Chiapas: ¿cómo se convirtió en un epicentro de la violencia?

Luego de años en los que grupos del crimen organizado se asentaron en Chiapas, la violencia estalló con la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Mientras las autoridades presumían que esta entidad estaba ajena a la violencia de los cárteles de la droga, esa agrupación criminal, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y bandas delictivas locales sostenían tras bambalinas una lucha para controlar diferentes actividades ilícitas en la frontera con Guatemala.

La inseguridad creció y creció hasta quedar exhibida con el secuestro en Chiapas de 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes fueron privados de la libertad entre el 27 y el 30 de junio de este año por integrantes del CJNG. El grupo delictivo cometió este crimen para ejercer presión y pedir la destitución de autoridades estatales que supuestamente están ligadas al Cártel de Sinaloa.

El Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfi Sureste), a cargo de las Fuerzas Armadas, ha hecho varios diagnósticos sobre la situación de violencia en Chiapas. Documentos de este grupo de inteligencia, que fueron obtenidos en los archivos militares filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya, muestran que la incursión del CJNG en el estado se dio en el 2021, pero años antes el Cártel de Sinaloa ya sostenía enfrentamientos con grupos delictivos derivados de Los Zetas.

Todavía en 2018 el Cerfi Sureste no ubicaba a Chiapas como un foco de violencia, pese a las disputas entre el Cártel de Sinaloa y los remanentes de Los Zetas. La inseguridad que en ese momento se vivía en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo distraía la atención de lo que estaba ocurriendo en el estado que hoy gobierna el morenista Rutilio Escandón.

Cuatro años después, en 2022, el Cerfi Sureste ahora sí advirtió en un informe que “la frontera sur de México en los últimos años ha experimentado un proceso de cambios que han sido marcados por dinámicas delictivas, donde se visualiza la vinculación del narcotráfico y la delincuencia organizada”.

Los municipios más afectados por el crimen organizado son los más cercanos a Guatemala: Comitán, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Tapachula, Suchiate y Palenque.

En uno de sus reportes, el Cerfi Sureste señaló que en esta región de Chiapas, entre enero y junio de 2022, se habían cometido 65 homicidios, de los cuales el 64% estaban vinculados al crimen organizado.

El tráfico de drogas, de personas, de armamento y de mercancía ilícitas son las actividades más comunes en la región. Aunado a esto, “la escasa vigilancia de autoridades facilita a integrantes de la delincuencia organizada a desarrollar sus actividades con impunidad”, señaló el Cerfi Sureste en un informe de junio del año pasado.

La presencia de grupos del crimen organizado ha provocado que los casos de desaparición de personas en Chiapas crecieran 285% entre el 2019 y el 2023. Las carpetas de investigación por narcomenudeo se han duplicado durante el actual sexenio. Al mismo tiempo, cientos de familias se han desplazado de sus hogares por la violencia.

Manuel Balcázar, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad de Chiapas entre el 2001 y 2005, opina que hasta antes del presente año los grupos del crimen organizado estaban en una “etapa parasitaria”, es decir, en una fase de asentamiento de sus negocios y un proceso de corromper a autoridades locales.

Pero el secuestro de 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad, advierte Balcazar, podría ser el inicio de una nueva etapa en la que el crimen organizado aumente su poder y eso detone una mayor violencia en Chiapas.

“Si tomamos en cuenta los modelos de análisis de criminalidad organizada podría ser el umbral del avance de la etapa parasitaria a la etapa simbiótica, en la que los grupos armados y delictivos le disputan el poder al Estado, sobre todo en términos del monopolio legítimo de la violencia”, expresa Balcázar.

2021: año de quiebre en la violencia en Chiapas

Organizaciones sociales y especialistas en seguridad coinciden en señalar que 2021 es clave en el contexto de violencia que hoy vive Chiapas. Ese año presuntos integrantes del CJNG asesinaron a Ramón Gilberto Rivera Beltrán, hijo de Gilberto Rivera Amarillas, el “Tío Gil”, quien fue operador del Cártel de Sinaloa en Chiapas hasta 2016.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba) señaló en un reciente informe que a partir del asesinato de Ramón Gilberto “se han presentado en la entidad disputas por el control del territorio por grupos criminales con una violencia exacerbada, particularmente en los municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria y con intensidad en comunidades como Chamic”.

El Cerfi Sureste también identificó que a partir del asesinato del hijo del “Tío Gil” quedó un vacío en la representación del Cártel de Sinaloa. Esto provocó que hubiera pugnas y rompimientos entre las células que forman parte de esta agrupación.

El centro de inteligencia del Ejército estimó en junio de 2022 que el asesinato de Ramón Gilberto seguiría provocando asesinatos y enfrentamientos entre los diferentes grupos criminales en la frontera de Chiapas con Guatemala.

Manuel Balcázar, también especialista en seguridad del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), recuerda que el asesinato de Ramón Gilberto provocó asesinatos, desapariciones de personas, ataques a autoridades locales y hechos de violencia en municipios del centro de Chiapas que no estaban acostumbrados a la inseguridad. Un ejemplo es el pueblo mágico Ocozocoautla, donde fueron secuestrados los 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad el pasado 27 de junio.

Las cifras delictivas oficiales reflejan cómo la inseguridad creció desde el mismo año en el que se registró el asesinato del “Tío Gil”, a quien los medios de comunicación colocaban como uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exlíder del Cártel de Sinaloa que está en una prisión estadounidense.

En 2020 se registraron 119 casos de desaparición en Chiapas y en 2021 esta estadística incrementó a 224 y en el año 2023 la cifra volvió a subir hasta los 339 casos.

Las carpetas de investigación abiertas por narcomenudeo se duplicaron entre 2019 y 2022. En ese primer año se registraron 852 casos y luego la cifra incrementó a mil 893.

A la par que los delitos han aumentado en Chiapas en los últimos años, organizaciones sociales acusan que la impunidad es generalizada en los crímenes. “Los gobiernos federal y estatal, desde los primeros hechos violentos, han contado con información; sin embargo, han mostrado una posición tolerante, por decir lo menos, a la delincuencia organizada”, destacó el Centro Frayba en su informe.

Corrupción del crimen organizado

La corrupción de las autoridades ligadas al crimen organizado no solo es un problema señalado por la sociedad civil. El Cerfi Sureste también documentó cómo algunas autoridades municipales presuntamente trabajan con líderes del narcotráfico o incluso son sus familiares, lo que facilita la operación de estos grupos en Chiapas.

En su informe de junio de 2022, el Cerfi Sureste identificó que Ervin Leonel Pérez, quien fue presidente municipal de La Trinitaria, es hermano de Lodi Beltrán Pérez, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la misma localidad.

Mario Antonio Guillén, quien fue dos veces presidente municipal de Comitán, supuestamente está ligado a José Trinidad Anzueto, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la misma localidad que él gobernó.

Rey David Gutiérrez, quien fue aspirante por Morena a la presidencia municipal de Frontera Comalapa, también es señalado por tener relación con Aler Baldomero Samayoa, un líder delictivo de un grupo guatemalteco conocido como Los Huistas que provoca hechos de violencia en México.

El fortalecimiento económico y político de los grupos del crimen organizado en Chiapas ha llevado a que establezcan al menos cinco rutas terrestres y otra marítima para llevar a cabo sus actividades delictivas. Todos estos caminos conectan a Chiapas con los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Las autoridades también han identificado que aeronaves provenientes de Centroamérica sobrevuelan el mar Caribe y el Océano Pacífico, con el objetivo de llegar a Guatemala y desde ahí traficar drogas a México.

México, aún a tiempo de atender problema en Chiapas

Los gobiernos locales, además de haber sido corrompidos por grupos del crimen organizado, no han logrado sacar de la pobreza a los habitantes de Chiapas. Hasta el 2020, el 75.5% de las personas que vivían en ese estado estaban en esa condición.

Para Manuel Balcázar, el experto en seguridad del ITAM, el rezago social también ha sido un factor clave para que los grupos del crimen organizado puedan operar en Chiapas, tanto por el reclutamiento de personas como por la capacidad de dar servicios a comunidades que han sido abandonadas por las autoridades.

“Este no es solo un tema de criminales, es un tema del Estado mexicano, de impulsar políticas de desarrollo económico y promoción social, porque estas zonas se han dejado en el abandono”, indica Balcázar. “El Estado, al no brindar servicios básicos, provoca que surjan otros actores que puedan dar esos servicios”.

Por ese motivo, el especialista en seguridad considera que la solución al problema de la violencia en Chiapas se debe atender desde las carencias sociales de las personas. Mientras que el gobierno estatal debe tener una mayor coordinación con el gobierno federal para frenar el avance de los grupos del narcotráfico.

Para Balcázar la liberación de los 16 funcionarios de Chiapas que fueron secuestrados es una señal de que, trabajando en conjunto, el gobierno federal y el estatal pueden recuperar la paz de ese estado sureño distinguido por su riqueza natural y cultural.

“El secuestro de estas 16 personas fue una llamada de atención para que concurran todos los recursos del poder nacional. Solas las autoridades de Chiapas no van a poder, pero con el gobierno federal sí”, concluye Balcázar.