CNDH de Rosario Piedra marcada por sesgo, respaldo al poder y mala gestión: Centro Pro
La gestión de Rosario Piedra en la CNDH se caracterizó por un gran número de quejas y recomendaciones; sin embargo, destacó su actuar con sesgo y a favor del poder, según un informe del Centro Pro de derechos humanos.
La gestión de Rosario Piedra en la CNDH se caracterizó por un gran número de quejas y recomendaciones; sin embargo, destacó su actuar con sesgo y a favor del poder, según un informe del Centro Pro de derechos humanos.
Rosario Piedra Ibarra hizo varios compromisos en 2019 cuando asumió como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): entre otras cosas, prometió fortalecer el organismo y atender todos los casos de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, a cinco años de distancia, los resultados muestran que su gestión no solo fue omisa, sino que contribuyó al deterioro de la institución.
Así lo señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su informe “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024”, en el que se señalan distintos temas de interés público ante los que la institución “guardó silencio”, como la militarización de la seguridad pública, los megaproyectos en reservas naturales e indígenas, la política migratoria y los mensajes del expresidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la sociedad civil, los organismos autónomos, los periodistas, defensores de derechos humanos y hasta víctimas.
“Durante la gestión de la actual titular de la CNDH se materializó un deterioro institucional considerable, que ha colocado al organismo en el centro de cuestionamientos sobre su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo y el rol pasivo que ha jugado como institución nacional de derechos humanos frente a las problemáticas más apremiantes en este ámbito en México”, señala la organización civil en su informe.
En noviembre próximo, Rosario Piedra concluirá el periodo para el que fue designada, pero aún tiene la posibilidad de ser reelecta por otros cinco años. Ante este panorama, el Centro Prodh identifica las fallas institucionales en las que la ombudsperson ha incurrido.
Aumento de quejas y cierre de expedientes sin investigar
De 2020 a 2023 –periodo correspondiente a los informes anuales de actividades de la CNDH– las quejas en el organismo pasaron de 11 mil 387 a 19 mil 916, es decir, un aumento del 75%.
Las autoridades más señaladas en estas quejas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Bienestar (Bienestar), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En su análisis, el Centro Prodh encontró un patrón en el que predominó el cierre de expedientes de queja sin que se investigaran adecuadamente. Tal fue el caso del activista Raymundo Ramos, quien fue espiado por el Ejército a través del software Pegasus, pero solo bastó un informe de la Sedena negando los hechos para que en 2023 la CNDH diera por concluida la queja, argumentando que no se encontraron elementos de que el Ejército esté haciendo espionaje.
En lo que respecta a las recomendaciones, la CNDH emitió un total de mil 160, lo que supera a todas las administraciones anteriores del organismo; además, destaca que conforme transcurrieron los años aumentó el número de las mismas, al pasar 104 en el año 2020, a 371 en el 2023. Pero esta cifra no necesariamente se traduce en una gestión óptima, ya que el sesgo ocupó un lugar relevante este periodo.
“La actual CNDH se ha abstenido de emitir recomendaciones o pronunciarse frente a eventos de amplia trascendencia pública en los que miembros de la GN y la Sedena habrían cometido graves violaciones”, acusa el Centro Prodh.
En este sentido, menciona que hasta la fecha la CNDH no ha emitido un pronunciamiento sobre la ejecución extrajudicial de dos jóvenes en Ciudad Jiménez, Chihuahua, en enero de 2023, a manos de la Guardia Nacional; tampoco del asesinato de alrededor de 25 personas en La Concordia, Chiapas, en marzo de 2024; o respecto a las ejecuciones de las niñas Nahomi y Heidi, provocadas por disparos de las Fuerzas Armadas en San Luis Potosí y Tamaulipas, respectivamente. Solo por contar algunos casos.
Es decir, mientras la Guardia Nacional acumula mil 816 quejas en cuatro años, la CNDH solo le ha dirigido 13 recomendaciones. Mismo caso que con la Sedena, señalada en mil 664 quejas, pero con solo 26 recomendaciones.
“Destaca la posición del organismo frente a la militarización de la seguridad pública, sobre la cual ha sido notoria la posición institucional de respaldo a las políticas del gobierno que han profundizado la participación de agentes castrenses en tareas de seguridad ciudadana”, señala el Centro Prodh.
Acciones de inconstitucionalidad: contra las leyes estatales
Igual que con las recomendaciones, la CNDH de Rosario Piedra ha presumido de un alto número de acciones de inconstitucionalidad, pero destaca el hecho de que la mayoría de estas acciones se han presentado contra lesgislaciones estatales, y muy pocas contra las leyes federales.
Los principales temas que abordan estas acciones se relacionan con cuestiones administrativas de los estados y ayuntamientos, como el cobro de servicios públicos, disposiciones de las leyes de ingresos o recaudación fiscal.
En el ámbito federal, las acciones interpuestas son relativas a la falta de consulta previa de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; a la Ley Federal de Derechos de Autor; al Código Nacional de Procedimientos Penales; y a otras ocho leyes federales en materia de prisión preventiva oficiosa.
Por el contrario, en lo que respecta a las leyes de la Guardia Nacional y Seguridad Pública –que se consideran de mayor interés público que todas las anteriores– la CNDH ha volteado para el otro lado, decidiendo no presentar ninguna acción de inconstitucionalidad.
“La Comisión emitió pronunciamientos justificando su inacción y defendiendo las reformas replicando el mismo discurso del gobierno e ignorando los múltiples llamados de organismos internacionales que han advertido que tales reformas son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado mexicano”, puntualiza el Centro Prodh en su informe.
La organización civil refiere que incluso, en una clara falta de independencia y desconocimiento técnico del tema, Rosario Piedra afirmó que las leyes de la Guardia Nacional y Seguridad Pública eran constitucionales.
Polémicas y confrontaciones: la CNDH contra “opositores”
El Centro Prodh puntualiza que la estrategia de comunicación que implementó Rosario Piedra en la CNDH se enfocó en desacreditar a organismos autónomos, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles que fueron considerados “opositores” del gobierno de López Obrador.
En comunicados y posicionamientos, la ombudsperson no solo se dedicó a intentar “desmentir” a comunicadores, organizaciones civiles y organismos autónomos respecto a las políticas del gobierno, sino que mostró abiertamente su respaldo a las decisiones del Ejecutivo federal.
Además, empleó recursos públicos para abrir el portal “Mentiras sobre CNDH”, en el que responde a las críticas hechas a su gestión a modo de réplica con apoximadamente 234 “desmentidos”.
“La CNDH fungió en su actual presidencia como una caja de resonancia del discurso político del gobierno en turno y de respaldo público a políticas que contravienen los estándares en materia de derechos humanos (…) ya que han sido múltiples los comunicados de la ombudsperson con tinte partidista”, describe el informe.
El organismo público también intervino en las elecciones federales de 2024, cuando estableció un mecanismo de seguimiento al proceso electoral con la publicación del informe “Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia”, haciendo cuestionamientos solo a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, lo que le valió un procedimiento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Siendo un organismo público autónomo, la CNDH se sumó a la batalla que el presidente López Obrador emprendió en contra de otros órganos autónomos, como el INAI y el INE, acusándolos –bajo el mismo discurso oficialista– de pertenecer a “la burocracia dorada, alejada del pueblo y a sus intereses, que solo busca enriquecerse”, por lo que “esos organismos salen sobrando”.
En casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en el sexenio anterior, Rosario Piedra también ha publicado comunicados en los que exhime la responsabilidad de las autoridades, sin haber realizado una investigación exhaustiva en seguimiento a las quejas y mecanismos institucionales.
A esto se suma que, “de manera inaudita”, la actual presidencia de la CNDH abrió la confrontación con organismos internacionales, dirigiendo cuestionamientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA).
¿Qué pasó con el Consejo Consultivo y la autonomía?
De acuerdo con el Centro Pro, en la actual gestión de la CNDH el deterioro en los mecanismos y procesos de control, participación y toma de decisiones fue evidente.
En el análisis el centro de derechos humanos recuerda que Rosario Piedra fue designada sin poseer experiencia previa y pese a su cercanía y afinidad con Morena, pero destaca que el desgaste del organismo “se agravó con la ruptura con el Consejo Consultivo“, entidad de gobernanza interna reconocida en la Constitución Política.
El Consejo Consultivo debe integrarse por 10 personas, electas por el Senado, y ser presidido por la titular del organismo. Por ley, está facultado para establecer los lineamientos generales de actuación de la CNDH, aprobar el reglamento y normas internas, solicitar a la presidencia del organismo información adicional sobre los asuntos en trámite o resueltos, entre otras cuestiones.
Con la llegada de Rosario Piedra a la CNDH, algunos integrantes del Consejo acusaron que sus funciones estaban siendo obstaculizadas sistemáticamente, lo que derivó en las primeras cinco renuncias en 2019. En marzo de 2020 renunció otro consejero y para 2021 operaba con solo una persona.
A finales de 2021, se realizaron las nueve designaciones correspondientes, pero en 2022 volvieron a renunciaron dos consejeros y el resto de sus integrantes salió del Consejo en octubre de 2023. Estos últimos señalaron las mismas razones que los primeros: la presidenta de la CNDH no aceptaba sus consejos en procedimientos internos y la emisión de recomendaciones.
Al día de hoy no hay Consejo Consultivo, por lo que todas las decisiones de la Comisión recaen únicamente en Rosario Piedra y la Secretaría Ejecutiva. Y en lo que respecta a los exconsejeros, han denunciado públicamente ser víctimas de persecución y amenazas por parte de la presidencia de la CNDH.
Entre las decisiones que la CNDH ha tomado sin un Consejo Consultivo está la modificación de su reglamento, lo que le ha permitido reabrir para su revisión recomendaciones ya emitidas e integrar nuevas causales que le permitan cerrar el seguimiento a otras recomendaciones.
En 2023, la CNDH hizo pública una propuesta de reformas a la Constitución y a su propia Ley, una de las propuestas que se planteó fue el cambio de Comisión a “Defensoría”, con lo que se busca, principalmente, que la persona titular del organismo y los miembros del Consejo Consultivo no sean designados por el Poder Legislativo, sino por voto popular.
“Esto pese a que la elección por voto popular se aleja de los estándares internacionales que se decantan por designaciones parlamentarias y que se aseguren la idoneidad de quien ocupe el cargo”, explica el Centro Prodh.
También, se propone ampliar las facultades del órgano en materia electoral para tener la atribución de conocer e investigar casos sobre “actos u omisiones de autoridades electorales de carácter federal”.
Otra de las modificaciones que se plantea es respecto del acompañamiento a víctimas que brindan organizaciones de la sociedad civil. En la actualidad, por ley, las organizaciones pueden acudir ante el organismo para denunciar violaciones de derechos humanos respecto de personas que no puedan hacerlo directamente; pero la iniciativa establece que la Defensoría privilegiará “la atención directa a las víctimas, sin intermediarios”.
“La propuesta atenta contra los contrapesos internos (…) Y lejos de abonar a un fortalecimiento real de la institución, los cambios planteados irían en detrimento de una institución de por sí debilitada”, sentencia la organización civil.