Guacamayaleaks | AMLO, Dresser y GIEI, entre los ‘actores adversos’ a la verdad histórica de Ayotzinapa, según Sedena

En mayo de 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró una lista de “actores adversos a la versión oficial” sobre el caso Ayotzinapa. En ese documento, el Ejército enlistó a 15 personas y organizaciones sociales que cuestionaban la “verdad histórica”, un relato construido por la Procuraduría General de la República (PGR) que apuntaba a que los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, fueron incinerados en un basurero por el grupo delictivo Guerreros Unidos y después sus restos arrojados a un río.

Entre los actores adversos destaca Andrés Manuel López Obrador. El hoy presidente de México estuvo en la mira de la Sedena por su exigencia de que se investigara la participación del Ejército en el crimen y que se sancionara a los militares implicados.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, académicas y legisladoras también están incluidas en la lista que fue elaborada por la secretaría casi tres años después de la desaparición de los estudiantes –ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014–, según el documento titulado Caso Iguala – Actores adversos a la versión oficial, que forma parte de los cuatro millones de correos electrónicos del Ejército filtrados por el grupo de hackers Guacamaya y a los que La-Lista tuvo acceso.

La “verdad histórica” ya ha sido desmentida por el gobierno actual y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por cuatro especialistas internacionales que exhibieron cómo las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto sembraron evidencia para crear la versión del basurero de Cocula. La nueva narrativa apunta a que los normalistas fueron detenidos por policías municipales para después ser entregados a Guerreros Unidos, organización criminal que los dividió en grupos y presuntamente los asesinó. De todo esto estuvo enterado el Ejército.

Esta es La-Lista que el Ejército elaboró sobre las personas que cuestionaban la llamada “verdad histórica”, así como sus razones para tenerlas en la mira.

El Ejército incluyó a López Obrador en su lista de actores adversos luego de que el entonces aspirante a la Presidencia visitara Washington, Estados Unidos. Ahí fue increpado por uno de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien le pidió hacer justicia por su hijo en caso de ganar las elecciones de 2018.

Tras este encuentro, la Sedena señaló: “El líder de Morena afirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha buscado llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ha dicho que si el Ejército es responsable de lo que pasó, debe hacerse justicia”.

El GIEI también fue señalado por la Sedena. Este grupo de especialistas desmintió la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto y consiguió evidencias sobre cómo altos funcionarios de esa administración falsearon los hechos de la desaparición de los estudiantes.

“El grupo reiteró que no halló ‘una sola evidencia’ para asegurar que en el basurero de Cocula fueron incinerados los normalistas desaparecidos, aseguró que se torturó al menos a 17 inculpados para obtener confesiones que respaldaran la versión gubernamental, además de que se manipularon o ‘sembraron’ evidencias para sustentar la versión oficial sobre los restos hallados en el Río San Juan”, expresó la Sedena en su documento.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una de las organizaciones sociales que acompaña a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Ejército cuestionó a Mario Patrón, exdirector de la asociación civil, quien acusó que la antigua Procuraduría General de la República recurrió a la tortura para construir la “verdad histórica”.

Mario Patrón “estima que en torno al caso hay circunstancias que hacen necesario investigar al Ejército mexicano, ya sea por acciones u omisiones que podrían estar vinculadas con los hechos”, añadió la Sedena en su reporte.

Otra asociación señalada por las Fuerzas Armadas es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Esta organización no solo exigió justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que también asesora legalmente a víctimas de violaciones de derechos humanos, algunas cometidas por el Ejército.

Sobre la comisión, la Sedena advirtió: “La organización asegura que la PGR pretende cerrar el caso aun cuando existen elementos para continuar la investigación y ha exigido que se agoten todas las líneas de investigación, se esclarezca la participación de la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales”.

Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también estuvo en la lista de la Sedena por su insistencia en que los integrantes del 27 Batallón de Iguala fueran entrevistados por las autoridades, pues había indicios de su participación en la desaparición de los estudiantes.

“Insiste en que el Ejército no puede conducirse bajo códigos de excepción, pues la normalidad democrática presupone que los militares también están sometidos al escrutinio y la revisión de cuentas”, expresó la Sedena sobre Icaza.

Carlos Martín Beristain nació en España y es uno de los integrantes del GIEI. El experto independiente escribió el libro El tiempo de Ayotzinapa, donde relató algunas de las omisiones en la que incurrieron las autoridades en este crimen.

“Integrante del GIEI y autor del libro El Tiempo de Ayotzinapa sostiene que se desvió la investigación, se ocultaron y destruyeron pruebas, se dejaron a un lado los testimonios de testigos clave, se impidió que se entrevistara a los militares del 27 Batallón e incluso se buscó que nadie se enterara de la existencia de un quinto autobús”, indicó el Ejército.

La politóloga Denise Dresser también estuvo en la mira por sus acusaciones respecto a que el GIEI siempre fue obstaculizado por las autoridades para que no indagara más a fondo el caso Ayotzinapa.

“Profesora del ITAM y colaboradora de Reforma y Proceso respalda la idea de que la gestión del GIEI en México fue obstaculizada, que las líneas de investigación planteadas desde su primer informe fueron ignoradas, que la Policía estatal y el Ejército supieron de y/o presenciaron los ataques a la población civil pero no intervinieron para protegerla”, señaló la Sedena.

Javier Sicilia, poeta y activista, acusó al gobierno mexicano de haber dividido a la población en torno al caso Ayotzinapa para tratar de “sepultar” la investigación. El mismo Sicilia fue víctima del crimen en México, pues su hijo fue asesinado en 2011 en el estado de Morelos.

“Poeta, activista y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad considera que los estudiantes de Ayotzinapa representan a cientos de miles que el Estado mexicano no protege y quiere enterrar “en las fosas comunes del olvido de la verdad histórica”, mencionó la Sedena.

John Ackerman, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acusó al general José Rodríguez Pérez de no ayudar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuando fueron agredidos, a pesar de que él era uno de los encargados del 27 Batallón de Infantería de Iguala. Actualmente ese integrante del Ejército se encuentra en una prisión militar mientras se investigan los hechos.

“Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y colaborador de La Jornada y Proceso ha escrito que José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, se encontraba festejando con el expresidente municipal, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, la noche del 26 de septiembre. Asevera que si el gobierno federal no ha esclarecido este crimen es porque está directamente implicado”, resumió el Ejército.

La periodista Marcela Turati fue cuestionada por los artículos que publicó en la revista Proceso sobre el caso Ayotzinapa. La reportera siempre se mantuvo crítica a la versión oficial y por eso fue cuestionada.

“Reportera independiente ha escrito en diversos textos publicados en Proceso que el Ejército sí conoció de las agresiones de la policía a los normalistas de Ayotzinapa y no hizo nada por evitarlas, además de que la información que ha proporcionado difiere de los testimonios de los normalistas sobrevivientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos”, cuestionó el Ejército.

El periodista Témoris Grecko también fue incluido en la lista de actores adversos a la versión oficial, ya que escribió un libro y participó en un documental donde habló acerca de la participación del Ejército en el crimen de Ayotzinapa.

“Autor del libro Ayotzinapa. Mentira histórica y guionista del documental Mirar Morir. El Ejército en la noche de Iguala sostiene que la investigación oficial ha protegido a los militares, quienes dominan los puntos estratégicos del Pentágono de la Amapola y tienen vínculos con grupos delincuenciales”, criticó la Sedena.

Ricardo Raphael, escritor y periodista, siempre se mantuvo crítico hacia la participación de los militares en la desaparición de los estudiantes y eso le valió para estar en la lista negra del Ejército. Recientemente se dio a conocer que ahora el Ejército lo espía con el software israelí conocido como Pegasus.

Respecto a Raphael, la Sedena indicó: “Sobre los hechos de Iguala, cree que el día que en México se erradique la insoportable intocabilidad del Ejército contaremos con militares que abrazarán la democracia con sinceridad”.

La periodista Anabel Hernández fue cuestionada por la Sedena debido a su libro La verdadera noche de Iguala, donde intentó explicar qué fue lo que realmente sucedió con los normalistas y el papel de las autoridades en el crimen.

“Sobre los hechos de Iguala, cree que el día que en México se erradique la insoportable intocabilidad del Ejército contaremos con militares que abrazarán la democracia con sinceridad”, escribió la Sedena en su informe.

Julio Hernández López, conocido como “Julio Astillero” por su columna en el periódico La Jornada, criticó que el gobierno mexicano fabricó una insostenible “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa y por eso fue considerado un actor adverso.

“Columnista de La Jornada considera que el gobierno federal ha falseado los hechos y fabricado ‘insostenibles verdades históricas’, además de hacer propaganda negra contra investigadores independientes para impedir que se conozca el grado de involucramiento (por acción y por omisión) del Ejército, Marina, Policía Federal y representantes de Gobernación, PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)”.

Araceli Damián, quien en 2017 era diputada de Morena e integrante de la Comisión Especial que daba seguimiento al caso Ayotzinapa, fue cuestionada por el Ejército por su postura en contra de la “verdad histórica”.

Sobre ella, la Sedena dijo: “Según la legisladora, miembros del Ejército no actuaron para evitar una tragedia y se limitaron a hostigar a los estudiantes”.