La dependencia ha negado la apertura a consulta pública de seis proyectos que se desarrollan en la región de Baja California Sur.
Foto: Cemda.
Para los habitantes de La Ribera, comunidad del municipio de Los Cabos en Baja California Sur, el proyecto que busca rehabilitar la zona de playas frente al desarrollo turístico Costa Palmas es un riesgo. Aseguran que la obra generará afectaciones ambientales a la región, ubicada a 20 kilómetros del Parque Nacional Cabo Pulmo.
Por ello, representantes de la comunidad solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una consulta pública del proyecto. Finalmente, la dependencia rechazó su solicitud.
“Obstaculizar la participación y negar la apertura de consulta pública se contrapone a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al ratificar el Acuerdo de Escazú, el cual establece el derecho de participación en proyectos, actividades y otras autorizaciones ambientales”, explicó en un comunicado Andrea Cerami, gerente de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
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La consulta pública en materia ambiental es un derecho y un espacio para fomentar el involucramiento ciudadano en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. El artículo 7 del Acuerdo de Escazú establece que el Estado mexicano debe asegurar y garantizar los mecanismos para la participación del público en las decisiones ambientales.
Hasta ahora, la secretaría acumula seis negativas de apertura a consulta pública de proyectos en esta zona. “Es preocupante la tendencia mostrada por la Semarnat durante los últimos años al cerrar los espacios para la participación de la comunidad local en los procesos de evaluación de proyectos turísticos que pretenden instalarse en la región de Cabo del Este, donde se sitúa Cabo Pulmo, uno de los ecosistemas de mayor riqueza ambiental en el Golfo de California y por el que hemos trabajado para su protección”, dijo Judith Castro, presidenta del Comité de Desarrollo Comunitario de Cabo Pulmo.
El proyecto Costa Palmas, llamado anteriormente Cabo Riviera, se sometió a evaluación ante la Semarnat de forma fragmentada desde su inicio en 2007. De acuerdo con Cemda, esto impidió conocer de manera conjunta los impactos ambientales que atraería el proyecto.
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