El feminicidio de Pilar Argüello pone a prueba al Estado mexicano

Pilar Argüello Trujillo, de 20 años, salió de su casa en Coscomatepec, Veracruz, el domingo 2 de septiembre de 2012. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en un chayotal con signos de violencia sexual y lesiones. Pedro Argüello, su papá, se enteró en un periódico local el martes 4 de septiembre y Reyna Trujillo, madre de Pilar, reconoció el cuerpo hasta que llegó a la funeraria.

La entonces pareja de Pilar, cuyas iniciales son A.R.M, tenía entonces 17 años, fue detenido por homicidio calificado y confesó el crimen. Incluso realizó una recreación de los hechos, pero el 3 de noviembre de 2012, una jueza del Juzgado de Responsabilidad Juvenil, en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, argumentó que no existían pruebas para culparlo y lo liberó.

Araceli González, directora de Equifonía, asociación que tomó la representación legal del caso en 2013, destacó en entrevista con La-Lista que el joven conocía detalles que solo alguien que participó en el crimen podría conocer y que su madre y padre no tuvieron participación en ninguna parte del proceso, incluso, no se les notificó sobre la absolución y liberación de A.R.M.

“En la reconstrucción de los hechos él maneja información que no había modo de que supiera a menos de que haya participado en el feminicidio de Pilar. La jueza del juzgado de responsabilidad juvenil lo absolvió”, dijo Araceli González.

El 14 de noviembre de 2012 el Ministerio Público apeló la absolución de A.R.M ante la Sala de Responsabilidad Juvenil del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y tras un análisis de las pruebas, confirmó la primera sentencia absolutaria. Equifonía recurrió a tres impugnaciones más, pero ninguna procedió.

Al agotar las instancias locales y federales, el 4 de agosto de 2014 presentaron el asunto ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

Después de tres años, el 21 de julio de 2017, el organismo internacional emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano, que incluían reabrir el caso de Pilar, archivado en 2012, y hacer un análisis profundo de las implicaciones de su feminicidio en su familia, así como la falta de atención de las autoridades.

Las recomendaciones de la Cedaw no sólo aplican para el caso de Pilar, sino para los procedimientos de investigación de casos de violencia contra mujeres y feminicidios en todo el país para garantizar el funcionamiento de los juicios y las sanciones a los responsables, así como detectar y eliminar las trabas para acceder a la procuración de justicia y reforzar e implementar programas contra la violencia de género.

Este 4 de noviembre de 2021, la familia de Pilar y Equifonía tendrán una reunión con dependencias federales y estatales para conocer los plazos de acción del Estado para cumplir con las recomendaciones del organismo internacional.

El próximo año, México deberá informar al Comité Cedaw sobre el avance en el cumplimento de las recomendaciones, las medidas que tomará para subsanar las deficiencias en las investigaciones de casos de violencia contra mujeres y feminicidio y el análisis del caso de Pilar Argüello, por lo que, según Araceli González, se espera que presenten un plan integral durante la reunión del jueves 4 de noviembre.

“Estaríamos esperando que ese día se definan plazos. No sólo es la recomendación respecto a garantizar verdad y justicia, también tiene que ver con qué están haciendo para mejorar el sistema de impartición de justicia y no sólo en Veracruz, sino a nivel nacional”, informó Araceli González.

En la reunión participarán funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, el Poder Judicial estatal, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el Instituto de las Mujeres de Veracruz.

Si México cumple los compromisos que hizo con la Cedaw, el resultado podrá reflejarse en todo el país por medio de un protocolo de investigación de feminicidios eficiente, de acuerdo con Araceli González.

“Si utiliza una metodología adecuada para el análisis de estas implicaciones, esto permitirá identificar algunas medidas que se pudieran implementar en la atención de esta problemática y se podría retomar para que los protocolos de investigación sean más eficientes”, dijo la directora de Equifonía.

Los padres de Pilar están convencidos de que se debe exigir a las instituciones y actuar en el marco de la ley. Araceli González cuenta que “lo que ellos quieren es que alguien le diga al gobierno que actuó mal y que lo obligue a mejorar para que no haya más feminicidios, pero en caso de que ocurran, que no se queden sin justicia”.

A ocho años del feminicidio de la joven y a partir de la recomendación del Comité de 2017, la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz reabrió el caso en 2018, pero no ha avanzado en la investigación.

Un informe de Equifonía, sobre los avances en el caso de Pilar luego de reabrir la investigación, menciona que “aun cuando se han hecho diligencias para el esclarecimiento del caso, la Fiscalía no ha informado si dichas diligencias han arrojado algún aporte para fijar nuevas líneas de investigación, o incluso informar que el resultado de las mismas determina que uno de los responsables o el único responsable es la persona que fue liberada”.