Que este padrón cuente con datos biométricos pone en riesgo la protección de datos personales, advierte el INAI.
Robo de identidad, compra-venta de bases de datos y riesgos para la seguridad de los usuarios son las principales preocupaciones sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM), recién aprobado por el Senado de la República.
Ante esta nueva base de datos, que estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y donde los concesionarios móviles deberán recabar la información, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ha advertido una serie de riesgos para la protección de los datos personales.
El PNUTM contendrá: número de línea de telefonía móvil; fecha y hora de activación de la línea telefónica móvil; nombre completo, denominación o razón social del usuario; nacionalidad; número de identificación oficial y Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea; datos biométricos del usuario; domicilio del usuario; datos del concesionario de telecomunicaciones; esquema de contratación de la línea; y avisos de actualización de información.
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Pese a que los legisladores han asegurado que será confidencial, el INAI ha señalado los riesgos latentes detrás de esta iniciativa, pues a través de un comunicado explicó que “cualquier afectación o vulneración de datos biométricos podría generar daños significativos de una difícil o imposible reparación. Por lo que se debe limitar al máximo la recolección de datos biométricos”.
La elaboración del Padrón debe hacerse con el mayor cuidado posible, pues los riesgos, de acuerdo con el organismo, son:
El caso del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) es un claro ejemplo de los riesgos que se corren con este nuevo Padrón, pues el programa creado en 2008, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, a dos meses de ser conformado se percataron que estaba disponible a la venta en internet. En 2011 fue eliminado.
Por lo que legisladores en contra del PNUTM señalaron que ni las autoridades ni los concesionarios en materia de telecomunicaciones están capacitados para manejar ese cantidad de información.
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