Torre Mítikah: la advertencia de una Babel enloquecida

Desde aquí abajo, la Torre Mítikah luce como una monumental nave espacial. Sesenta y ocho pisos de acero, concreto y cristal que se levantan justo en los límites de las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán, en la Ciudad de México: una mole de 267 metros de altura lista para despegar hacia el cielo.

–Esa torre ya está terminada –dice Álvaro Antonio Rosales, el presidente de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco–. Pero vienen más, muchas más. No lo dudes.

El confinamiento nos permitió regresar a lo doméstico y valorar la seguridad de un techo donde resguardarnos de la peste. Pero la ciudad no se detuvo: hoy, con la pandemia domada a medias, volvemos afuera solo para notar los cientos de negocios que quebraron, los edificios demolidos o los que crecieron de repente. Resulta difícil ubicarnos en el nuevo rostro de las calles.

La calle Real de Mayorazgo es un ejemplo. El principal acceso al pueblo de Xoco luce irreconocible: la mayoría de los árboles han desaparecido, un enorme túnel vehicular se abre paso desde Avenida Universidad hasta lo que será el nuevo estacionamiento del proyecto Mítikah. Las excavadoras, los camiones cargados de hormigón, la maquinaria pesada se abre paso entre el polvo mientras un grupo de vecinos discute el futuro incierto de sus casas y su comunidad frente al templo de San Sebastián.

–Nada de esto debería estar pasando –dice Álvaro Rosales, a sus 60 años–. Ninguna de estas construcciones es legal: como pueblo originario nunca se nos consultó como dicta la ley. Dime tú entonces: ¿para qué sirven las leyes?

Pese a todo, Álvaro parece contento. Y es que, en las últimas semanas, hubo un vuelco inesperado en esta vieja historia.

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–Sí, estamos felices. Sabíamos que iba a ocurrir pero nadie esperaba que fuera tan rápido.

Quien habla es Arturo Aparicio, uno de los abogados que actualmente asesoran a los habitantes de Xoco en su disputa contra el Proyecto Mítikah. El pasado 17 de noviembre de 2021, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la capital admitió un recurso de amparo en favor del pueblo originario de Xoco y en contra de siete secretarías e instancias de la capital.

El juez ordenó el “cese, de manera inmediata, de cualquier obra” dentro del pueblo originario de Xoco.

El conflicto ha durado ya más de 10 años. Los habitantes han logrado retrasarlo en más de una ocasión pero esta es la primera vez que el pueblo de Xoco, como un ente colectivo, lleva el caso a tribunales.

A estas alturas, los vecinos no intentan ya frenar la construcción de la que en su momento fue anunciada como la “torre más alta de América Latina”. Su objetivo es evitar que Mítikah y otros proyectos inmobiliarios terminen devorando al pueblo entero y a sus espacios públicos.

–El pueblo había diseñado su propio proyecto de mitigación para Real de Mayorazgo, por medio de su asamblea –menciona Arturo Aparicio–. No solo eso: recurrieron también a los mecanismos formales de participación ciudadana y ganaron. Pero las autoridades han decidido ignorarles y crear consultas a modo con un par de vecinos sin representatividad, con el fin de beneficiar a la constructora. Ese es el motivo del amparo.

Es cierto: hasta mediados de 2021, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes no contemplaba ninguna consulta al pueblo de Xoco con referencia a las obras de mitigación de la calle. Esto a pesar de que Xoco fue reconocido como pueblo originario desde hace al menos dos décadas y de que la Constitución Política de la Ciudad de México le reconoce este derecho a los pueblos originarios.

Las autoridades también han decidido ignorar la resolución del juez del Octavo Distrito: las obras en Real de Mayorazgo continúan. La madrugada del pasado 22 de noviembre, el mismo juez admitió que tanto la Secretaría del Medio Ambiente, la alcaldía Benito Juárez y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no habían acatado la suspensión de las obras.

–Tendrán que rendir cuentas –dice el abogado Aparicio.

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Las disputas por el territorio son también disputas por el discurso.

Los conquistadores echaron mano de decretos, cédulas, reglamentos, edictos y leyes para validarse como propietarios y administradores de la riqueza de las tierras de la Nueva España. Para imponerse sobre una sociedad que no dominaba el español –y mucho menos su escritura–, se le otorgaba a estos papeles un carácter sagrado: una fe.

En su obra póstuma La Ciudad Letrada, Ángel Rama nos recuerda que, así como los escribanos daban fe de lo contenido en contratos y testamentos para conservar u obtener una propiedad –“muchas veces inventándola de la nada”–, hoy son notarios, políticos y desarrolladores quienes, para imponer sus proyectos sobre las voces ciudadanas, esgrimen leyes y documentos cuya legitimidad depende de su fe pública.

En 2019, los vecinos del Pueblo de Xoco guardaban ciertas esperanzas ante la nueva administración. Incluso festejaron las declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando anunció que se cancelaría la fase 2 del Proyecto Mítikah, luego de las denuncias por la tala de más de 60 árboles sin autorización.

El sentimiento de traición es natural: la pandemia impuso una pausa administrativa para cualquier trámite ciudadano, pero desarrolladores inmobiliarios y autoridades no dudaron en sentarse a negociar –a espaldas de la ciudadanía, afirman– las condiciones para reanudar sus proyectos.

El gobierno capitalino se empeña en retirar monumentos, cambiar el nombre de calles o inaugurar ferias folklóricas para aparentar una política incluyente con las poblaciones indígenas. Mientras, a unas cuadras de la Torre Mítikah, la población hñahñú mantiene tomada las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) exigiendo vivienda social en la ciudad y un alto a los megaproyectos emprendidos por la administración federal.

Desde los movimientos indígenas de Latinoamérica se insiste en que el racismo mexicano no solo margina por el color de piel de las personas, o por su lengua. Lo que se intenta borrar –sobre todo–son las otras formas de organizarse: asambleas comunitarias, juntas de buen gobierno, mayordomías, tierras comunales, autogobiernos.

El colonialismo de estado necesita privilegiar la propiedad privada como única forma de ordenar el territorio. Solo así se explica la contradicción de un gobierno que señala al neoliberalismo como su principal enemigo, mientras impulsa proyectos como el Tren Maya, condena opositores al Proyecto Integral Morelos o negocia con Fibra Uno, los actuales desarrolladores de Mitikah.

Por eso no es raro que los vecinos de Xoco, decepcionados de todos los partidos y administraciones pero organizados en asamblea ciudadana, mayordomía y con representantes propios, se hermanen simbólicamente con las luchas por el territorio que se libran en las comunidades indígenas de otras zonas del país y comiencen a coquetear a la palabra autonomía.

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La lucha contra el proyecto Mítikah parece quijotesca. Frenar el avance inmobiliario y la especulación global que lo sustenta suena imposible.

La audiencia para resolver el amparo interpuesto por el Pueblo de Xoco se ha pospuesto ya dos veces. Una vez que se resuelva, en favor o en contra de Mítikah, se espera una batalla de impugnaciones que puede durar años.

El 30 de noviembre pasado, cuando el juzgado solicitó un informe sobre la existencia de consultas indígenas en Xoco, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes aprovechó para responder con un oficio en el que manifiesta que, aunque Xoco sea un pueblo originario, no existe una “jurisdicción territorial, un territorio, una propiedad colectiva, o derechos territoriales del pueblo de Xoco”, sino solo un “conjunto discreto de predios de propiedad individual”.

Es posible que la batalla del pueblo de Xoco esté perdida. Pero sería un error juzgar a un barrio que decide jugarse todas sus fichas –aun sabiendo que los dados están cargados–, bajo la lógica simple de vencedores y vencidos.

Los vecinos del pueblo de Xoco han logrado prevalecer, pese a todo. A lo largo de los años han generado un banco de conocimiento y estrategias que aprovechan ya otras comunidades. Si la guerra por el territorio parece perdida, en la guerra por el discurso Xoco gana cada día más terreno.

Fue en estas calles estrechas donde hace siglos se asentaban caseríos mexicas y teotihuacanos, donde también tuvieron lugar los primeros encuentros de la Coordinadora Contra la Corrupción Inmobiliaria: una red de colectivos urbanos y personas afectadas por el desarrollo urbano desmedido. Vecinas y vecinos de distintas colonias y alcaldías, algunos especialistas en leyes, ecología, urbanismo o arquitectura, decididos a compartir herramientas y rutas de acción para intentar frenar las dinámicas que rigen la ciudad y sus políticas.

No se trata ya de impedir la construcción de una torre, sino de fortalecer a una ciudadanía apartidista y capaz de cuestionar, con argumentos e inteligencia, las decisiones que se toman en torno a su hábitat. Que no sean las empresas las únicas que tengan voz en la negociación por el suelo de la ciudad.

Desde aquí abajo, en medio del polvo y del ruido de las obras de Real de Mayorazgo, la Torre Mítikah luce milagrosa. A su alrededor, en algunas de las casitas que todavía abundan en el pueblo, han comenzado a aparecer mantas vinílicas anunciando que sus habitantes “están de acuerdo” con las obras de Mítikha.

–Están dividiendo a la gente–dice Álvaro.

Hoy, el rascacielos más alto de la ciudad ofrece residencias paradisiacas, con albercas y gimnasios disponibles, plazas comerciales, cines, restaurantes, oficinas, servicios hospitalarios y la máxima seguridad que puede ofrecer la ingeniería en una ciudad sísmica. Para muchos, sin embargo, la Torre Mítikah representa la advertencia de una Babel enloquecida: por querer rascar las alturas, esta ciudad se aproxima cada día más a su colapso.