Fiscalía de Perú ratifica su petición de más de 30 años de cárcel para Keiko Fujimori
Fiscalía solicita prisión por 30 años para Fujimori por delitos relacionados con la financiación ilegal de sus campañas.
Un fiscal solicitó 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko Fujimori por delitos relacionados con la financiación ilegal de sus campañas electorales.
El fiscal peruano de anticorrupción José Domingo Pérez ratificó este martes ante un tribunal su petición para que la líder política Keiko Fujimori sea condenada a 30 años y 10 meses de cárcel por cuatro delitos presuntamente cometidos durante la financiación de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
“En total, la pena concreta de cárcel solicitada para la acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi es de 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad, 730 días de multa e inhabilitación de 15 años y 5 meses”, detalló Pérez durante la reanudación de las audiencias del juicio oral que sigue el Tercer Juzgado Penal Nacional contra la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y otras 45 personas, entre las que se encuentra Mark Vito, su marido.
Al momento de especificar la acusación y la pena para cada imputado, el fiscal consideró que Fujimori debe ser condenada por el delito de organización criminal, en calidad de líder, por dolo directo y como autor directo, y por el delito de lavado de activos agravado, con autoría mediata (dominio del hecho) y material.
Además, por el delito de obstrucción a la justicia agravado y por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.
Durante la audiencia, a la que no asistió Fujimori pero sí su abogada, Giulliana Loza, el fiscal calificó al partido de la líder política, Fuerza Popular, como una “organización criminal” que, según dijo, buscó “desarrollar su actividad criminal, pero sin ser sancionado”.
“Están buscando impunidad, lo que establece la naturaleza propia de esta clase de organizaciones criminales que se llevan a los tribunales. Hay planificación, pero también hay ejecución”, acotó.
El juicio oral contra Fujimori y otros acusados fue instalado el pasado 1 de julio, luego de que el Tercer Juzgado Penal declaró improcedente la petición de varios abogados defensores para que ordene la nulidad del proceso.
El tribunal enfatizó que a lo largo del juicio controlará las pruebas admitidas y va “a ser exigente” con que la Fiscalía “debe señalar el marco fáctico por imputado”.
El Poder Judicial precisó que, en total, son 46 acusados por este caso, a los que la Fiscalía atribuye la supuesta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.
Según el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, los presuntos aportes ilegales recibidos por el partido de Fujimori para las campañas de 2011 y 2016 ascienden a 17 millones de dólares (303 millones 311 mil 450 pesos).
Esos aportes, señala la Fiscalía, tuvieron como fuentes principales a Odebrecht con 1.2 millones de dólares (21 millones 410 mil pesos) y los grupos nacionales Credicorp con más de 3 millones de dólares (53 millones 525 mil pesos), Rasmussen, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el empresario Luis Calle, sin haber declarado estos ingresos a las autoridades competentes.
Al citar los hechos vinculados con el delito de lavado de activos, entre los años 2011 y 2016, Pérez recordó que Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó sobornos para financiar campañas políticas en el extranjero con sus ganancias de la corrupción.
-Con información de medios y de EFE.