El ‘Zar de las solicitudes de información’, enfrentará juicio desde prisión por presunto lavado de dinero
José Luis Moyá Moyá, el “Zar de las solicitudes de información”, enfrentará juicio desde prisión por presunto lavado de dinero*José Luis Moyá Moyá, conocido como el “Zar de las solicitudes de información”, fue vinculado a proceso este lunes y permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Varonil Sur, mientras avanza el juicio en su contra por presunto lavado de dinero.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) presentó pruebas que señalan presuntas operaciones ilícitas desde 2023, y un juez determinó la inmovilización de sus cuentas bancarias, así como un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
El Ministerio Público argumentó que Moyá Moyá estaría involucrado en movimientos financieros irregulares que podrían apuntar a una operación sistemática de lavado de dinero, mientras que la defensa solicitó y obtuvo la duplicidad del término constitucional, aunque sin poder evitar la medida cautelar de prisión preventiva.
Con un historial de más de mil solicitudes de transparencia desde 2002 ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Moyá Moyá ha sido señalado repetidamente por utilizar estos recursos para obtener beneficios personales.
De hecho, el autodenominado “zar” de la transparencia ha enfrentado acusaciones durante más de una década, incluyendo señalamientos por extorsionar a empresarios y políticos mediante la información obtenida.
En agosto de 2023, Moyá Moyá participó en un foro en la Cámara de Diputados donde denunció actos de corrupción en el sector público, aunque un asistente lo acusó públicamente de manipular datos en beneficio propio, cuestionando su credibilidad como activista de la transparencia.
El caso de Moyá Moyá resalta la necesidad de reformas en el sistema de transparencia, y plantea preguntas sobre el uso adecuado de las herramientas de acceso a la información, un tema que expertos y legisladores han destacado como prioritario para evitar futuros abusos y garantizar la integridad del sistema en México.