El Tren Maya y la larga batalla jurídica por frenar el megaproyecto en la selva
La suspensión definitiva en el tramo 5 es apenas un logro entre varios amparos y demandas presentadas por ambientalistas desde el 2020.
La suspensión definitiva en el tramo 5 es apenas un logro entre varios amparos y demandas presentadas por ambientalistas desde el 2020.
El Tren Maya, una de las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debe suspender las obras en el tramo 5, entre Playa del Carmen y Tulum, en tanto se resuelve de fondo el proceso por la Manifestación de Impacto Ambiental que se entregó meses después de haber iniciado la obra.
El presidente tiene razón. La suspensión definitiva del tramo 5 no implica el fin de la obra, es apenas un paso por frenar el tren, ante el cual el gobierno federal ya presentó un recurso. López Obrador criticó que la decisión del Juez Primero de Distrito en Yucatán se ha manejado como “cosa juzgada” en medios y redes sociales. “No, es un proceso abierto. Y estamos seguros de que tenemos la razón y que los jueces van a actuar con rectitud, y no va a triunfar la corrupción ni la simulación”, dijo en su conferencia matutina de este martes.
Pero llegar a esta orden del Poder Judicial ha tomado dos años de batallas legales emprendidas por organizaciones ambientalistas, colectivos y centros de litigio estratégico, que incluso, han denunciado una lenta impartición de justicia.
El Tren Maya avanza en una ruta trazada a lo largo de mil 500 kilómetros, que recorren los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y que tiene una inversión de alrededor de 250 mil millones de pesos.
La suspensión definitiva en el juicio de amparo directo en favor de un grupo de buzos y ambientalistas es solo uno de otros amparos promovidos por organizaciones ambientalistas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de María Luisa Albores, tiene en sus manos la evaluación de la solicitud de impacto ambiental y tomar la decisión de avalar un proyecto que rompe con el equilibrio de la Selva Maya o seguir los deseos del presidente.
La larga ruta legal contra el Tren Maya
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental es una de las primeras organizaciones que presentó amparos en contra del megaproyecto por la amenaza que representa para la Selva Maya, una de las zonas con mayor biodiversidad del país y la región
Apenas en abril, el CEMDA denunció que el Poder Judicial no estaba actuando de forma expedita, expresó su preocupación por la obstrucción de la justicia y presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
En julio de 2020, la organización ambientalista presentó la primera demanda y hasta el cierre del 2021, se había diferido la audiencia por mas de 10 ocasiones, mientras el megaproyecto avanzaba a costa de árboles y zonas forestales.
El CEMDA había promovido tres amparos: uno en materia ambiental; otro por violaciones al proceso de consentimiento indígena; y un tercero por la falta de consulta ambiental, ya que no se puso disposición toda la información del proyecto dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental.
Hasta mayo de 2021, el tren avanzó en once municipios de los tramos 1 al 4. Apenas en enero se cambió la ruta del tramo 5, después de miles de árboles talados y de cientos de millones asignados para el proyecto ejecutivo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora a cargo de los tramos 6 y 7.
A las demandas de CEMDA, se suma el amparo promovido por un grupo de buzos y la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que logró la suspensión definitiva tras argumentar el impacto en los cenotes, las cuevas subterráneas y los depósitos de agua dulce que hay en el subsuelo, bajo una delgada capa de tierra en la que se planea construir el Tren Maya.
Fonatur confía en seguir con el proyecto
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) respondió este martes que “la obra del Tren Maya en el Tramo 5 Sur es “definitiva” únicamente hasta que se resuelva de fondo la Manifestación de Impacto Ambiental“, actualmente en trámite ante la Semarnat y asegura que los trabajos de mitigación se suman a labores de reforestación en curso.
Son escasos los elementos para pensar que el derecho ambiental y el Poder Judicial podrían ayudar a la protección del medio ambiente ante el megaproyecto del presidente.
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