Juez echa atrás los preparativos del gobierno de Biden contra el Título 42

Un juez federal de Luisiana, Robert Summerhays, bloqueó temporalmente los preparativos del gobierno de Joe Biden para acabar con el Título 42, el próximo 23 de mayo, la norma por la que Estados Unidos ha expulsado a migrantes indocumentados durante la pandemia.

Summerhays determinó que el gobierno debe suspender inmediatamente y durante 14 días sus preparativos para levantar esa polémica norma migratoria y fijó para el 13 de mayo una audiencia en la que podría tomar una decisión definitiva sobre el futuro del Título 42.

El magistrado emitió su fallo como respuesta a la demanda que presentaron los líderes republicanos de 21 estados, como Arizona, Luisiana y Misuri, para frenar el plan de la Casa Blanca sobre esa norma.

El Título 42 es una medida amparada en la pandemia que impusieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en 2020, durante el mandato de Trump, y que ha continuado bajo Biden.

La medida implica que Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a su frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

A principios de abril, los CDC anunciaron que el 23 de mayo levantarían esa medida, lo que alivió a las organizaciones de derechos humanos que la habían criticado.

Biden presentó este martes 26 de abril un plan de seis puntos para reforzar la frontera con México con 600 efectivos adicionales para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

El juez ya había anunciado el lunes que tenía intención de bloquear temporalmente el levantamiento del Título 42 y dijo que las partes deberán reunirse para negociar el impacto de esa suspensión.

Es posible que eso signifique que el Título 42 deba seguir en vigor mientras continúe el litigio de los estados conservadores contra el gobierno de Biden, pero todavía no está claro.

Desde que comenzó a implementarse en marzo de 2020, Estados Unidos ha recurrido al Título 42 más de 1.8 millones de veces para expulsar a migrantes indocumentados a México o sus países de origen sin permitirles solicitar asilo, según datos gubernamentales.

Con información de EFE.