El organismo ordenó a México dejar sin efectos el arraigo, con el que autoridades pueden detener a una persona hasta 40 días sin pruebas
La CoIDH sentenció a México, por lo que pide regular la prisión preventiva y eliminar el arraigo: Facebook Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó a México dejar sin efecto dentro de su marco legal la figura del arraigo, con la que las autoridades ministeriales pueden retener hasta por 40 días a personas sospechosas de cometer un crimen sin presentar pruebas y sin que un juez avale la aplicación de esta medida.
La CoIDH ordenó a nuestro país tomar esta medida luego de declarar al Estado mexicano responsable por la detención arbitraria de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López. Elementos de la Policía Federal retuvieron a estos tres hombres de forma ilegal el 12 de enero de 2006, cuando transitaban por una carretera que conecta a la Ciudad de México y a Veracruz.
Jorge, Gerardo y Gustavo fueron acusados de ser parte de una banda dedicada al secuestro y, luego de estar 90 días bajo arraigo, un juez los sentenció a cuatro años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y cohecho.
Este viernes 27 de enero, 16 años después de su detención arbitraria, la Corte Interamericana decretó que el Estado mexicano violó los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, la protección judicial y presunción de inocencia de los tres jóvenes. Jorge y Gerardo son originarios del pueblo indígena Náhuatl.
De paso la CoIDH también ordenó a México eliminar la figura del arraigo. “El Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre-procesal en los términos de los párrafos 210, 211, 214, 216, 218 y 2019 de la presente sentencia”, expresó Ricardo Pérez Manríquez, presidente de la Corte Interamericana.
El organismo internacional también pidió a México modificar la figura de prisión preventiva, con la que las autoridades pueden enviar a la cárcel, automáticamente o por instrucción de un juez, a las personas acusadas de determinados delitos
Además de esto, el Estado mexicano deberá realizar una acto de reconocimiento público y responsabilidad en relación con la detención arbitraria de Jorge, Gerardo y Gustavo.
Los tres jóvenes también deberán recibir de manera gratuita tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico por lo que vivieron, de acuerdo con la sentencia de la Corte.
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