Han pasado siete años del derrame de metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi. Pobladores de la cuenca continúan pidiendo la reparación del daño.
El derrame ocurrió en agosto de 2014. Foto: PODER
La salud, el agua, medio ambiente y justicia son los derechos fundamentales que los Comités de la Cuenca del Río Sonora exigen a siete años del desastre ambiental más grande de México: el derrame de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México de 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014. Los desechos tóxicos vertidos equivalen a 2 millones de garrafones de agua.
Los Comités de la Cuenca del Río Sonora, integrados por pobladores de la zona, enlistan siete exigencias en su pronunciamiento con motivo del aniversario del derrame.
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Los Comités de la Cuenca del Río Sonora piden que las autoridades municipales, estatales y federales se coordinen para garantizarles el acceso al agua limpia y potable. “Hoy más que nunca sabemos que el valor de una minera, de una trasnacional, de un megaproyecto nunca superará el valor de tener agua limpia y salud para nuestras familias”, se lee en su pronunciamiento.
Los últimos análisis que realizó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 2019 revelaron que 60 pozos de agua contenían arsénico y plomo por arriba de la norma, por lo que habitantes exigen que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) garantice agua potable y la instalación de potabilizadoras que eliminan metales pesados.
En 2015, Grupo México y el gobierno federal, haciendo uso del fideicomiso designado para reparar el daño por el derrame, instalaron una planta potabilizadora de agua en el municipio de Bacanuchi, que dejó de funcionar en noviembre de 2016 por falta de mantenimiento. Los comités insisten en las nuevas potabilizadoras para limpiar el agua de los metales pesados. También piden que se termine la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), una clínica en el municipio de Ures para el tratamiento a los afectados por los metales pesados, que quedó en obra negra en 2015.
En 2015, el presidente del fideicomiso, Rodolfo Lacy Tamayo, anunció la conclusión de las acciones como parte del Plan de Remediación. Sin embargo, los Comités de la Cuenca del Río Sonora descubrieron que Grupo México solo limpió la zona de Cananea, donde se encuentra la minera Buenavista del Cobre. A seis años del anuncio, el resto del río no ha sido limpiado. Las comunidades piden que se cree otra estrategia que realmente remedie el daño.
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Los agricultores de la zona fueron afectados con la contaminación del río, ya que las cosechas se redujeron por la falta de agua para regar las milpas. Por este motivo, también exigen que se haga un análisis del daño a la agricultura y ganadería y proveer de de herramientas para sembrar de forma segura y sin contaminación.
Los Comités de la Cuenca del Río Sonora exigen la “reactivación del Fideicomiso para reparar los daños, con nuestra participación efectiva, sin intermediarios, con perspectiva de género, cuentas claras y transparencia en el uso de esos fondos”, ya que según la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), no se gastaron 800 millones de pesos de los 2 mil millones de pesos destinados a la remediación.
De acuerdo con informes de PODER, Grupo México solo ha tenido dos sanciones: dos clausuras totales y parciales de sus instalaciones, que realizó la Profepa, el 1 de septiembre de 2014 y que seis meses fueron levantadas; y una multa por 23 millones de pesos, la cual representa el 0.00016% de los ingresos de la empresa en 2015. Los pobladores de la cuenca piden que las sanciones sean equivalentes al daño y al ingreso económico de la empresa.
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