El gobierno de AMLO gastó 15 veces más en deportar migrantes que en dar refugio

En los últimos cinco años, el Instituto Nacional de Migración (INM) gastó 3 mil millones de pesos para transportar a su país de origen a los migrantes que han sido detenidos en México y a los que han sido deportados desde Estados Unidos.

El INM adjudicó 13 contratos, entre 2019 y 2023, para que empresas trasladaran a los extranjeros sin documentos a sus países de origen, o para que estos fueran llevados a estaciones migratorias del sur de México, donde se agilizó su proceso de deportación. 

La compañía de camiones ETN, así como las aerolíneas Viva Aerobús y Magnicharters, son las empresas beneficiadas con los contratos, según los documentos que están disponibles en la página de Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

De los 13 contratos asignados para este fin, el INM adjudicó cinco mediante un proceso de licitación y ocho de forma directa.

El gasto que el gobierno federal realizó para transportar a los migrantes es 15 veces más grande que los recursos destinados en los últimos cinco años a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), una institución que da protección a los extranjeros que salen de sus países por la violencia generalizada o porque tienen el temor de ser perseguidos por su raza, religión, género, pertenencia a grupo social o sus opiniones políticas.

Entre 2019 y 2023 la Comar apenas recibió 206 millones de pesos mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, mientras que en ese mismo periodo atendió 487 mil solicitudes de refugio.

Andrés Ramírez, titular de la Comar, dijo a La-Lista en abril de 2023 que la institución no ha colapsado gracias a los apoyos que recibía de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el INM ha incrementado el gasto en la deportación de migrantes. En 2019 pagó 295 millones de pesos por los servicios de transporte de migrantes, mientras en 2022 esa cifra se triplicó a 933 millones de pesos.

En diciembre del año pasado la agencia AP informó que el INM suspendería los traslados y devoluciones de migrantes por la falta de recursos económicos. En 2023 esa dependencia hizo un último gasto de 830 millones de pesos para esta actividad.

Aunque en un principio el presidente López Obrador dijo que su gobierno tendría una política de brazos abiertos con los migrantes, la realidad es que en 2023 se rompió el récord de detenciones de extranjeros con más de 600 mil casos.

ETN es la empresa privada que ha obtenido el mayor beneficio económico de esta política. La compañía recibió mil 923 millones de pesos por parte del INM para trasladar en sus camiones a algunos de estos migrantes detenidos.

Expertos cuestionan política para deportar migrantes

Para especialistas del Colegio de la Frontera Norte (Colef), la política migratoria de López Obrador ha seguido la misma ruta que administraciones anteriores: más enfocada en la detención y sin un plan para mejorar la vida de los migrantes en México.

José Ramos, profesor del Colef, considera que el gobierno federal está perdiendo la oportunidad de implementar una política migratoria y de población más integral.

“Si esta población, quizá un 10% o un 15%, no pudo ingresar a Estados Unidos, ¿qué alternativas de emprendimiento, de innovación, de empleo se pudieron haber creado? Ahí se pudo haber hecho algo más importante, con una visión más integral, y no solo estar contabilizando cuántos migrantes entraron, salieron o fueron deportados”, dice Ramos.

Al inicio del sexenio, López Obrador ofreció a la población migrante quedarse en México para trabajar en la construcción de megaproyectos como el Tren Maya. De esa forma el presidente buscó frenar el flujo de extranjeros hacia Estados Unidos, aunque hasta ahora no hay información sobre la efectividad de esa estrategia.

Ramos indica que “ese tipo de programas no son un gran incentivo por la diferencia de salarios que existe entre los países (México y Estados Unidos)”, además de que no es una propuesta atractiva porque Joe Biden ha puesto en marcha un programa de “migración ordenada” que incluye, entre otras cosas, visas humanitarias, planes de reunificación familiar y protección temporal.

Oscar Rodríguez Chávez, profesor investigador del Colef, se suma a las críticas. Él opina que los 3 mil millones de pesos invertidos en el transporte de migrantes hacia sus países de origen son una muestra de la política de contención que ha desplegado el gobierno federal, como se hizo en sexenios pasados.

“La política migratoria de México ha sido similar a la de los otros sexenios y esta se ha alineado a la política migratoria de los Estados Unidos. A final de cuentas las leyes que se han implementado en nuestro país han servido como un ‘segundo muro’ para que los flujos migratorios tengan más dificultad para llegar a Estados Unidos”, lamenta Rodríguez Chávez.

La sombra de Estados Unidos sobre la política migratoria mexicana siempre ha estado presente durante este sexenio, especialmente desde mayo de 2019, cuando el expresidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 5% a todos los productos de nuestro país si el gobierno no se contenía el flujo de migrantes.

A partir de esa fecha el gobierno obradorista desplegó a la Guardia Nacional, una institución formada principalmente por personal militar, para detener el paso de los migrantes que buscan llegar a a la frontera norte de México.

Rodríguez Chávez cuestiona que la política de México y Estados Unidos ha sido reactiva. En cuanto el flujo de migrantes incrementa, ambos países optan por implementar leyes y tomar medidas dirigidas a la contención, en lugar de atacar los problemas sociales y económicos que generan que cientos de miles de personas salgan de sus países.

“El sistema implementado por México y Estados Unidos es obsoleto. Lejos de atacar las causas o tratar de reducir esas causas para disminuir los flujos, lo que tratan de hacer en contener y eso es como tener una ‘olla de presión'”, concluye el experto.