‘Tenemos que resistir para no permitir que destruyan el sector de ciencia’: Gloria Soberón

Gloria Soberón trabaja con bacterias: es especialista en genética molecular e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Fue electa para ser una de las representantes de la comunidad científica ante la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Consejo de Aprobación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para el periodo 2018-2021.

Participó en el proceso de aprobación de la convocatoria de 2019 del SNI y en un par de reuniones más. Pero en 2020 pararon las invitaciones: dejó de ser convocada por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dirigido por María Elena Álvarez-Buylla. Aunque tenía que estar la aprobación de la convocatoria para ese año, no la invitaron ni a ninguno de los dos representantes más.

Hicieron esa convocatoria sin representantes del SNI, en una sesión que no era válida porque no estaba la representación ni fuimos convocados“, dice la doctora en entrevista para La-Lista. “(En la reunión del 8 de febrero) se aprobaron los términos de la nueva convocatoria y los nuevos miembros de las comisiones dictaminadoras”.

Luego la desconocieron de manera “oficial”. El Conacyt modificó su estatuto orgánico para impedir que las personas que tenían un litigio contra el consejo pudieran ser miembros de los comités evaluadores o de algún cuerpo colegiado. Soberón entraba en esa categoría: había firmado un amparo para solicitar que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico siguiera operando y recibiendo recursos. La hicieron a un lado.

En agosto de 2020, la científica promovió un juicio de amparo. El 9 de febrero pasado se le concedió favorablemente. El juez ordenó al Conacyt reconocerla como representante electa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 que prohibía a las personas que estaban en litigio formar parte de los comités, así como informar el nombre de las personas que fungieron como representantes de la comunidad mientras Soberón no participó en las reuniones.

Para la investigadora, la resolución es una avance pero la lucha sigue. “Tenemos que resistir para no permitir que destruyan el sector de ciencia, tecnología e innovación”. 

L-L: ¿Cuál podría ser el impacto para el Sistema Nacional de Investigadores de cómo se realizó la sesión del 8 de febrero de 2020?

Hay un impacto muy importante en cuanto a la falta de transparencia y de credibilidad, en el sentido de que no se han respetado y se han tomado decisiones oscuras. Eso, de alguna manera, mina la relación de confianza y de legalidad. Eso es una cosa muy importante porque, por ejemplo, en el proceso que se hizo cualquier persona que hubiera estado inconforme con los resultados hubiera podido ampararse, decir: ‘no valió la convocatoria’. 

Eso es muy grave y, como me había tocado a mí ser la representante electa, tenía la responsabilidad de informar a la comunidad que no nos habían convocado. Fue lo que también motivó que hiciera el amparo. 

Pero lo que es más preocupante es que eso fija el parámetro de cómo se toman las decisiones, por ejemplo, recientemente este año la doctora Álvarez Buylla dijo en Twitter que iba a refundar el Sistema Nacional de Investigadores. Sin ninguna consulta para nada. Y en un documento filtrado, esa refundación lo que hace es destruir, cambiar todas las áreas, los criterios de evaluación. En ese sentido, si no se han respetado las leyes para los procesos, ¿la renovación la va a hacer como quiera? ¿Vamos a dejar que tire todo lo que costado tantos años construir, como el criterio de evaluación con bases de transparencia y respeto a la calidad académica para que ella defina cuáles son las áreas para las que se convoca, cuáles son los criterios de evaluación, quiénes son los evaluadores? ¿Eso lo vamos a permitir? Pues no. 

Si dejamos pasar el precedente de que ya se hizo fuera de la legalidad la convocatoria 2020, entonces no tendríamos ningún argumento para decir que no siga haciendo su santa voluntad. No sólo es importante para terminar con el proceso que está mal de 2020, sino para establecer la relación que tiene que llevarse y el respeto, tiene que ser dentro del marco legal, no puede ser según su ocurrencia. No podemos permitir que eso sea así. 

L-L: Si esto sigue por el mismo camino, ¿cómo va a impactar en el quehacer científico a nivel nacional?

Eso es una cosa muy preocupante, es un atentado contra la inteligencia, contra la ciencia. En el momento en donde más se ve la necesidad de respetar y de fomentar la actividad científica se están tomando decisiones que, de alguna manera, coartan la libertad de investigación. Se hizo esa Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación para garantizar el acceso de la sociedad a los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación, eso está en la modificación del artículo 3 constitucional, pues ahora la propuesta que se ha hecho y está por turnarse a alguna de las Cámaras realmente centraliza todo el poder y toma una serie de medidas en donde la libertad de investigación se coarta y la autonomía. Estamos perdiendo lo que se había logrado en las últimas décadas. 

En la nueva ley de ciencia y tecnología no hay un apoyo a lo que se llama ciencia básica o ciencia por curiosidad, que eso es lo que da sustento a las aplicaciones posteriores. Es una pérdida para la sociedad, no es una agresión sólo para la comunidad científica. Se quitaron los fideicomisos y, en algunos de ellos, había recursos que habían sido recopilados por las propias instituciones, que no era dinero público que se había dado para la investigación. Se acabó todo esto de fomentar y financiar la investigación, es una cosa sistemática en donde están coartando las libertades y el financiamiento de la ciencia. 

Sí es una pelea que tenemos que dar, porque no podemos dejar que se destruya lo que tanto trabajo ha costado. 

L-L: ¿Y la comunidad científica está dispuesta a dar esta lucha?

Lo que pasa es que es muy difícil, porque han habido movilizaciones para distintas cosas, por ejemplo, para los fideicomisos pero no pasa nada, la gente está muy desgastada. Por otra parte está la situación de la pandemia, donde tampoco es fácil organizarse. 

Pero creo que han habido manifestaciones muy congruentes. Por ejemplo, la movilización que hubo cuando se hizo el parlamento abierto para el tema de los fideicomisos, donde se logró un acuerdo entre todos los partidos de que se iban a respetar los fideicomisos. La comunidad se volcó y ¿qué pasó? nos quitaron los fideicomisos porque así se había decidido. Sí es una cosa muy difícil, porque la gente está muy desgastada. Es muy difícil seguir luchando cuando no pasa nada. 

L-L: ¿Qué sigue después de la sentencia que otorgó el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, Gabriel Regis López?

Este amparo no está firme. Todavía puede haber una solicitud de modificación por parte de Conacyt –que puede ofrecer algunas evidencias para tratar de que cambie la resolución del juez– o también por parte mía, porque el juez no se manifestó acerca de todas las solicitudes que le hice. 

Me concedió todo aquello en lo que yo pedía que se me restituyeran los derechos. Sin embargo, también había solicitado que se reconociera el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la importancia de que existiera un órgano autónomo con representación de todos los sectores que participan, tanto de las universidades, las asociaciones, la red nacional de centros de investigación. Y ese es un órgano autónomo de Conacyt, entonces en mi calidad de representante de los investigadores ante la mesa directiva del foro pedí que se reconociera la importancia de que existiera. 

El juez no se manifestó en ese sentido, pero podría yo pedir una revisión para que se manifestara porque sí creo que es importante que haya una expresión judicial de que esto es importante que exista, en el sentido de que está la discusión legislativa de la nueva ley general. Estamos analizando con los abogados si los solicitamos o no antes de que el amparo quede firme.

L-L: El juez ordena al Conacyt reconocer su carácter como representante electa del SNI para el periodo 2018-2021. Entonces, ¿en adelante tendría que estar en todas las reuniones?

Sí, en el periodo en que yo tengo ese nombramiento.

L-L: Tras esta determinación del juez, ¿ha habido un acercamiento por parte del Conacyt?

No, ninguno. Durante todo este proceso, la única contestación fue la del doctor Mario De Leo.

L-L: La semana pasada se filtró el documento con cambios que el Conacyt podría implementar al Sistema Nacional de Investigadores. La dependencia no los ha confirmado, pero ¿cuáles son los puntos que más le preocupan por lo que podrían representar para la comunidad científica?

Me preocupa muchísimo que se haga una propuesta de refundación sin tomar en cuenta lo que ya existe y la opinión de la comunidad. Pero, además, en lo que se propone se quitan los candidatos a investigador nacional, que son los investigadores que están iniciando su carrera. Si se quita esta categoría, se trunca la posibilidad de los jóvenes que son la esperanza que tenemos. Se trunca a los candidatos, podría decirse: ‘bueno, lo que vamos a hacer es que los más jóvenes estén incluidos dentro del nivel 1’. Al hacer eso también se comete una injusticia, se tendría que abrir el abanico de tal manera que entonces se tendrían que relajar todos los criterios para el nivel !. Eso es muy grave. 

Además se pone una limitación en el sentido de que si el investigador tiene un estímulo económico, adicional a su sueldo, por parte de la institución en la que trabaja, entonces se le quita la posibilidad de recibir un apoyo en el Sistema Nacional de Investigadores. En cada una de las instituciones se tienen criterios de evaluación y premio a la productividad, esos criterios son independientes, entonces la evaluación del SNI interferiría. Se podría tener uno y no otro. Esto sería un atentado contra los ingresos de los propios investigadores

Otro aspecto muy grave es esta cuestión de que define que hay tres áreas: la de Ciencia de Frontera, la de Incidencia socio-ambiental y la de Desarrollo tecnológico. Toda la investigación la pone en esas tres áreas, ¿con qué criterios? ¿quiénes van a ser los evaluadores? Ignora toda la tradición de evaluación de cuestiones por pares que se ha hecho en las últimas décadas. En el marco de cómo ha ignorado a toda la comunidad, esa refundación que ella piensa hacer es un atentado, es una destrucción a lo que se ha hecho en las últimas décadas.

L-L: ¿El Sistema Nacional de Investigadores no requería ajustes, actualizaciones, mejoras?

No hay un sistema perfecto, pero es absurdo: acaba de hacer toda la modificación del estatuto para poder realizar ciertos cambios que fueron muy cuestionables, por ejemplo, quitar el área de biotecnología, hubo muchísimas objeciones. 

Estoy segura que si hicieran una auscultación en todo el sistema de los investigadores, se podrían mejorar algunas cosas. Lo que no pueden hacer es destruirlo como es costumbre últimamente. Eso es inadmisible. 

L-L: Con los cambios de los últimos meses, ¿hacía donde considera que va la política de ciencia, tecnología e innovación en México?

Lo que ha pasado es que tratan de destruir y denostar lo que había antes, dicen que se hacía en búsqueda de beneficios o con un criterio neoliberal, que es muy difícil de definir en ciencia. Muchísimos convenios que tenían las asociaciones internacionales se dejaron de pagar, se está haciendo una cuestión central manejada a un criterio que no entiendo. Lo único que podemos hacer es resistir, hacer uso de todas las leyes y todos los reglamentos que hemos construido para normar nuestra actividad y no movernos de eso. Si hacemos concesiones descritas como “pequeñas”, nos quitan todos los argumentos. 

Hay que apegarse a la legalidad y tenemos la vía judicial, que como se ha visto existe y puede uno buscar que no se permita la vulneración de los derechos. Tenemos que resistir para no permitir que destruyan el sector de ciencia, tecnología e innovación. 

L-L: ¿Cómo podría solucionarse esto? ¿Con un diálogo entre el Conacyt y la comunidad científica para llegar a un punto en común?

Eso hubiera sido un buen principio, pero creo que ya no estamos en ese caso. No veo que haya habido ninguna intención de diálogo, en esta administración no ha habido para nada un diálogo. 

Lo que tenemos que hacer es resistir y no permitir que se lleven a cabo las decisiones unilaterales que está tomando la doctora Álvarez-Buylla. Nosotros no podemos aceptar esa ley que está hecha sin ninguna técnica jurídica, donde se mencionan cosas que no tendrían que estar ahí y las que están vulneran la libertad de investigación. Tenemos que resistir para tratar de preservar la actividad científica que tenemos.