Fiscalía de Yucatán dice que mujer no murió por aborto en una clínica

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY) abrió una investigación por el caso de una mujer que murió en el municipio de Kanasín tras someterse a una cirugía para retirarse el dispositivo intrauterino (DIU).

Inicialmente se informó que la causa de la muerte se debía a un aborto clandestino, sin embargo, tras las investigaciones las autoridades revelaron que la mujer dio negativo a una prueba de embarazo, la operación que le realizaron se complicó y como padecía anemia falleció al desangrarse.

En un hospital de Yucatán, la mujer sufrió una anemia aguda posthemorrágica subsecuente a sepsis, es decir, una infección provocada por el DIU que usaba.

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación al atender a la víctima en un predio particular sin antes practicar las pruebas previas para la cirugía y confirmar si su organismo se encontraba en condiciones aptas.

La doctora que ofrece consultas en el predio donde ocurrieron los hechos no fue detenida porque no se acreditó su participación en la cirugía.

Tanto la Secretaría de Salud del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) participaron en la investigación del caso.

La primera versión que se emitió fue que la mujer acudió al recinto por un aborto clandestino y luego la trasladaron a un hospital, pero ya estaba muerta.

El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares y las autoridades siguen las indagatorias de una presunta negligencia médica.

El caso encendió las alertas sobre presuntas prácticas ilegales de aborto en el estado.

A la fecha, nueve entidades han despenalizado el aborto en México: Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Colima, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, de las 32 entidades han reformado sus leyes para permitir el acceso al aborto hasta la semana 12 de gestación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2021 que es inconstitucional procesar penalmente a una persona por interrumpir un embarazo.

El mayor reto es que los servicios de salud públicos y gratuitos estén al alcance de todas las niñas, adolescentes y mujeres que deseen interrumpir un embarazo, ya que las menores de 10 a 14 años representan una de cada 100 mujeres que tiene acceso a este derecho, según una muestra de datos obtenidos por La-Lista a través de solicitudes de acceso a la información.

Además, de los nueves estados que ya despenalizaron el aborto, la mayoría de los casos que atienden están concentrados en las capitales de esos estados, lo que limita el acceso a este derecho a las mujeres que habitan en las periferias o lejos de los ciudades.