Lavado de pescado, el origen se disfraza de legalidad

Al norte de Iztapalapa, en la Ciudad de México, pescados y mariscos provenientes de todo el país llegan al mercado de la Nueva Viga. Entre el ir y venir de los vendedores y el penetrante olor del pescado, inspectores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) realizan rondines para verificar qué ingresa y qué se vende. 

Esta mañana, en la entrada del mercado, dos inspectores detienen una camioneta Toyota blanca. El conductor se presenta y acepta mostrar la documentación obligatoria: una factura emitida por una cooperativa de pescadores de Cárdenas, Tabasco, y una guía de pesca con la que ampara 200 kilos de peto, 160 de sierra, 155 de pargo, 210 de huachinango y 220 de besugo. 

— ¿Qué transporta?— pregunta uno de los oficiales de pesca.

— Producto pesquero. Voy a la bodega 18 del andén “A” y la 25 del andén “D”— responde el conductor.

Sin embargo, hay un problema. Del total de kilos transportados, hay 50 de cazón y 100 de pez conejo que no están acreditados por una factura. 

“Se le dice (al conductor) que sin la factura no acredita la legal procedencia del producto pesquero y se levantará un acta de inspección y se le retendrá precautoriamente el producto pesquero… así como el vehículo”, señala uno de los oficiales de Conapesca.

Lo que ocurrió después, según la resolución del expediente 100.2C.21/PA/CDMX/089/2022, es que no se logró acreditar la documentación de los 100 kilos de pez conejo retenido. El proceso terminó con una multa de más de 96 mil pesos en la que se desconoce si el conductor pudo resolver la deuda. Lo último que se reporta es que durante el proceso legal lo visitaron a su domicilio en Tabasco y no fue localizado, dijeron que ya no vivía allí.

Transportar pescados y mariscos sin documentos es una de las principales formas de la pesca ilegal. La incapacidad para comprobar la procedencia y destino representa no saber si el producto fue capturado en un área protegida, en temporada de veda o sin permiso.

En el mercado de la Nueva Viga, el más grande de su tipo en México y el segundo a nivel mundial, encontrar estos casos es una tarea sobre los hombros de dos inspectores, rotados por turnos. La cantidad de mercadería desborda sus capacidades, se venden mil toneladas diarias en dicho mercado.

¿De qué tamaño es el problema?

Una sanción a un infractor pesquero es sólo posible si primero es identificado. 

Un análisis realizado por Causa Natura Media sobre 288 actas de inspección y vigilancia hechas públicas por la Conapesca revela que el 26.3% del total contaban con una persona identificada.

Sin embargo, sancionar a una persona identificada por haber cometido infracciones de pesca es un largo camino, donde los acusados tienen la posibilidad de presentar pruebas para evitar una sanción, refirieron diversas personas relacionadas con el trabajo de la Conapesca. 

Estos alegatos de los señalados sirven, por ejemplo, para demostrar que se cuenta con un permiso, la legalidad de un arte de pesca, la legal procedencia de un producto, entre otras.

No obstante, del escrutinio de 21 resoluciones de actas de inspección que contaban con infractores identificados (personas y empresas) por diversas infracciones, el 100% de las mismas cuentan con una multa. 

Si bien esto es el final del proceso administrativo, los casos son susceptibles de caerse en los tribunales, refiere el abogado García Soto, quien en el pasado estuvo al frente de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Conapesca. 

“Yo lo que les puedo decir desde el punto de vista de un exservidor público que tuvo a su cargo ese tipo de responsabilidades en distintos momentos en los últimos 15 años y que me dedico, actualmente, de manera muy especializada al litigio en esta materia pues que no se está sancionando en realidad, es decir se dan a conocer sanciones impuestas pero no les están diciendo después que esas sanciones se cayeron en tribunales, cuando son sanciones con persona determinada”, explica. 

La factura y la trampa

Un inspector realiza un recorrido en Tonalá, Chiapas, al sur de México. Al pasar por la Gasolinera del Sur nota que en el patio de maniobras un grupo de personas descarga cajas de plástico de un tráiler. El olor a marisco es intenso. Así que decide acercarse al conductor con la orden de inspección. 

“Subimos a la caja (del tráiler) para ver lo que llevaba a bordo, observando que transportaba en el interior de la caja 140 tarras de camarón con cabeza fresco de granja con 28 kilogramos cada tarra, dando un total de 3 mil 920 kilogramos de camarón”, explica el inspector en el acta del 20 de mayo del 2021 dentro de la resolución del expediente 100.2C.21/PA/CHIPS/066/2021.

Como ocurre con el tráfico de drogas, identificar a un responsable de transportar pesca ilegal no garantiza que haya una sanción para quienes encabezan estas estructuras de trasiego. 

Al preguntar por los documentos que acrediten la legal procedencia, el conductor responde que él sólo es el chofer y que la persona propietaria no dejó ningún documento. Por lo que el inspector retiene los más de 3 mil kilos de camarón.

El producto no fue reclamado ni contaba con la documentación necesaria para acreditar su procedencia, por lo que fue decomisado. 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables manda a que el decomiso sea puesto a remate en subasta pública; vendido directamente; donado a establecimientos de asistencia social o de rehabilitación; o destruido si se trata de pescado en estado de descomposición o artes de pesca prohibidas.

Esta misma Ley indica que el producto se acredita con los avisos de arribo, de cosecha, de producción, de recolección, permiso de importación y con la guía de pesca, según corresponda. 

“Para mover producto te piden la guía de pesca; y la guía de pesca para solicitarla te pide una factura, pero el sistema que emite las guías no verifica las facturas”, explica un exinspector de Conapesca, quien pidió guardar su identidad, para este reportaje de Causa Natura Media. 

No llevar la documentación no es el único error que puede haber. En lugares como el mercado de la Nueva Viga se ha encontrado que las facturas no llevan información necesaria como el permiso de pesca.

En otros casos, según relata el exinspector, el comerciante puede aliarse con alguna empresa para conseguir una factura y hacer que el producto ilegal pueda ingresar como legal y, posteriormente, el emisor cancela dicha factura. Incluso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con comercializadoras de pescado que aparecen en la lista de factureras.

“En las aproximaciones que hemos tenido a la Nueva Viga lo que sabemos es que la información que debe acompañar al producto con base a los avisos de arribo, las guías de pesca, etcétera, no siempre viajan con el producto y por eso no pueden acreditar la legal procedencia del producto. Pero además no existe una forma de que la información acompañe al producto en las circunstancias actuales”, explica Renata Terrazas, directora ejecutiva de la organización Oceana México.

La organización civil ha buscado impulsar una norma de trazabilidad para mejorar el sistema de información y que la documentación acompañe siempre al producto desde el momento de su captura hasta su comercialización.

Actualmente hay un anteproyecto en la Conapesca que se encuentra detenido pese a un exhorto del Senado de la República para que la institución avance en ello. Propone la creación del Sistema de Trazabilidad a través de una Norma Oficial Mexicana. 

Sin embargo,  se mantiene pendiente de recibir el dictamen del subcomité de pesca de la Conapesca, el primer paso para que entre en vigor. Terrazas señala que esta detención indica que“ el combate a la pesca ilegal no es una prioridad para la Conapesca”.

“Hoy en día (el producto pesquero) viene acompañado de documentos que no siempre sabemos cómo se fueron construyendo y si la información que los alimenta es verídica o no y que además no siempre acompañan estos documentos al pescado”, agrega Terrazas.

A esto se suma que el personal de Conapesca no siempre es suficiente y que las inspecciones, así como el presupuesto y los recursos destinados, han ido a la baja en los últimos años. El equipo de Causa Natura constató en una visita que hay dos inspectores por turno asignados en el mercado La Nueva Viga, quienes no estaban presentes. Al preguntar en las oficinas se dijo que estaban en otras diligencias y que sólo podrían ser encontrados durante el cambio de turno.

“A veces hay una guía de pesca por todo un camión y, si se divide, ya no se hace la documentación adecuada que respalde el producto. Los procesos de inspección y vigilancia son muy reducidos comparados con la cantidad de producto que llega a los puertos, pero también la que llega a la Nueva Viga. Entonces la posibilidad de que te detenga una autoridad por no tener los documentos que avalen la legal procedencia de tu producto es muy baja”, explica la directora de Oceana.

Causa Natura Media habló con Roberto Gutiérrez Ambríz, presidente del Consejo de Administración de La Nueva Viga, sobre la frecuencia de ingresos de pescados y mariscos sin documentación o con facturas que no presentan toda la información. 

De acuerdo con Gutiérrez, el personal del mercado mantiene una revisión de 24 horas para revisar la documentación, pero no se involucran en los procesos de inspección y vigilancia como lo hace Conapesca.

“Para nosotros es muy importante que traigan un destinatario y que traigan los documentos en regla porque puede ser, y nos ha tocado, que hay gente que quiere venir y vender directamente a nuestros clientes en nuestros patios. Por eso para nosotros es importante que traigan un destinatario. Ya lo aplicado en la ley (las inspecciones) le toca a Conapesca”, señala Gutiérrez Ambríz.

Domicilios, un juego de escondidas

Tres oficiales de la Conapesca retienen en la Nueva Viga un vehículo proveniente de Tamiahua, Veracruz, con alrededor de mil 600 kilos de producto pesquero transportados en cajas de refrigeración. 

La resolución determina que había incurrido en una infracción administrativa debido a que se trasladó el producto sin contar con la guía de pesca. Se impuso una multa de 8 mil pesos al chofer y se determinó devolver el producto y bienes retenidos.

Sin embargo, la comisionada para notificar del proceso no pudo hacerlo en el domicilio de Veracruz, registrado en el acta de inspección. Al acudir los vecinos manifestaron que el imputado ya no vivía ahí. 

De acuerdo con García Soto, las notificaciones usualmente las hacen personal de la unidad de asuntos jurídicos o asignado a las representaciones estatales (antes subdelegaciones de pesca) o de las oficinas de pesca.

Sin poder localizar al chofer, dos años después de los hechos, en agosto de 2022, la notificación de la resolución se le hace vía estrados, que consiste en un tablero en las oficinas de la Conapesca y una página web.

Casos como este en el que no hay un domicilio en el cual ubicar al responsable transcurren en automático hasta llegar a una resolución, aunque el presunto responsable no se presente. Una vez exista un identificado la Conapesca prevé sanciones, como las multas.

Aunque el caso que presentamos se desarrolla en la Ciudad de México y el producto pesquero procede de Veracruz, en un análisis Causa Natura Media detectó que esto también ocurre en Yucatán, Baja California, Michoacán, Colima, Oaxaca y Sinaloa. Se trata de al menos otros 12 casos, de los 288 analizados para esta investigación, donde no se pudo identificar el domicilio del imputado.

Se encontraron direcciones que dan a lugares baldíos, otras donde la persona nunca habitó, o el domicilio es erróneo o a quien se encontró manifestó no ser el imputado, sin que el o la comisionada encargada de notificar la sanción pueda hacer nada al respecto.

Castigo a la formalidad

Pagar una multa de la Conapesca resulta un desafío cuando un infractor no está dado de alta en el SAT. 

Para que las multas puedan ser efectivas, García Soto explicó que se necesita no sólo un domicilio fijo, sino también un domicilio fiscal con un registro federal de contribuyentes, para que el SAT pueda hacer efectivo el cobro de las sanciones correspondientes a multas federales.

El Sistema de pagos de Derechos, Aprovechamiento y Productos “e5cinco” de la Conapesca exige a los infractores presentar un Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

“Si hoy por el hecho de que alguien no se registre al RFC, vaya y cometa una falta de materia pesca, y sólo por no haberse inscrito ya no le pueden cobrar la multa”, explica García Soto. 

Independientemente de si se impone la multa, hay una traba para cobrar cuando las personas no están en regla. 

“Ya olvídate si se impone, si no se impone. Si desde el diseño del esquema no cuentan con un dato de esos, va a hacer que al final, cuando hayas hecho andar toda la maquinaria, que tuviste que tener presupuesto, tuviste que tener personal, tuviste que estar en el momento, llegar con los marinos, levantar el acta, mandarlo al jurídico, que esta vez si le dieran ganas de hacer el proceso, que si encontraron al que tenían que encontrar, que esta vez hayan sido tan brillantes que si sostengan en tribunales la sanción y cuando se la mandan al SAT te la devuelva diciendo: ‘lo siento pues no viene el RFC ni el domicilio fiscal, es incobrable y se acabó porque ahí ya no se puede hacer nada’”, agrega. 

De esta manera, el requisito excluye a los pescadores informales de pagar multas. 

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reflejan que la población ocupada de pesca en el segundo trimestre del 2023 asciende a 269 mil personas, de las cuales el 86.6% se hallan en la informalidad y 13.4% en la formalidad. 

Los primeros cuentan con un salario promedio mensual de 5 mil 650 pesos y los segundos de 8 mil 210. 

“Es evidente que ahí solamente se puede sancionar al sector organizado, es decir aquel que tiene un permiso, aquel que tiene una concesión de pesca, que por consiguiente tiene un domicilio que esté inscrito al registro federal de contribuyentes, que tiene un domicilio fiscal y un buzón tributario y que es una persona que como actúa en la formalidad, no sólo de la pesca sino en la formalidad que contribuye a través del pago de impuestos”, dijo García Soto sobre el esquema de sanciones en México. 

Estos obstáculos de pago de multas inciden en la capacidad de recaudación de la institución. Conforme el artículo 144 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, estos recursos deben ser destinados a programas de inspección y vigilancia. 

García Soto señala que “la autoridad puede reportar que impuso 150 sanciones en este semestre”, pero si no se cobran, sólo se trata de “informes alegres”.

Sobre las sanciones de la Conapesca, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señala que se requiere robustecer el área jurídica de la institución y que se haga uso de otras sanciones en materia pesquera, como la cancelación de permiso o el decomiso de embarcaciones que son poco comunes y no sólo se use la multa, que como quedó en evidencia, son difíciles de cobrar.

“Hay muchas sanciones en materia pesquera que implica la cancelación de un permiso, el decomiso de embarcaciones, ¿cuando has escuchado que a alguien le quiten un permiso por hacer una actividad ilícita? No se ejerce, las pocas sanciones que hay en la ley de acuacultura y pesca no se ejercen, entonces pues tienes que poner un ejemplo, tienes que poner orden, empieza a poner un ejemplo y no sucede”, explica.

Durante 2022 y hasta junio de 2023 se retuvieron precautoriamente 374 embarcaciones y 731 vehículos, según los datos abiertos de la Conapesca, sin embargo en el mismo lapso emitió mil 699 resoluciones, de las cuales sólo 120 consistían en el decomiso de bienes, que corresponden al 32% de las embarcaciones retenidas precautoriamente, de acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Hay organizaciones, como el Cemda, que insisten en que antes de atender el proceso de impartición sancionatorio, es importante poner la mirada en la armonía legal para que la sanción se pueda imponer. 

“Si no atiendes los problemas de fondo, pues difícilmente lo que hagas arriba va a tener el resultado o el impacto esperado. En ese sentido, lo que señalamos es, primero fortalece tu marco normativo, alinea, vincula, armoniza, homologa con los demás instrumentos y planes en la materia y entonces ya parte de ahí”, señala Gómez Villada, bióloga marina y coordinadora del área de investigación de Cemda.

Un mar de precariedad

“Ahorita me deben desde junio, julio, agosto y lo que es septiembre. Y a otros compañeros estoy seguro de que les deben más. Nos deben lo que le llamamos nosotros ‘gastos de campo’ que son 250 pesos diarios 20 días, son 5,000 pesos al mes, son apoyos de alimentación”, dijo un inspector entrevistado para este reportaje, quien pidió guardar su identidad.

Aunque el concepto es apoyo para alimentación, los inspectores comentan que también utilizan parte de este presupuesto para otros gastos como hospedaje y posibles eventualidades del transporte.

Uno de los principales problemas de la Conapesca es que su presupuesto va a la baja y, por consecuencia, lo destinado para inspección y vigilancia. 

Mientras en 2015 el presupuesto asignado fue de 3 mil 513 millones de pesos, para 2020 cayó a 659 millones, y en 2022 sólo subió a 2 mil millones. 

“Es paradójico porque es un sector súper importante a nivel nacional en términos económicos y sociales e históricos. La pesca, pues es una actividad importantísima en el país y pues que también reciba, digamos, esta falta de atención en cuanto a presupuesto, pues claro que también incrementa esta vulnerabilidad del sector”, señala Sarahí Gómez Villada, bióloga marina y coordinadora del área de investigación de Cemda.

Por su parte, las acciones de inspección y vigilancia, que incluyen inspecciones, recorridos terrestres y acuáticos, y puntos de revisión, mientras en el sexenio de Enrique Peña Nieto alcanzaban hasta los 31 mil por año, para 2022 solo llegaron a los 25 mil 506.

Al compararse los primeros cuatro años y medio del actual sexenio con los del presidente Enrique Peña Nieto, la disminución de las personas puestas a disposición del ministerio público es de -880%, de embarcaciones menores -98%, de embarcaciones mayores -187% y de motores retenidos por la autoridad -145%.

De igual manera, existen estados como Puebla, Coahuila y Zacatecas que no han tenido ningún inspector destinado en los últimos años, de acuerdo con información obtenida vía transparencia. 

Mientras que en Guerrero, Oaxaca y Colima sólo hay tres para toda la entidad. Los estados que tienen una mayor concentración de inspectores son Baja California, principalmente, por los esfuerzos de protección a vaquita marina, con 15, y Sinaloa con 36.

“En la Nueva Viga nos hemos encontrado que hay personal de la Conapesca bastante competente y que busca hacer su trabajo de buena forma. Es algo que no siempre se ve y vale la pena reconocerlo. Lo que sucede es que para que ellas y ellos puedan actuar tienen un montón de obstáculos”, señala Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana.

Tecnologías contra la crisis

Entrevistados para este reportaje apuntaron que el uso de tecnologías puede ayudar a las autoridades a controlar la pesca ilegal desde su origen. 

El Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (Sismep), que es un instrumento de la Conapesca donde se puede consultar el desplazamiento de los barcos, sus rutas de viaje e identificar si pescan en zonas restringidas, así como aporta información para salvaguardar la vida humana en el mar y para seguimiento a fenómenos meteorológicos.

Sin embargo, actualmente no da información en tiempo real y obliga a portar GPS a embarcaciones de pesca de altura.

Para tener más control en las actividades de pesca, es necesario exigir que las embarcaciones menores también sean monitoreadas y esta información esté disponible de forma abierta y transparente, sostiene Alejandro Olivera. 

De esta forma todas las embarcaciones estarían identificadas y se conocería en tiempo real cuando alguna incurre en alguna infracción, por lo tanto se brindaría mayor información a los oficiales de pesca al levantar un acta de inspección y agilizaría los procesos administrativos sancionadores de la Conapesca.

La tecnología también puede blindar la cadena comercial. Tener un sistema de trazabilidad permitiría a la autoridad consultar en un sistema electrónico el producto y obtener toda la información respecto al permiso de pesca, el aviso de arribo, la guía de pesca, y poder detectar si su procedencia es legal o no, señaló Terrazas de Oceana.

Para ella el objetivo de este sistema no es evaluar las labores de inspección y vigilancia, sino favorecer la generación de información a la cual pueda acceder la autoridad para hacer su trabajo, y de esta forma se podría subsanar las irregularidades que se dan con las facturas.

“El sistema de trazabilidad debe hacer fácil a la autoridad identificar si ese producto viene avalado por la documentación necesaria sí o no; con cadena la información que permite a la autoridad detectar si hubo manipulación de la información, si algo pasó que no debió haber sucedido”, explicó.

*Este trabajo contó con la colaboración de la periodista Lilia Balam. 

*Este es el segundo reportaje de la investigación Infracciones de Papel publicada por el equipo de periodismo de Causa Natura Media. Puedes consultar el primero en este enlace.