Alejandro Encinas resaltó que no hubo ningún enfrentamiento armado, sino que se trato de una ejecución, no obstante, aún se debe esperar por el pronunciamiento oficial.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Foto: Presidencia de la República.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que los cinco jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no se enfrentaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y tampoco se encontraban armados.
El subsecretario resaltó que no hubo ningún enfrentamiento armado, sino que se trató de una ejecución, no obstante, aún se debe esperar por el pronunciamiento, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) culmine con la investigación.
“Tenemos que esperar a la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quienes eran, fueron ejecutados”, destacó Encinas durante una entrevista con medios en la Cámara de Diputados.
Asimismo, afirmó que desde su perspectiva existen pruebas suficientes para demostrar que se trató de una ejecución, pues “evidentemente hay elemento para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento”.
Encinas declaró que a pesar de los derechos que tienen los uniformados, quien “infringe la ley y comete un delito, debe cumplir con su responsabilidad”, por lo que en las investigaciones también se debe incluir a la cadena de mando y no solo a quienes dispararon a los jóvenes en Nuevo Laredo.
El pasado 28 de febrero, la Sedena justificó el actuar de sus elementos en los hechos ocurridos el 26 de febrero.
En un comunicado, la dependencia indicó que “aproximadamente a las 4:50 am del domingo 26 de febrero de 2023, el personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio, en apoyo a la estructura de seguridad pública”.
Entonces “oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon; posteriormente, visualizaron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado“.
“De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego; suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos”, indicó la secretaría.
Diversas organizaciones se pronunciaron en contra de los hechos luego de que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunció que elementos del Ejército mexicano ejecutaron extrajudicialmente a cinco jóvenes e hirieron a otro de gravedad en la colonia Manuel Cavazos Lerma de esa ciudad, lo que derivó en que civiles encararan a los uniformados, quienes dejaron abriéndose paso con una balacera.
Los jóvenes fueron identificados como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo, de origen estadounidense, y Alejandro Trujillo Rocha. Mientras que otro de nombre Luis Gerardo se encuentra grave en un hospital privado con al menos dos impactos de bala en su cuerpo, de acuerdo con la organización que ya ha representado a otras víctimas de violencia por parte de elementos de seguridad federales.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo aseguró que la camioneta en la que se trasladaban los jóvenes recibió más de veinte disparos cuando se encontraba en el crucero de Huasteca y Méndez.
Además, afirmó que testigos aseguraron que luego de que los militares dispararon en varias ocasiones hacia el vehículo, al menos dos jóvenes fueron ultimados con disparos en la nuca mientras estaban en el suelo.
Este hecho se perpetró en medio de las crecientes políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública.
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