Aguascalientes: sin fiscalía para delitos contra la comunidad LGBT+ y discriminación extendida

En Aguascalientes, donde falleció le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, la mayoría de los habitantes percibe que los derechos de la comunidad LGBT+ no son respetados, mientras el gobierno no cuenta con una fiscalía especial para investigar los crímenes de odio contra este sector de la población.

Este lunes 13 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento de Baena Saucedo, la primera persona no binaria de México y de América Latina que se convirtió en magistrade de un Tribunal Electoral, en este caso el de Aguascalientes.

Su fallecimiento ha generado una gran conmoción y las exigencias de justicia no se han hecho esperar, sobre todo porque, un par de horas después de los hechos, la Fiscalía de Aguascalientes lanzó la hipótesis de que le magistrade murió por pelearse con una navaja con su pareja, quien también falleció en la casa del funcionarie.

Esta hipótesis de la Fiscalía, que no tiene una unidad especializada para investigar los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+, “es totalmente arbitraria y discriminatoria”, considera Wilfrido Salazar, integrante de la Comunidad para la Diversidad, los Derechos y la Ciudadanía (CODDEC) en el estado de Aguascalientes.

“Este y todos los asesinatos de las personas que pertenecemos al sector de la comunidad LGBT, en su amplia expresión, deben ser investigados con toda la rigurosidad y con toda la debida diligencia”, señala Salazar.

El activista reclama que la muerte de Baena Saucedo debe ser investigada bajo un protocolo de actuación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió para este tipo de casos, en los que no se puede dejar de lado el contexto en el que ocurre el crimen y la violencia que sufren les integrantes de la comunidad LGBT+.

En el caso de Aguascalientes, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde 1998, es un estado donde dos terceras partes de la población percibe que los derechos de la comunidad LGBT+ no son respetados, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis).

La Enadis, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que el 55% de los habitantes de Aguascalientes percibe que no se respetan los derechos de las personas gays y lesbianas. Además, el 61% de la población dice que no hay aceptación de quienes forman parte de la comunidad trans.

Este rechazo se ha reflejado en la negación de derechos, como el matrimonio igualitario que sigue prohibido en el Código Civil de Aguascalientes, a pesar de que en 2019 la Suprema Corte ordenó al Congreso local modificar ese marco normativo.

“Aquí en Aguascalientes ha habido oídos sordos por la principal fuerza política, que es el PAN, pero también en contubernio con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, lamenta Wilfrido Salazar.

El activista añade que en Aguascalientes las personas de la comunidad LGBT+ también deben tramitar amparos para lograr que una pareja del mismo sexo pueda dar sus dos apellidos a un hijo o una hija. Y la ley tampoco permite que las personas trans puedan cambiar sus nombres en sus actas de nacimiento, como ya ocurre en otras partes del país.

Los datos del Inegi arrojan luz sobre estos temas: el 45% de la población de Aguascalientes está en contra de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, mientras el 33% está en contra del matrimonio igualitario.

En Aguscalientes la negación de estos derechos civiles está acompañada de los retos que la comunidad LGBT+ tiene para acceder a la justicia, ya que la fiscalía estatal no cuenta con una oficina especial para investigar los crímenes de odio, como tampoco la hay en otros 21 estados de la República.

Apenas el 16 de julio de 2023, el asesinato del activista Ulises Nava dejó en evidencia los riesgos que la diversidad sexual y de género experimenta en Aguascalientes.

Es por eso que la sociedad en general pide que se investigue de forma adecuada la muerte del magistrade Ociel Baena, tomando en cuenta que se trataba de una persona no binaria y que era un defensore de derechos humanos, más allá de su cargo en el Tribunal Electoral de Aguascalientes.

“Se tiene que llegar a la verdad, esto no se tiene que cerrar por un tema de estereotipos o cerrar de manera pronta, se debe llegar hasta las últimas consecuencias de forma adecuada y precisa”, pide Wilfrido Salazar tras la muerte del magistrade.