Un total de 26 países, entre los que no está México, se unieron a la OEA para pedir la liberación, así como solicitar que Nicaragua asegure elecciones libres y transparentes.
EFE/ Lenin Nolly
EFE.- A pesar de sus diferencias sobre la situación de Nicaragua, una amplia mayoría compuesta por 26 países se unió en la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, la liberación “inmediata” de los aspirantes presidenciales detenidos.
La OEA aprobó una resolución que, sin mencionar a Ortega por su nombre, pide “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”.
La iniciativa, impulsada por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, superó sin problema la barrera de 18 votos que necesitaba para ser aprobada al recibir el respaldo de 26 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).
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En contra votaron la propia Nicaragua, el gobierno izquierdista del presidente boliviano, Luis Arce, y San Vicente y las Granadinas, aliado de Caracas.
Además, se abstuvieron cinco países: Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina.
El texto de la resolución consta de cuatro puntos. El más importante es el que resuelve condenar “inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias” impuestas a los aspirantes presidenciales, partidos políticos y medios de comunicación en Nicaragua.
Ese punto es una reacción directa a la detención este fin de semana de seis disidentes sandinistas, incluidos los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, y del exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.
Además, la Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro del presidente Ortega, mantiene bajo arresto a cuatro precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García.
En segundo lugar, la resolución expresa la “grave preocupación” de la OEA por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no ha implementado reformas electorales destinadas a garantizar unos comicios “libres” y “justos” el 7 de noviembre, en los que Ortega buscará su tercera reelección consecutiva.
Asimismo, la resolución urge “enérgicamente” al gobierno de Nicaragua a implementar “sin demora” medidas para garantizar unos comicios transparentes y pide que se permita la observación electoral independiente de la OEA y de otros países.
Por último, las 26 naciones que votaron a favor del proyecto acordaron seguir de cerca el proceso electoral en Nicaragua para su “posible” presentación ante la Asamblea General, el foro político más importante de la OEA que reúne a los cancilleres de todos los Estados miembros.
En respuesta a la resolución, el embajador nicaragüense ante la OEA, Luis Alvarado, expresó su rechazo a que se trate en un foro internacional el proceso electoral de su país, que considera un asunto interno.
Por ello, avisó que el gobierno de Ortega no reconoce la legitimidad de la resolución y rechaza cualquier “intromisión” de la OEA por considerar que actúa bajo las órdenes de Washington.
“Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General, en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua, y la de otros Estados Miembros de la Organización”, arremetió Alvarado, que interrumpió varias veces la sesión para expresar su desacuerdo.
El gobierno de Ortega mantiene una relación muy conflictiva con la OEA y con su secretario general, Luis Almagro, quien en enero de 2019 inició el proceso para aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, que podría abrir la puerta a su suspensión del organismo.
Ese proceso apenas ha avanzado desde su comienzo hace más de dos años porque es necesario aglutinar una amplia mayoría de dos tercios de los Estados miembros y muchos de ellos temían que la suspensión de Nicaragua sirviera para cerrar la puerta a la diplomacia, tal y como ocurrió con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
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Sin embargo, las medidas que Ortega ha adoptado en las últimas semanas, incluida la detención de aspirantes presidenciales, ha reavivado el debate sobre la posibilidad de suspender a Nicaragua, dijo a Efe una fuente diplomática.
La suspensión es la mayor sanción de la que dispone la OEA y que, en sus 70 años de historia, solo ha aplicado a dos países: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente, y Cuba, en 1959 tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro y en medio de la Guerra Fría.
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