más amplia de los derechos humanos de todas las personas y en todas las familias”.

La CNDH también criticó las posturas de grupos feministas que apoyan la prohibición a los deudores alimentarios.

“Es pertinente reflexionar en este mismo contexto, sobre las posturas feministas en un grado extremo contra viejos machismos. En las condiciones actuales, en las que posturas radicales sexistas confrontan a la sociedad e incluso reproducen patrones de violencia como solución a la violencia, es necesario abordar el tema de la violencia en las familias de manera integral y responsable. Es decir, desde los derechos humanos, que son para todas y para todos”, expuso.

Organizaciones en defensa de los derechos y contra la violencia hacia las mujeres y los niños iniciaron una campaña para de recolecta de firmas en contra de la impugnación de la CNDH.

“La 3de3vslaviolencia no violenta ningún Derecho, al contrario; eleva los estándares de la ética pública y política, vela y salvaguarda los derechos de las infancias, así como de las mujeres al impedir que Deudores alimentarios, acosadores y agresores lleguen al poder”, expusieron en redes sociales, donde comparten a sumarse a su campaña.