La-Lista de las 10 principales irregularidades detectadas por la ASF

Son 67,498 millones de pesos. Por arriba de los 60,000 mdp que el presidente ordenó usar para la compra consolidada de medicamentos en 2020. Casi la misma bolsa que la Secretaría de Hacienda entregaría a los estados para enfrentar la pandemia.

De ese tamaño es el monto de dinero que presuntamente fue usado de manera irregular en el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, según la tercera entrega de los informes de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La cifra, que incluye el gasto federalizado, es menor a los 144,430 millones de pesos de irregularidades detectados en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los 871 informes individuales de fiscalización, entregados el sábado a la Cámara de Diputados, ya incluyen los proyectos prioritarios –entre ellos el Tren Maya y la refinería Dos Bocas– y los programas sociales estrella de esta administración.

A continuación, La-Lista de las principales irregularidades:

• Darle carpetazo al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) costó 232% más de lo estimado inicialmente por el gobierno mexicano. De acuerdo con la ASF, la administración de López Obrador había previsto un costo de 100,000 mdp, pero eso correspondía únicamente a la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos. Ya con las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento y los costos por representación legal ese monto supera los 330,000 mdp.

• En cuanto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, la ASF identificó una brecha entre los recursos necesarios y los aprobados. En el Análisis Costo-Beneficio se indicó que para 2020 se requerían 42,951 millones de pesos, pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 sólo se asignaron 5,372.2 mdp, es decir 87.5% menos. “La Sedena señaló que, por medio del calendario financiero, la SHCP tiene conocimiento de las necesidades y el flujo económico requerido para que se pueda materializar este proyecto”, se lee en el informe 69-GB. “Sin embargo, la ASF considera necesario que debe existir una estrecha coordinación entre ambas dependencias, a fin de que se garanticen los recursos necesarios requeridos y el aeropuerto inicie operaciones en 2022 conforme a lo planeado, con objeto de que no se afecte su rentabilidad”.

• La Auditoría detectó también que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deben aclarar en qué gastó 57 mdp del programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante 2019, pues identificó una serie de irregularidades, entre ellas, que 3,371 personas fueron apoyadas con 51.2 mdp a pesar de estar estudiando y 68 beneficiario siguieron recibieron pagos (por un total de 482,400 pesos) en fechas posteriores a su fallecimiento y otros 5.3 mdp se destinaron a centros de trabajo con irregularidades.

• En la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, la auditoría identificó irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación y gestión profesional de 6 de 50 servidores públicos, así como en declaraciones patrimoniales e investigaciones de evolución patrimonial.
• Además, la SFP mostró resistencias y, en algunos casos, negación para que la ASF realizara los trabajos de fiscalización: no permitió el acceso al equipo auditor a las instalaciones y archivos, servidores públicos se negaron a comparecer y rechazaron entregar la información del expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical. “La posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”, se lee en el informe 77-GB.

• En este proyecto, la ASF identificó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no justificó el gasto de poco más de 156 mdp, de los cuales 20.7 mdp están relacionados con los trabajos de asistencia técnica para la ejecución de la Fase 1. Y tampoco acreditó la documentación que sustente la decisión de suscribir dos acuerdos con ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debe aclarar 367 mdp. La ASF detectó, entre otras irregularidades, que realizó pagos a becarios, investigadores y ayudantes de investigadores cuando sus becas ya habían vencido; hizo depósitos a 5 beneficiarios de 4 investigadores fallecidos que no están registrados en el Sistema Nacional de Investigadores; otorgó estímulos económicos a investigadores que no cuentan con convenio de colaboración con la institución y pagó por el servicio de comedor a la empresa Pigudi Gastronómico sin presentar documentación comprobatoria.

• Sobre el proyecto de la nueva refinería en Tabasco, Pemex debe aclarar el uso de 75 mdp. En los trabajos de la Auditoría se detectaron pagos fuera de norma por duplicidad en los mismos rubros pero considerados en diferentes conceptos; por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados, y por discrepancia entre el uso y cobro de maquinaria.
• Además se detalló que las obras empezaron sin tener información técnica suficiente, ignorando el riesgo de inundación y de erosión del terreno.

• Respecto de la contratación de servicios durante 2019 por parte de la Secretaría de Gobernación, la Auditoría señaló que la dependencia a cargo de Olga Sánchez Cordero, debe aclarar el destino de 6.6 mdp. Entre las irregularidades destacan que no se realizó el reintegro de recursos no ejercidos, se realizaron pagos improcedentes al servicio de vigilancia y empresas del servicio de limpieza negaron haber presentado las cotizaciones que la dependencia mostró.

• La ASF identificó una serie de irregularidades en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas: no se acreditó que los 69 servidores públicos adscritos en plazas estuvieran certificados en materia de búsqueda, no cuenta con una metodología para administrar riesgos y no se ha elaborado el reglamento en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que tenía como plazo el 15 de julio de 2018.
• El informe 12-GB indica que tampoco se ha dado seguimiento al reintegro de recursos, no se realizó la transferencia de fondos a la comisión de la Ciudad de México y no se capacitó al personal para que operar los drones adquiridos en diciembre de 2019. La dependencia, cuya titular es Karla Quintana, deberá aclarar el uso de 10.2 mdp.

• La ASF resaltó que hay elementos asignados que no cumplieron con la totalidad de requisitos de ingreso ni con la formación inicial policial. Incluso destacó que el despliegue operativo no se realizó en función de la incidencia delictiva.
• “Si bien, la Guardia Nacional se encuentra en etapa de conformación; si no corrige las deficiencias, se corre el riesgo de que los elementos responsables de la seguridad pública no cuenten con una formación policial civil; y de que el despliegue de los efectivos no contribuya a la baja de incidencia delictiva en las entidades federativas“.