Un juez ordenó la aprehensión de Gualberto Ramírez por presuntamente haber torturado a un miembro de Guerreros Unidos por el caso Ayotzinapa.
El exfuncionario fue señalado por el caso de los normalistas. Foto: Alexa Herrera / La-Lista
Un juez ordenó la aprehensión de Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Felipe Rodríguez, alias el “Cepillo”, quien sería uno de los sicarios de Guerreros Unidos que participó en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
La instrucción fue dada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para la captura del exfuncionario por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos.
Se trata de la segunda orden de aprehensión contra Ramírez Gutiérrez, ya que hace más de un mes un juez de control instruyó su aprehensión por manipulación de pruebas y siembra de droga en contra de la familia de Ana Patricia Moller Vuilleumier, una mujer que busca divorciarse de su marido, el cual se habría beneficiado de las acusaciones del exfuncionario.
En el año 2014, Ramírez fue titular de de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) de la PGR, desde donde fungió como el primer fiscal responsable de las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La orden de aprehensión en su contra corresponde a que el exfuncionario presuntamente estuvo presente en un interrogatorio en el que fue torturado el “Cepillo” en el caso de Ayotzinapa.
Dicho suceso fue grabado en un video difundido el 13 de julio de 2020 y fueron estos hechos por los que se libró orden de aprehensión contra Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, desde hace dos años, y ahora también contra Ramírez Gutiérrez.
En septiembre de 2022 se cumplirán ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, uno de los casos que marcaron el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver.
“Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarla porque acuérdense también que es un proceso judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas, de acuerdo a procedimientos pero ya tenemos mucho avance”, dijo López Obrador el pasado 30 de junio en su conferencia de prensa.
Aseguró que van avanzando en la investigación y que ya se tienen muchos elementos, sin embargo no quieren apresurarse y que buscan tener todos los elementos y todas las pruebas. Reconoció que es una de las demandas incumplidas de su gobierno
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