El Estado mexicano tiene un año para cumplir con la sentencia que le fue notificada este miércoles por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Foto: Archivo
El gobierno mexicano informó que analizará la sentencia emitida este miércoles por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que ordena adecuar el marco legal respecto a las figuras del arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa, dos instrumentos que han sido ampliamente usados en la estrategia de seguridad.
A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que le fue notificada la sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, emitida por la Corte IDH en relación con el caso García Rodríguez y otros vs. México.
El caso obedece a dos hombres que estuvieron sujetos a prisión preventiva durante 17 años sin que se dictara sentencia en el Estado de México, donde fueron acusados de asesinar a una regidora.
La Corte IDH estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia, en la que pide eliminar definitivamente del marco legal la figura del arraigo y regular el uso de la prisión preventiva oficiosa para evitar violaciones de derechos humanos.
Al respecto, el gobierno de México informó que “analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones para cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La notificación al Estado mexicano se dio a través de una audiencia en línea, en la que estuvieron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Consejo de la Judicatura Federal, y del Estado de México, el Poder Judicial local, la Fiscalía General de Justicia de ese estado, y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha descalificado los intentos por eliminar o limitar el uso de la prisión preventiva oficiosa en México. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió un proyecto que proponía eliminarla en 2022, acusó al Poder Judicial de favorecer a personas corruptas.
En México, la prisión preventiva oficiosa está regulada por el artículo 19 de la Constitución, el cual establece el catálogo de delitos por los que una persona deberá permanecer en prisión de forma automática, sin argumentación previa, al iniciar un proceso penal por delitos que van desde el robo a casa habitación hasta feminicidios y crimen organizado.
La prisión preventiva oficiosa afecta principalmente a personas pobres que no tienen acceso a una debida defensa, según datos citados en el pleno de la SCJN.
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La presentación será en la Explanada del Poliforum, el sábado 18 de mayo.