Gobierno federal a la Corte: eliminar prisión preventiva oficiosa expone a jueces a corrupción

El gobierno federal defendió la continuación de la prisión preventiva oficiosa al considerar que es un elemento necesario de su estrategia para combatir la inseguridad y que eliminarla expondría a los jueces a caer en corrupción.

La postura oficial llega a un día de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta y vote la propuesta del ministro Luis María Aguilar que busca eliminar la prisión preventiva oficiosa al considerarla inconvencional y contraria a los derechos humanos.

“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”, detalló el gobierno federal en un posicionamiento.

Aseguró que esta medida busca evitar que las personas detenidas evadan a acción de la justicia, que atenten contra la integridad de las víctimas, que amenacen o atenten contra testigos, o que continúan cometiendo delitos o sigan en actividades criminales.

A la par, el gobierno federal alertó que eliminar la prisión preventiva oficiosa expondría los jueces a la corrupción y a ser víctimas de violencia, por el tipo de delitos en los que esta figura es empleada.

“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, apuntó.

Por ello, solicitó a la Corte que al momento de discutir la propuesta del ministro Aguilar, “considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República, y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en caso de que la Corte apruebe el proyecto del ministro Aguilar, se generaría impunidad y corrupción.

“Hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte, una es eliminar delitos considerados graves y otra, por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quienes ellos decidan (…) La esencia es que se busca impunidad y corrupción”, aseguró el mandatario mexicano durante su conferencia de este miércoles.

Se espera que este jueves, la SCJN discuta un amparo en revisión y una acción de inconstitucional sobre el tema, con el fin de si es inconvencional y si contraviene la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.

¿Qué es la prisión preventiva oficiosa que defiende el gobierno federal?

Esta es una medida cautelar o de prevención para garantizar la presencia de una persona señalada de cometer un delito o la seguridad de la víctima.

Según el Artículo 19 de la Constitución, esta solo puede ser solicitada “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.

Hay dos tipos de prisión preventiva, la justificada y la oficiosa.

La prisión preventiva justificada se solicita las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar los fines antes mencionados y la solicita el Ministerio Público ante un juez, que decidirá si la otorga o no.

Mientras que la prisión preventiva es oficiosa significa que es directa, automática, obligatoria que no requiere de un debate previo entre los impartidores de justicia para decretarla, pero solo aplica para un catálogo de 16 delitos.