Hasta el miércoles 17 de marzo, el Poder Judicial de la Federación (PJF) atendió 26 trámites de amparo contra la Ley de Industria Eléctrica (LIE), decretada el pasado 9 de marzo por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De los amparos revisados por dos jueces federales, sólo uno de ellos falta por resolverse en primera instancia; el resto cuenta con suspensiones provisionales.

La-Lista consultó los expedientes para verificar el estado que guarda cada proceso contra la polémica reforma que busca rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de las energías limpias.

Por la similitud y tipo de fallo emitidos, la rebelión contra la LIE se perfila a convertirse en la segunda ola de amparos más grande del sexenio sólo detrás del aeropuerto de Santa Lucía.

¿En qué consiste esta nueva ola de amparos?

• 26 fueron tramitados por empresas energéticas y, aunque se desconoce casi la mitad de los demandantes, todas coincidieron en el mismo argumento contra la LIE. Según fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), buscan protección contra leyes, reglamentos o disposiciones, específicamente contra el “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica publicado el 9 de marzo de 2021, en el Diario Oficial de la Federación”.

• Por el carácter de los actores y el tipo de competencia judicial fueron tramitados ante los dos únicos juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México, pero con jurisdicción en toda la República mexicana. Éstos se encuentran encabezados por los jueces Rodrigo de la Peza López Figueroa, para el primer distrito, y Juan Pablo Gómez Fierro, para el segundo distrito. Dichas instancias judiciales fueron creadas durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto como resultado de las reformas estructurales emanadas del Pacto por México.

• Una vez que ambos juzgados recibieron las solicitudes, cuyos ingresos oficiales fueron fechados entre el 10 y el 16, los jueces fallaron en cada caso en un plazo no mayor a las 24 horas a favor de otorgarles suspensiones provisionales contra la LIE. Con excepción de uno: el amparo indirecto 145/2021 interpuesto en el Primer Juzgado por un actor desconocido. Hasta el cierre de esta edición, aún no era posible conocer si López Figueroa le otorgó protección constitucional o no.

• ¿Qué es una suspensión provisional? A decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una medida cautelar que puede emitir un juez, un magistrado o incluso un ministro, y que “ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de garantías, hasta en tanto resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos”.

En este caso, según la base de datos que elaboró La-Lista a partir de los expedientes, los dos juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones obligaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a detener los efectos de la LIE, en tanto se demuestra que resuelva en definitiva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos.

El Juzgado Primero fue el que recibió más trámites de amparo: 14 solicitudes presentadas entre el 12 y 16 de marzo pasado. Ese juzgado ya otorgó 13 suspensiones provisionales, y una más se encuentra en trámite. En consulta a la lista de acuerdos y el sistema de expedientes públicos del CJF, todos los nombres de los demandantes están clasificados; esto después de la reacción presidencial y los simpatizantes del gobierno, quienes acusaron proteger a “saqueadores” de la Comisión Federal de Electricidad en sexenio pasados.

Por otra parte, el juzgado encabezado por Gómez Fierro, sobre el que López Obrador pidió una investigación, recibió 12 solicitudes de amparo que fueron atendidos entre el 10 y 16 de marzo. En todas otorgó suspensiones provisionales, pero el juzgador consideró también extender los efectos para todos los participantes en la generación eléctrica privada. De lo contrario, expuso el juzgador, “podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector”. Además, y con diferencia al primer juzgado, los nombres de los demandantes y sus estados procesales se encuentran abiertos al público.

Los demandantes

Entre junio y octubre de 2019, el colectivo #NoMásDerroches presentó 147 amparos para frenar las obras Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AIFA). La iniciativa encabezada por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Mexico Unido Contra la Delincuencia (MUC), entre otras, frenó el proyecto aeroportuario durante algunos meses.

Sin embargo, cuando el Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa en Ciudad de México falló para declarar a la entonces base aérea de Santa Lucía como una instalación estratégica para la seguridad nacional, revirtió las suspensiones provisionales y definitivas permitiendo el inicio de las obras.

Esperando un nuevo aluvión de amparos, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó el pasado 17 de marzo con cambiar la Constitución mexicana para poner freno a los procesos judiciales. “Yo estoy seguro que es constitucional la reforma eléctrica, pero si los jueces y ministros determinan que es inconstitucional y no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución”, aseguró en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Pocas horas después se conoció la solicitud presentada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en representación del presidente López Obrador, para impugnar las suspensiones provisionales otorgadas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro a favor de las empresas de generación. Buscará que un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, atraiga el recurso de queja.

La primeras medidas cautelares fueron presentados por dos compañías empresas especializadas en la generación de energías limpias: Parque Solar Orejana, ubicada en el estado de Sonora, es propiedad de Zuma Energía que también es filial mexicana de China Power International Holding Limited. Y Eoliatec del Pacífico, ubicada en el estado de Oaxaca, que posee capitales mexicanos y es representada por el empresario Eduardo Zenteno.

En sólo una semana, 24 actores más entraron al juego, de los cuales sólo conocemos a otros 10:

1. Energía y Proyectos Eólicos
2. Eólica Santa Catarina
3. Parque Eólico Reynosa III
4. Termoeléctrica del Golfo
5. Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2 
6. Eólica de Guanajuato
7. FV Mexolar 1 
8. Recursos Solares PV 
9. Sky Eps Supply SM 
10. Tala Electric