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Género

‘Ser mujer en Quintana Roo es estar condenada a una paraíso que huele a sangre’

Discrepancia en cifras de feminicidios y muertes violentas de mujeres; colectivas acusan que no son escuchadas y que han sido intimidadas por el congreso estatal.

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“Ser mujer en Quintana Roo es estar condenada a una paraíso que huele a sangre; ser mujer en Quintana Roo es armate para la guerra y la revolución para que tu hija no tenga que salir a las calles con ese temor que tú tienes; ser mujer en Quintana Roo es un destino que está sellado con la violencia feminicida, sexual y la que estamos sufriendo nosotras las defensoras de derechos humanos”, dice en entrevista con La-Lista Ariadne Song Anguas, activista y vocera del colectivo Xtabay, que pertenece a la Red Feminista Quintanoarrense. 

A partir del 27 de noviembre de 2020, las feministas tomaron el Congreso del Estado de Quintana Roo, ubicado en Chetumal. Días antes, algunas de ellas pidieron justicia por el feminicidio de Alexis en una marcha el 9 de noviembre pero fueron reprimidas por la policía que disparó “al aire” hiriendo a varias personas. “Pedimos justicia y nos recibieron con balas”, dijo la activista.

El gobernador Carlos Manuel Joaquín González se deslindó de la represión y separó de su cargo a Alberto Capella, quien era el secretario de seguridad pública del estado. Por su parte, la alcaldesa Mara Lezama cesó a Eduardo Santamaría, director de la policía de Benito Juárez, ayuntamiento donde se ubica Cancún.

“El pliego petitorio abarca 54 puntos y fue entregado el 16 de noviembre al poder ejecutivo, en presencia del diputado Gustavo Miranda, presidente de la Junta de Coordinación y Gobierno del estado de Quintana Roo. Son 10 acciones legislativas, entre ellas, la creación del tipo penal de transfeminicidio, feminicidio infantil, creación del padrón de agresores sexuales, ley 3 de 3 para que ningún violentados ocupe un puesto público, ley de autodefensa feminista para que se nos permita portar gas pimienta y teaser”, señaló Song Anguas.

En el estado, se reportaron 15 feminicidios en 2020 y 61 homicidios dolosos de mujeres (hasta noviembre de ese mismo año), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). La-Lista pidió vía transparencia información detallada sobre feminicidios y homicidios dolosos de mujeres de 2015 al 18 de noviembre de 2020, sin embargo, la fiscalía estatal sólo dio datos de 2019 y 2020. Las causas de muerte que señalaron en los feminicidios fueron asfixias, degollamiento, lesión por arma de fuego y traumatismos craneoencefálicos. 

El 7 de noviembre de 2020, se reportó como desaparecida a Bianca Alejandrina Lorezana Alvarado, conocida como Alexis, quien tenía 20 años. El 8 de noviembre se activó el Protocolo Alba para localizarla, ahí se indicó que vestía de negro y se le vio por última vez en Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo. El 9 de noviembre, la fiscalía estatal anunció que se inició una carpeta de investigación 11/6/2020 por feminicidio, esto tras encontrar el cuerpo de la joven “con claras huellas de violencia”, según un comunicado de prensa. 

La fiscalía estatal mencionó que en lo que iba del año, hasta ese momento, se habían registrado 12 feminicidios, de los cuales se resolvieron 9. “Por este delito 12 personas han sido detenidas y procesadas penalmente”.  El fiscal Oscar Montes de Oca Rosales dijo que no habría impunidad en el caso. El 16 de noviembre la fiscalía dijo que se puso a disposición de un juez de control a dos hombres por el caso de Alexis, estos poseían el celular de la joven, también indicó que otras tres personas estaban a disposición del Ministerio Público.

Foto: Marea Verde y Siempre Unidas

Uno de los casos de feminicidio que también indignó al estado fue el de Ana Gómez. Desapareció el 18 de diciembre y, de igual manera, se inició el Protocolo Alba, pero el cuerpo de la joven fue encontrado 10 días después en las inmediaciones del hotel Hard Rock Riviera Maya. La fiscalía indicó que se encontraron indicios y evidencias sobre el probable feminicida, quien fue identificado como prestador del servicio de seguridad de dicho hotel. 

Otros de los puntos que piden las feministas es la “Ley Ingrid” para no ser revictimizadas después de muertas, “que no tomen fotografías como en el caso de Alexis, que su familia se enteró a través de redes sociales que las partes de su cuerpo estaban en bolsas negras. Ley de acoso callejero porque las miradas lascivas y toqueteos parece que no son faltas al buen gobierno o la fiscalía no quiere tomar en cuenta tu denuncia, también estamos pidieidno la despenalización del aborto. Son 10 acciones legislativas que hasta ahorita el congreso de Quintana Roo se niega a legislar a favor del reconocimiento de todos los derechos para todas las mujeres”, señaló Ariadne Song Anguas.

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Durante la toma pacífica del Congreso estatal se han enfrentado al corte de agua y luz, esto pese a que el gobernador pidió que se restablecieran los servicios, pero el poder legislativo se negó. Esta situación en plena pandemia a causa de Covid-19, las pone en una situación de vulnerabilidad de contagio. También se han enfrentado a amenazas de uso de la fuerza para desalojarlas. Ningún legislador se ha acercado a dialogar con ellas sobre sus peticiones.

Números de feminicidios y muertes violentas no cuadran

La defensora de derechos humanos y periodista Graciela Machuca Martínez lleva desde hace 4 años un conteo hemerográfico de las muertes violentas de mujeres y feminicidios en el estado de Quintana Roo. Resaltó que hay discrepancias entre los números oficiales y entre los casos que ella ha registrado a través de notas de prensa.

Por ejemplo, comentó que en 2019 el SNSP registró 64 muertes violentas y ella 74, en cuanto a feminicidios el secretariado reportó 16 feminicidios y la activista detectó uno más. Hasta noviembre de 2020, el SNSP reportó 61 al igual que su registro respecto a muertes violentas, pero la dependencia reportó 13 feminicidios y Machuca Martínez contó 18.

“El problema es que se minimiza, ya que llegamos al grado de que el fiscal general (federal Alejandro) Gertz Manero quería no reconocer el feminicidio, entonces es una lucha muy seria la que nosotras como activistas tenemos de, ¿por qué no es feminicidio si fue encontrada con heridas infamantes, expuesta, si tiene parentesco con quien se señala como feminicida? Tenemos que agarrar cada caso y estarnos peleando con la fiscalía para que se reconozca como feminicidio”.

“No querían, por ningún motivo, que la Alerta de Violencia de Género se decretara por un gobierno priista que fue el gobierno saliente de Roberto Borge, pero tampoco por el gobierno entrante de Carlos Joaquín González (PAN-PRD), que actualmente es gobernador. No querían ninguno de los dos por cuidar la imagen del destino turístico, pero entonces ya vienen ahí nuestros registros que exhiben toda la violencia y que los obligan a dar respuesta más con estas acciones que se dieron cómo la del 09 de noviembre”, dijo Machuca Martínez, quien también es representante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Quintana Roo.

“El derecho a decidir de la mujer no se somete a consulta, es un tema de salud pública, sobre todo en esta pandemia del Covid-19, en donde si no te estabas muriendo no tenías acceso a la salud reproductiva y no tenías cita con tu ginecólogo por miedo a exponerte. Muchas mujeres quedaron embarazadas sin desearlo (…) Esto ya no se trata de aborto sí o aborto no, sino de aborto clandestino legal y esto va a seguir sucediendo y las mujeres vamos a seguir luchando”, contó la vocera del colectivo Xtabay. El congreso discutirá esto hasta abril.

Hubo 12 registros por aborto en la incidencia delictiva de 2020, según datos del SNSP. Por su parte, la fiscalía del estado respondió a un peticionario vía transparencia que había 147 denuncias contra mujeres por el delito de aborto de 2007 a 2019. Sin embargo, las mujeres que residen en Quintana Roo y tienen las posibilidades viajan a la Ciudad de México para practicarse un aborto. Un total de 77, se realizaron el procedimiento de 2016 a 2020, según datos sobre la Interrupción Legal del Embarazo de la Agencia Digital de Innovación Pública. 

Foto: Marea Verde y Siempre Unidas

“Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino”, dice el Código Penal de Quintana Roo en el artículo 92. La pena para las mujeres que procuren el aborto, que consientan a que otra persona la haga abortar o a quien haga a una mujer abortar, se les impondrán penas de seis meses a dos años de prisión. En el caso de que intervenga un médico, partero o enfermero se le suspenderá en el ejercicio de su profesión de dos a cinco años.

Pero en el mismo código se contempla como excepciones para que no sea punible el delito y éstas son cuando: sea resultado de una conducta culposa de la mujer, cuando sea resultado de una violación y que haya sido denunciada ante el Ministerio Público, cuando al menos dos médicos tengan la suposición de que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que den como resultado el nacimiento con trastornos físicos o mentale sgraves y cuando  un médico determine que peligra la vida de la mujer.   

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“Los efectos de la criminalización del aborto impactan no solo a quienes son procesadas penalmente por este delito, sino también a quienes cursan embarazos no deseados y deben elegir entre poner en riesgo su salud y su libertad mediante abortos fuera de la ley, modificar su proyecto de vida continuando un embarazo no deseado o bien, sufrir violencia institucional al acudir a las clínicas u hospitales a solicitar la interrupción del embarazo bajo alguna de las causales establecidas en las leyes”, indicó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) en su informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México.

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