En México se abren 8 expedientes cada día por casos de tortura, según la FGR
Reyes Alpízar sufrió tortura durante de su detención hace más de 17 años en el Estado de México. Foto: Alexa Herrera / Archivo La-Lista

“¿Verdad que sí era usted? ¿Ya se acordó, verdad?”, gritaba un policía de la Ciudad de México a un hombre mientras lo asfixiaba con una bolsa y lo golpeaba. “¿Por qué se pasa de verga?”, insistía el agente de seguridad con una lluvia de puñetazos en contra de la víctima que estaba adentro de una patrulla, sin especificar cuál era el delito por el que se le investigaba.

Esta agresión se dio a conocer en agosto de 2022 a través de un video en redes sociales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó en un comunicado de prensa que la golpiza en contra de la persona detenida se llevó a cabo en un auto oficial y que investigaría los hechos por el delito de tortura, presuntamente cometido por el uniformado que aparece en la grabación.

Este es uno de los casos de tortura y malos tratos cometidos por autoridades en contra de la población en México. En los últimos cinco años, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) abrieron 14 mil 243 expedientes por este tipo de agresiones, en promedio, ocho casos cada día de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet).

La Ciudad de México, donde se dio a conocer el video del policía que agredía a un hombre dentro de una patrulla, es la entidad con un mayor número de expedientes con 2 mil 133. Detrás le sigue Chihuahua con mil 280 y el Estado de México con mil 161.

El Renadet, que contiene información de hechos ocurridos entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2022, es una herramienta de la FGR para ubicar los lugares donde más se comete el delito de tortura y ocurren malos tratos por parte de autoridades a personas civiles. Según la Ley General en materia de tortura, la fiscalía también tendría que tener datos sobre el sexo y edad de las víctimas, la autoridad agresora y el estatus de los expedientes, pero esta información aún no es pública.

Aun así, los datos de la FGR son el panorama más actualizado que tiene México sobre este delito. Los hechos registrados en la Ciudad de México son solo la punta del iceberg de una conducta en contra de los derechos humanos que ocurre en todo el territorio.

Después de la Ciudad de México, Chihuahua y el Estado de México, los lugares donde se abrieron más expedientes de tortura y malos tratos son Oaxaca con 903, Quintana Roo con 764, Tamaulipas con 750, Jalisco con 714, Hidalgo con 652, Morelos con 607 y Veracruz con 533.

El 62% de los expedientes fueron abiertos por las fiscalías estatales y el 38% restante por la FGR, de acuerdo con las estadísticas de esta institución que son “preliminares”, ya que sigue revisando los archivos de las fiscalías estatales para conocer si hay más casos de tortura y malos tratos.

Cifra negra en delitos de tortura en México

A pesar de que la FGR reporta en promedio la apertura de ocho expedientes por tortura y malos tratos cada día, especialistas en este tema consideran que puede haber un subregistro de casos.

“Me parece que esta cifra es conservadora porque en realidad el tema de la tortura es muy común en México“, expresa Emmanuel Santos Narváez, perito experto en casos de tortura. “Hay un muy pobre desarrollo de habilidades de investigación de delitos de alto impacto –delincuencia organizada, secuestro, homicidio y feminicidio– y la tortura sigue siendo utilizada para ‘investigar’ y para encubrir a los verdaderos responsables”.

El experto apunta a dos factores que impiden conocer la verdadera cifra de casos de tortura. El primero es que las víctimas no denuncian por temor a sus agresores, quienes forman parte de instituciones de seguridad pública. Santos Narváez comparte que ha conocido casos de personas que hasta ocho años después de ser agredidas vuelven al Ministerio Público para intentar denunciar los hechos, luego de recibir atención médica y acompañamiento jurídico.

“Los responsables del delito de tortura tienen acceso a todos los recursos institucionales y por eso es muy frecuente que las personas se tarden mucho en tomar la decisión de denunciar. Para que una persona señale a un servidor público hace falta que tenga una buena defensa y convencimiento de las implicaciones que puede tener”, menciona el perito.

El segundo factor para que no se tenga el dato exacto de los casos de tortura en México, según Santos Narváez, es que las dependencias de gobierno no realizan los estudios adecuados para determinar que una persona ha sufrido esta agresión. “Los defensores públicos suelen desestimar los señalamientos de las víctimas y los médicos adscritos a las fiscalías no documentan las lesiones. Todo esto va desincentivando la denuncia”, refiere el experto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es otra institución que documenta casos de tortura. En 2022 abrió 49 expedientes por agresiones de autoridades. Elementos de la FGR, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron algunos de los señalados por presuntamente cometer este crimen, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos.

La tortura es un problema que ha dejado heridas abiertas en México. Este delito lo sufrieron Daniel García y Reyes Alpízar, las dos personas que más tiempo han pasado en prisión preventiva oficiosa –17 años– por una investigación en la que recibieron agresiones físicas y psicológicas por parte de la Fiscalía del Estado de México. El caso Ayotzinapa es otro ejemplo: la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, no se ha podido resolver porque funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) torturaron a presuntos responsables de los hechos, quienes fueron liberados por un juez debido a esta situación.

Un informe presentado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2022 reveló que el 70% de las mujeres que están en prisión fueron víctimas de algún tipo de tortura durante su proceso legal. Tres de cada diez agresiones fueron de carácter sexual.

La impunidad es otro de los motores de este crimen. La frecuencia con la que se utiliza la tortura en México está vinculada con dos situaciones: la falta de control de los cuerpos policiacos y de seguridad nacional, y por supuesto la impunidad, ya que el no tener una sanción promueve estas violaciones a derechos humanos, agrega Santos Narváez.

Ausencia de política antitortura

Juan Méndez, relator especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), visitó el país en 2014. En su informe final de actividades señaló que “la tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”.

Han pasado casi ocho años desde la visita del relator especial y México aún no tiene una política de prevención de la tortura. Los datos de la FGR y los de la CNDH se suman a los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que, en una de sus encuestas de 2022, informó que de 220 mil 477 personas privadas de la libertad, el 39% sufrió rasguños o golpes al momento de su detención. Otro 24% señaló que las autoridades utilizaron bastones, toletes, macanas y cachas de armas para someterlos. Un 6% aseguró que en su captura recibió toques eléctricos y otro 6% terminó con lesiones que pusieron en riesgo su vida.

En México existe el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un grupo de trabajo que debe realizar inspecciones a los lugares de detención de personas para vigilar que no se vulneren sus derechos humanos. También elabora diagnósticos de este delito, organiza reuniones con funcionarios públicos y emite recomendaciones. La presidenta de la CNDH y personas expertas en tortura conformar este equipo.

En el papel existe este grupo de trabajo, pero en los hechos está lejos de funcionar. Así lo dice Ariana García Bosque, abogada que ha acompañado más de 60 casos de tortura en Coahuila. La experta señala que en 2021 pudo trabajar junto con el equipo especial en la ciudad de Piedras Negras, donde documentaron violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios de la fiscalía estatal, pero el mecanismo aún no emite sus informes finales.

“No hay una estrategia clara para prevenir la tortura. La única estrategia que yo consideraría efectiva es el procesamiento de aquellos elementos que violentaron los derechos de otra persona y ejemplificar a través de estos procesos que, si actúan con desapego a la ley, van a tener una consecuencia”, expresa García Bosque.

La experta apunta a otro requisito que considera fundamental para prevenir este crimen: que una institución externa vigile el actuar de las policías y las fiscalías, ya que estas mismas autoridades son quienes cometen los actos de tortura y las que llevan a cabo las investigaciones, como juez y parte del problema.

“Mientras no tengamos un sistema que investigue de forma autónoma, estos delitos cometidos por servidores públicos no vamos a tener resultados. El hecho de que no exista esto implica que las fiscalías cuidan que esas investigaciones no avancen”, critica la abogada.

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