Siete años con metal en la sangre: Los estragos del derrame de Grupo México en el Río Sonora

El miércoles 6 de agosto de 2014, Paola jugaba en las aguas del Río Sonora. En el poblado de La Estancia, de apenas 100 habitantes que se dedican principalmente a la agricultura y a la ganadería, los niños acostumbraban a meterse al cauce del río en las tardes. Por la quietud de la corriente, era su pequeña alberca donde se refrescaban de las temperaturas de más de 40 grados habituales en el territorio sonorense, al norte del país.

Aquel fue el último día en que Paola pudo chapotear en el agua. Desde entonces, su cuerpo se contaminó con desechos tóxicos que la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó sobre los ríos Sonora y Bacanuchi. Las tardes en el agua fueron sustituidas por visitas al médico para tratar las llagas y los daños que le ocasionó la contaminación del río a ella y a miles de habitantes de la cuenca.

Cobre es lo que corre por la sangre de Paola, según los análisis que médicos le realizaron. Tiene 11 años y es delgada, de cabello rubio oscuro y ojos claros, como los de su mamá. Ella es la menor de los cuatro hijos de Antonia y la que más cuidados ha necesitado, pues al día siguiente de meterse al río ya tenía ronchas en el cuerpo que luego se convirtieron en llagas. Su prima, dos años mayor que ella, tiene el mismo padecimiento.

Hasta el 9 de agosto de 2014, tres días después de aquel miércoles, los habitantes de La Estancia, en el municipio de Aconchi, se enteraron que las reacciones de las niñas y otros pobladores más se debían a que el río había sido contaminado con concentraciones de metales pesados como cobre, aluminio, cromo, hierro, manganeso, arsénico, cadmio y plomo.

“A los tres días supimos que traía todo esto, en ese instante no supimos. Pero la niña al otro día ya amaneció llena de granos, yo la llevé al doctor, pensé que nomás por el agua sucia le había pasado. La empezaron a atender, pero supimos que (el río) traía todo eso y ya nos entró el miedo”, cuenta Antonia en el patio de su casa, a unos cuantos pasos del río.

El color del río cambió. Antonia recuerda que los vecinos describieron como “amarillento” y con un olor muy fuerte. Nunca imaginó que la razón fueran los 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado que se habían derramado al norte de la cuenca, en Cananea, que queda a dos horas y media de su vivienda, y donde se encuentra la minera Buenavista del Cobre. Mucho menos imaginó que eso le causaría a su hija problemas en la piel y una enfermedad hasta hoy le impide orinar hasta por dos días.

Antonia llevó a Paola al Centro de Salud de Aconchi, ahí la trataron con pomadas y cremas durante unos meses. Hasta que en octubre de 2014, la Secretaría de Salud anunció que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) comenzaría a funcionar en el municipio de Ures como parte de la reparación del daño para atender los pobladores afectados. En cada visita a la unidad, la madre gastaba 400 pesos en transporte, a veces tenía que pedir aventón para llegar.

“En Ures le pusieron cita y me dijeron cuándo le iban a hacer la biopsia, ese día nos fuimos ahí. Mi esposo ni trabajo tenía y conseguimos dinero y fuimos mi prima y yo con las niñas. Llegamos, tocamos y ya vimos que no (estaba la clínica)”, narra Antonia. “Todo el tiempo la llevábamos y hacíamos la lucha porque había veces que teníamos dinero y nos íbamos, de repente tenía cita y ya no estaban. Fuimos y ya no estaba la clínica. Ni nos avisaron ni nada”.

La clínica cerró inesperadamente en 2017. Los médicos se fueron de Ures y las personas afectadas por el derrame quedaron sin atención: con llagas, enfermedades crónicas de la piel y solo algunos análisis de sangre. En Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, el Centro de Salud que atendía a la población también dejó de funcionar aquel año.

Además de las personas que tocaron el agua, también resultaron afectadas quienes tomaron agua de pozos alimentados por el caudal del río. De acuerdo con el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), asociación que acompaña a las comunidades de la Cuenca del Río Sonora, 22 mil personas de siete municipios —Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures— fueron afectadas por el derrame. 

El derrame

El 10 de agosto de 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) restringió el paso y uso del agua del río, así como la de los 322 pozos que se encontraban a 500 metros del caudal. Buenavista del Cobre reconoció el derrame dos días después de esto y argumentó que el incidente se debió a “lluvias por arriba de la media”. La versión fue desmentida por la comisión y el 18 de agosto la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) presentó una denuncia contra quienes resultaran responsables.

Hoy, el derrame es considerado el peor desastre ambiental de la industria de la minería en México.

La Conagua realizó una serie de análisis en el río para determinar el daño. La resolución: la cantidad de metales pesados rebasaron los límites establecidos en la Norma Mexicana (NOM) 127-SSA1-1994. Esto no solo afectó la salud de los habitantes de la cuenca, sino que arruinó los plantíos de ajos, calabacín, chile y nuez, e impidió que las cabezas de ganado tomaran agua del cauce del río como antes.

Mientras la empresa y las instituciones federales resolvían la responsabilidad del derrame, Grupo México debía pagar la reparación del daño. El 15 de septiembre de 2014, la compañía y el gobierno federal crearon el Fideicomiso Río Sonora de 2 mil millones de pesos, que entre las acciones que consideraba estaba la creación de la clínica –esa que cerró en 2017–, que supuestamente operaría hasta 2029 para atender a los afectados. 

Los registros hasta agosto de 2015 indican que la Secretaría de Salud atendió a 360 afectados y dio 11 mil consultas, además realizó análisis de sangre a las personas intoxicadas. A Paola solo la atendieron dos años y le realizaron cuatro análisis de sangre. Fue atendida en una casona, en el pueblo de Ures, donde se improvisó la UVEAS mientras que a unas cuadras se construía la clínica. Cuando estaban por realizarle una biopsia a la menor, la unidad cerró y la construcción quedó en obra negra.

Actualmente en una esquina de una calle sin nombre, en Ures, se encuentra una construcción gris abandonada. Con el pasto y los árboles alrededor, es difícil saber de qué se trata, solo los pobladores de la zona saben que es el UVEAS, abandonado a finales de 2015. Dos años después, inesperadamente Grupo México y el gobierno federal cerraron el fideicomiso sin haber gastado 800 millones de pesos del presupuesto asignado.

Antonia y su hija mayor recuerdan que en La Estancia al menos 15 personas se metieron al río ese día, pero más de 50 fueron afectadas por tomar agua contaminada, pues hasta tres días después les dijeron que no podían acercarse al río ni tomar agua de los pozos. “Nunca nos dijeron nada, nomás que estaba sucia el agua y lo que traía. Sí nos explicaron hasta después que no nos metiéramos al río, y ya no los dejábamos ir, pero ¿ya que más no podía afectar? Si la niña ya se me había ido a meter”. 

El 29 de enero de 2015, Rodolfo Lacy Tamayo, presidente del fideicomiso, anunció la construcción de 36 plantas potabilizadoras que eliminan metales pesados. Dos años después los planes cambiaron: en 2017 las redujeron a 10. Y en 2019, el subdirector de Conagua, Víctor Alcocer, admitió que solo seis de ellas tienen capacidad para filtrar metales pesados. Dentro de las acciones de reparación del daño, también se instaló una planta potabilizadora de agua en Bacanuchi, la cual dejó de funcionar en noviembre de 2016 por falta de mantenimiento. 

De acuerdo con los Comités de la Cuenca del Río Sonora, el 34% del presupuesto se gastó directamente en las personas afectadas. A algunos, como a Antonia, les entregaron 15 mil pesos. “Pues eso sí, nos dieron pero poquito. Fueron 15 mil pesos una vez y no alcanza ni para el traslado, para nada alcanzaba, porque sí hubo veces que yo le compré medicamento a la niña: pomadas, para las infecciones, cremas para la piel, pero nunca nada para atacar el problema, solo era un calmante”, cuenta la madre, quien a veces hace tortillas por encargo para pagar los gastos de su casa.

El derrame cambió muchas de sus rutinas. Habitantes de la Cuenca del Río Sonora optaron por comprar agua purificada en garrafón, pues no confían en los pozos. Incluso, en diciembre de 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregó los resultados de muestreo de agua de 60 pozos y halló arsénico y plomo por arriba de la norma.

Antonia no tiene otra opción: toma agua del pozo que tiene cerca de su casa. Los garrafones de agua son muy caros. “Sí me da cosa que el pozo esté contaminado, pero ¿qué vamos a hacer? Aguantar. Mucha gente no toma el agua y nosotros sí. Y es mucho comprar tanto garrafón”, dice. Pero su principal preocupación es saber qué pasará con el tratamiento de Paola.

“Nos explicaron que a la niña, a todos los que tocaron el agua esa, que le podía afectar los órganos con el tiempo. Yo tengo miedo porque la niña tiene problemas para orinar, muchas veces dura todo el día y me dice: ‘Mamá, quiero hacer pipí y no puedo’. No puede. Hasta la meto en el agua, le doy lo que puedo para que orine y no. Ya la traté, la llevé y le hice análisis particulares y no le salió infección ni nada en la orina”.

Revivir el fideicomiso 

En 2019, los Comités de la Cuenca del Río Sonora interpusieron el amparo 640/2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la decisión de Grupo México en conjunto con el gobierno federal de cerrar el Fideicomiso Río Sonora. Parte de estos fondos estaban destinados a concluir la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), la clínica que donde se atenderían las personas enfermas por la contaminación, como Paola.

Un año después, los ministros de la Segunda Sala dejaron sin efecto la extinción de dicho fideicomiso, argumentando que se había violado el derecho a la participación al no consultar los afectados sobre la decisión de cerrar el fideicomiso. También dispuso que se realizara una reunión con los pobladores para proponer nuevas medidas de remediación.

Las reuniones se llevaron a cabo el 22 y 23 de mayo de 2021, con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Profepa, así como habitantes de Arizpe, Hermosillo, Huépac, San José de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Banámichi. Ahí, las autoridades explicaron que una de las razones que tuvieron para cerrar el fideicomiso fue la conclusión de que se alcanzó a remediar el daño, a pesar de que la UVEAS se encontraba en obra negra.

Tras la participación y exigencias de los habitantes, el 24 de mayo, la Semarnat informó en un comunicado que “con esta reunión pública se dio cumplimiento a la sentencia dictada por la SCJN, lo que se traduce como la activación del Fideicomiso Río Sonora, dejando sin efecto los actos de autoridad anteriores; además, se consideraron todas y cada una de las manifestaciones de los ciudadanos, extendiendo a 10 días hábiles la aportación de pruebas”.

En junio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan Integral para Cananea, el cual contempla atención médica solo para dicho municipio. “Los médicos que hagan falta se contratan, los medicamentos, la ampliación de hospitales, todo lo que se requiera en equipos, todo para tener un sistema de salud ejemplar en beneficio de la población de Cananea”, dijo el mandatario, acompañado de la gobernadora, Claudia Pavlovich, y del gobernador electo, Alfonso Durazo. Este plan no considera a los otros siete municipios afectados por el derrame.

Pero la contaminación aún está ahí. Desde dicembre de 2019, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Aguilar, aceptó que existen más de mil personas enfermas no reconocidas por la empresa Grupo México y, para el 26 de noviembre de 2020, la Cofepris envió una carta a los Comités de la Cuenca del Río Sonora, donde informó que, tras un nuevo muestreo en el agua, se halló arsénico y plomo: un riesgo para la salud de los habitantes de la cuenca.

Antonia y Paola esperan que los médicos que la trataron al inicio regresen. No solo por la menor, sino por las otras personas que estuvieron en contacto con el agua del río aquel miércoles 6 de agosto de 2014.