Transfeminicidio en México: congresos locales obstaculizan la tipificación
Hasta ahora, el delito de transfeminicidio solo es reconocido en Nayarit; mientras que en la CDMX se ha intentado legislar desde 2021. Activistas trans exigen su tipificación y explican qué ha complicado que el tema avance o llegue a los congresos estatales.
Hasta ahora, el delito de transfeminicidio solo es reconocido en Nayarit; mientras que en la CDMX se ha intentado legislar desde 2021. Activistas trans exigen su tipificación y explican qué ha complicado que el tema avance o llegue a los congresos estatales.
Kenia, Samantha, Vanessa, Debanny y Alondra son mujeres trans asesinadas en México en lo que va de 2024, pero no son las únicas. Organizaciones civiles han documentado al menos 29 transfeminicidios en todo el país en los primeros seis meses del año; la mayoría cometidos en la Ciudad de México.
La estadística parece ser mucho menor si se compara con los 331 feminicidios y los 10 mil 603 homicidios dolosos registrados de enero a mayo de 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Quizás por eso la clase política, en especial los congresos locales, no tienen urgencia en atender el tema y en tipificar este crimen de odio, o al menos así lo perciben activistas por los derechos de las personas trans.
“Pareciera que para ellos no resulta un asunto de gravedad. Solo en la Ciudad de México han sucedido ocho transfeminicidios en lo que va del año, y he escuchado muchos comentarios acerca de que ‘son bien poquitos’, en comparación a las millones de personas ciudadanas. Esa perspectiva hace parecer que no es una problemática real”, dice a La-Lista Victoria Sámano, activista trans y fundadora de la organización civil Lleca, Escuchando la Calle.
Y al respecto responde que efectivamente las personas trans no representan un número enorme, pero alerta que por eso “la cifra de transfeminicidios es tan escandalosa”. Sámano defiende su derecho y el de sus compañeras a existir y lanza la consigna “nuestras vidas importan”.
En México, se estima que el 55% de las víctimas de crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ son mujeres trans, según un informe de la organización civil Letra S. Asimismo, refiere que la tasa de homicidios de mujeres trans (15 por cada 100 mil habitantes) es mayor a la de mujeres cisgénero (seis por cada 100 mil habitantes).
El pasado 13 de junio, Victoria Sámano encabezó una marcha hacia el Congreso de la Ciudad de México, donde familiares de víctimas y personas de la comunidad LGBT+ –sobre todo mujeres trans trabajadoras sexuales– exigieron que el transfeminicidio sea tipificado como un delito, que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y que haya un plan para erradicar las causas de esta violencia.
La tipificación del transfeminicidio en la Ciudad de México es una promesa que no se cumple desde 2021, cuando la iniciativa de la llamada “Ley Paola Buenrostro” llegó por primera vez al Congreso local. Desde entonces, la discusión de esta legislación se ha pospuesto en dos ocasiones.
Ante las movilizaciones recientes de los colectivos LGBT+, el Congreso capitalino se comprometió a aprobar la ley el próximo 18 de julio. Ley que lleva el nombre de una mujer trans asesinada en la Ciudad de México en 2016, cuyo caso fue reconocido formalmente como la primera víctima de transfeminicidio en México, lo que abrió paso a la oportunidad de tipificar el delito.
Sin embargo, si la discusión se ha congelado y pospuesto en la capital del país, en los estados de la República es aún más complejo.
Para Romina Rosales, activista trans en Puebla, la “Ley Paola Buenrostro” se siente todavía más lejana en su estado debido a los grupos políticos “abiertamente transfóbicos” que operan en la entidad. La activista reconoce que aunque han habido varios esfuerzos legislativos, el Congreso local no ha aprobado ni la Ley General Trans, con la que se busca garantizar una serie de derechos para esta comunidad.
“En Puebla faltan voluntades por muchas situaciones, desde los partidos, especialmente Morena, que tiene muchos perfiles tradicionalistas, hasta la falta de representación de las personas de la diversidad en el Congreso. En esta elección se postularon muchos perfiles que no son de la comunidad y no han trabajado por la comunidad. Honestamente, no veo que en esta legislatura que va a entrar se pueda tocar el tema de la tipificación del transfeminicidio, entre otros temas de las libertades y la diversidad”, lamenta Rosales.
La activista subraya que la tipificación implicaría no solo una esperanza de justicia para las víctimas, sino el reconocimiento a su existencia que tanto les han negado diversos sectores de la sociedad, los cuales les violentan al invisibilizarlos.
“La tipificación de los transfeminicidios significaría un avance importante, en primer lugar para reconocernos, porque algo que no se nombra no existe. Agregar la palabra ‘transfeminicidio’ a las leyes y códigos penales nos nombra, y eso ayudaría a hacer un catálogo con pasos a seguir para la investigación. Es el primer paso para poder hacer frente a los crímenes de odio”.
Ainara Villanueva, activista trans e integrante de la organización civil Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay, coincide en que el panorama en la Ciudad de México parece más alentador que en el resto del país, pero señala que, en general, el principal obstáculo es la transfobia que se expresa desde los grupos de poder.
A diferencia de Sámano, ella percibe que el grupo de personas trans podría ser mucho más numeroso de lo que se piensa y destaca que la ignorancia y el rechazo que predomina en la clase política impiden leyes para todos y todas.
“No considero que seamos un grupo minoritario, más bien creo que las personas que somos visibles somos muy pocas, pero pienso que somos muchas más de las que se cree o de las que se tiene registro. En los congresos permea la transfobia y la desinformación, pero eso no puede ser un motivo para que se tarden en legislar”, expresa Ainara.
Sin embargo, pese a la resistencia o el desinterés que existe en torno al tema, en el escenario nacional existe un Congreso local que ya marcó la diferencia, se trata del de Nayarit que sentó un precedente para el resto del país el pasado 3 de marzo, cuando se convirtió en el primer estado en tipificar el delito de transfeminicidio bajo el nombre de “Ley Paola Buenrostro”.
El camino para la tipificación no es sencillo y para muestra de ello está el propio feminicidio. En 1993 comenzó a hablarse de este delito a partir de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero fue hasta 2012 que se incluyó en el Código Penal Federal. Y aún con la existencia de un tipo penal, muchos feminicidios siguen sin reconocerse y se catalogan como homicidios.
Los transfeminicidios sí son feminicidios
El pasado 28 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los asesinatos de mujeres trans deben ser reconocidos e investigados como feminicidios, toda vez que las leyes para prevenir, erradicar y sancionar los feminicidios no especifican que dicho delito es propio de mujeres cisgénero (cuando la identidad de género y el sexo asignado al nacer son coincidentes).
Además, reconoció que los asesinatos de mujeres trans son producto de la violencia estructural y sistemática por razones de libertad de género. Así, determinó que los transfeminicidios sí son feminicidios y deben investigarse como tal.
“La ley (sobre feminicidios) no realiza una distinción expresa en el sentido de que solo es aplicable a las mujeres cisgénero, de tal manera que es posible concluir que la totalidad de su contenido es aplicable también a las mujeres transgénero y transexuales”, puntualizó la Corte en el proyecto aprobado por unanimidad. 
El fallo de la SCJN se dio a favor de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, que presentó una acción de inconstitucionalidad en la que acusó a autoridades locales de clasificar los asesinatos de mujeres trans como homicidios. Sin embargo, pese a la resolución, la tipificación sigue pendiente en el estado.
“Estamos hablando de mujeres trans que también son mujeres, y que también les atraviesan las mismas violencias que a las mujeres víctimas de feminicidio: son asesinadas por razón de género, por el odio, la misoginia y el sexismo”, enfatiza Victoria Sámano.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respaldó el fallo de la Corte y señaló que aunque antes sostenía que no era necesario recurrir a un tipo penal del transfeminicidio para los casos de mujeres trans, ahora reconoce la necesidad de tipificar ante la falta de la perspectiva de género en las investigaciones. En este sentido, instó a todos los estados a aplicar los protocolos de feminicidio en los asesinatos violentos de mujeres trans.
Ainara Villanueva expone que, si el feminicidio de mujeres cisgénero tiene una amplia diferencia con los homicidios, las causas de los crímenes contra mujeres trans se acentúan todavía más: “a las mujeres nos matan por ser mujeres, y a las mujeres trans nos matan porque no aceptan la identidad de nuestra expresión de genero”.
Romina Rosales destaca el hecho de que la iniciativa de la “Ley Paola Buenrostro” en la CDMX no sustituye el término “feminicidio” por “transfeminicidio”, sino que agrega este último, de manera que se reconoce que las mujeres trans viven las particularidades de la violencia machista en razón de identidad y expresión de género.
“Eso ayudaría también a poder categorizar los casos, a que se clasifiquen e investiguen bajo esta perspectiva de género. Sin duda, la tipificación será una forma de poder enfrentar este tipo de crímenes de odio. Es necesario sumar a las víctimas trans en las estadísticas por feminicidios y transfeminicidio”, indica.
Falta de estadísticas y otros obstáculos
Brenda García sale a la calle con miedo de no volver a su casa. Día a día debe cuidarse de quienes la rodean, de cómo la miran y de cómo se acercan a ella. Siente desconfianza de quien camina muy cerca en la banqueta y también de los hombres reunidos y que le hacen mofa o burla.
En especial, dice, “evita a la autoridad que no le genera paz y por el contrario incurre en acoso o discriminación”, cuando pide ayuda. Brenda vive en Ciudad de México y es una mujer trans…
En el país no existen estadísticas oficiales sobre la incidencia y las características de los transfeminicidios. Los datos que hay disponibles son recolectados por organizaciones civiles a partir de reportes en la prensa o de denuncias de familiares y amigos de las víctimas.
La falta de información oficial que nos muestre cómo han aumentado los transfeminicidios y en qué regiones del país se concentran más casos representa un problema para la atención, prevención y erradicación del problema, que requiere de una política pública integral.
“No tenemos fiscalías especializadas en todo el país para poder registrar, contabilizar y dar seguimiento a cada uno de los transfeminicidios, por eso es que las cifras no son certeras. Creemos que a finales de año habrá cientos de transfeminicidios, incluyendo aquellos que no se visibilizan, y los de aquellas víctimas a las que no se les reconoce su identidad de género y las catalogan en homicidios, pero no podremos prevenirlo porque no hay una estadística oficial”, agrega Sámano.
Además, los casos de transfeminicidios presentan otras particularidades que hacen que su tipificación sea más complicada, como la falta del reconocimiento legal de las identidades en sus documentos oficiales, razón por lo que las víctimas pueden llegar a ser registradas como “desconocidas” o con el sexo que se les asignó al nacer.
“En México sigue siendo muy difícil realizar los tramites para el cambio de identidad de género. Entonces es probable que los registros de las víctimas de transfeminicidio no coincidan con su identidad de género. A esto se suma la falta de capacitación en ministerios públicos, hospitales y tribunales. Todo eso conlleva a deficiencias, a que no se investiguen nuestros crímenes como lo que son, y a que no podamos avanzar en la tipificación”, dice Romina Rosales.
Ainara Villanueva menciona que los principales obstáculos para la tipificación son la transfobia, los discursos de odio y la falta de sensibilización sobre las identidades de género y advierte que el asunto llega aún más lejos, ya que no solo se trata de los representantes populares.
“El espacio que se le ha dado a los discursos de odio son demasiados en comparación a los espacios que se abren para informar y sensibilizar. La sensibilización no solo es con los políticos que hacen las leyes, es un asunto cultural”, expresa.
En este sentido, Brenda García recuerda que “las hermanas que trabajan en el sexoservicio son ignoradas y segregadas por las ministerios públicos, directamente por el oficio que ejercen” y exige que los crímenes de los que son víctimas se indaguen con seriedad y profesionalismo.
Mientras que Victoria Sámano agrega que otro factor que impide las nuevas legislaciones son los grupos de feministas radicales que tienen ideas que violentan a las mujeres trans y que empujan la hipótesis de que el feminicidio no puede incluirlas a ellas bajo la “falsa idea del borrado de mujeres”.
No basta con tipificar
Aunque las activistas trans coinciden en que la tipificación del delito de transfeminicidio será un paso importante para reconocer estos crímenes y a las identidades de género, precisan que todavía hay mucho por hacer.
Ainara Villanueva manifiesta que la tipificación debe venir acompañada de un plan de sensibilización para las personas y servidores públicos. De lo contrario, apunta, la ley podría ser contraproducente y repercutir en más agresiones hacia las personas trans.
Romina Rosales plantea que también deben implementarse otras acciones, como sanciones tangibles para los funcionarios que emitan expresiones de odio y transfóbicas, porque “no basta con que los registren como agresores, deben ser sancionados con su cargo público”, señala.
Y finalmente, para Victoria Sámano, la solución a los transfeminicidios también debe ser estructural, es decir, “que se reconozcan las identidades de género en todos los niveles de gobierno, de modo que se empiece a borrar un poquito esta violencia, y a reducir las brechas de desigualdad en la población trans, sobre todo en las mujeres”.
Las activistas concluyen que, en tanto no haya una tipificación del delito de transfeminicidio y una política pública integral para atender el problema, México corre el riesgo de seguir ocupando el segundo lugar en el mundo en crímenes de odio, solo por debajo de Brasil.
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