Exigen que violencia sexual contra de indígenas argentinas se clasifique como crimen de odio
Mujeres indígenas Wichí y sus niños caminan en la provincia de Salta, Argentina. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

Ana* estaba camino a su casa de la escuela con su prima pequeña. “Ella logró escapar, pero yo no”, dijo ella, con voz temblorosa. “Me pusieron en un auto. Eran hombres blancos. Y me violaron”. 

La experiencia de Ana no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón terrible de violencia sexual brutal infligida en mujeres y niños indígenas en el norte de Argentina por hombres no indígenas, frecuentemente en grupos. 

Las activistas la describen como una práctica racista que data de la conquista de América. Ahora demandan que se clasifique como un crimen de odio específico, doblemente agravado por las bases de raza y género. “Desde la conquista, las mujeres somos las primeras víctimas”, dijo Octorina Zamora, una activista Wichí por los derechos de las mujeres indígenas. 

A los ataques, que predominan en las provincias Salta y Chaco del norte de Argentina, a veces les llaman “chineo”, aunque algunos activistas dicen que el término es racista porque viene de “china”, un término de jerga para las mujeres indígenas. 

Alina* una mujer Wichí de una región remota del norte de Salta, se ha encontrado con al menos cuatro casos, incluida una víctima que tenía solo cuatro años. 

“A veces por el temor, a veces porque la persona que lo hizo las amenaza, ellas no dicen lo que pasó”, dijo ella. “Pero somos madres. Hablamos con ellas, y ellas nos dicen”. 

Es imposible decir qué tan comunes son esos ataques porque muchas víctimas no hablan por el trauma, la vergüenza y el temor a las represalias. Pero el abuso sexual es un problema grande en la región. Un reporte de 2016 de UNICEF encontró que la proporción de bebés que nacen de madres adolescentes era sustancialmente más alto que el promedio nacional en las provincias del norte, con más del 20% en algunos lugares. 

Los indígenas componen el 2.4% de la población de Argentina, y se enfrentan a muchos problemas de discriminación, negligencia, hambre y pobreza desesperada. 

La comunidad de Alina es un grupo de casas pequeñas hechas de arcilla, láminas de metal y lonas. Muchas mujeres no hablan español y no tienen medios de transporte hacia el pueblo más cercano. 

Los atacantes suelen estar en una posición de poder económico sobre las víctimas y sus familias, a veces les ofrecen comida o dinero después del ataque. “Para reportar a alguien que tiene dinero, no puedes hacer eso”, dijo Alina. 

Zamora dijo que a las organizaciones de mujeres y a las instituciones estatales que se supone que deben ayudar a las víctimas les falta comprender las realidades de las indígenas. “Solo nos dicen que llamemos al 911, como en la ciudad, pero ni siquiera tenemos teléfonos”, dijo ella. Zamora enfatizó que el abuso sexual también ocurre dentro de la comunidad. 

IMAGEN

Ella cree que la consciencia sobre el problema comienza a crecer. En 2015, un grupo de hombres no indígenas violaron a una niña Wichí de 12 años con problemas de aprendizaje y el caso llegó a los titulares cuando emergió que ella estaba embarazada. En un fallo referente en febrero de 2019, seis hombres fueron sentenciados a 17 años en prisión por el ataque. 

Activistas del movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir lanzaron #BastadeChineo, una campaña para terminar con la práctica en 2019. Las mujeres compilaron las historias de Ana y otros sobrevivientes anónimamente, con la esperanza de que crear consciencia sobre sus experiencias incitaría a las autoridades a tomar acción. 

“Es la historia de las niñas indígenas en el norte y como este sistema patriarcal, racista, machista y colonial sigue exterminando, sigue violando al mundo indígena”, dijo Juana Antieco, una activista Mapuche-Tehuelche del grupo. “Porque desafortunadamente la conquista no ha terminado”. 

Las activistas piden que el gobierno de Argentina incorpore la violación de niños y mujeres indígenas al código penal como un crimen de odio agravado. 

Modificar el código penal para asegurar sentencias más duras para este tipo de crimen requeriría que un proyecto de ley pase por el congreso. Gustavo Farquharson, delegado provincial de Salta para la agencia antidiscriminación del estado, Inadi, dijo que se hicieron modificaciones similares en el pasado para reconocer el feminicidio, pero que el proceso es lento.

Y para las comunidades indígenas, la necesidad de acción es urgente. “Muchas mujeres y niñas viven en peligro constante de ser abusadas y asesinadas”, dijo Farquharson. 

Zamora cree que se necesitan más recursos y apoyo para educar y entrenar a mujeres indígenas sobre sus derechos, para que puedan apelar por ellas mismas. “La violación rompe a una mujer espiritualmente”, dijo ella. “Es muy duro recuperarse de eso. O nunca te recuperas”. 

Síguenos en

Google News
Flipboard