Casanova Vallejo mantiene contratos con el gobierno pese a denuncias y fallos judiciales

Una red de triangulación en contratos públicos permitió que la empresa Casanova Vallejo, sancionada por incumplimientos previos, siguiera operando como proveedora en gobiernos municipales de Sinaloa. Los casos de Ahome y Culiacán, donde se utilizaron esquemas similares de subarrendamiento, hoy están bajo investigación penal y ya provocaron el desafuero de autoridades.

En Ahome, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Sinaloa vinculó al exalcalde Gerardo Vargas Landeros y a su entonces secretario de Gobierno, Genaro García Castro, con un contrato por más de 171 millones de pesos otorgado a Grinleasing SAPI de CV. El convenio se firmó en diciembre de 2021 y tenía como propósito el arrendamiento de patrullas. Sin embargo, apenas dos días después, Grinleasing entregó el contrato mediante subarrendamiento a Casanova Vallejo, una empresa sancionada en 2022 por la Función Pública e impedida —en ese momento— de participar en licitaciones.

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La Fiscalía concluyó que Grinleasing no contaba con la capacidad operativa ni financiera para ejecutar el contrato, y que su función fue únicamente servir como intermediaria para que Casanova Vallejo operara a pesar de su inhabilitación. El expediente FGE/FECC/09/2024/CI sostiene que el daño al municipio se originó por la falta de análisis previo sobre la experiencia y solvencia de la empresa contratada. En febrero de 2022, Vargas Landeros firmó una modificación para ampliar el contrato de 126 a 135 unidades.

Un esquema casi idéntico apareció en Culiacán. En ese caso, el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro firmó en 2022 un contrato por 117 millones de pesos con Grinleasing para el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura. La investigación reveló que los vehículos tampoco eran propiedad de Grinleasing, sino de Casanova Vallejo, y que la intermediación encubrió nuevamente la imposibilidad legal de contratar directamente con la firma inhabilitada.

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A pesar de estos antecedentes, Casanova Vallejo ha continuado obteniendo contratos con diversas dependencias públicas. Según Proceso, la empresa —propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova— fue sancionada en 2022 por un incumplimiento con el ISSSTE, pero desde entonces ha presentado recursos legales para revertir la medida.

El 27 de mayo de 2024, el Diario Oficial de la Federación publicó una circular en la que se notificó que la sanción de inhabilitación por 45 meses había quedado sin efecto. La resolución provino del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del juicio de amparo 1707/2022 promovido por la empresa, y resuelto con una sentencia definitiva en abril del mismo año.

Pese a los cuestionamientos, la plataforma Compranet registra que Casanova Vallejo ha firmado al menos 84 contratos entre 2022 y 2025 con entidades del gobierno federal, por un monto acumulado superior a los 519 millones de pesos. Estas contrataciones se realizaron mientras persistían las dudas sobre su desempeño, su transparencia operativa y su cumplimiento normativo.

El caso ha sido señalado como un ejemplo de cómo los mecanismos de contratación pública pueden ser vulnerados a través de intermediarios. Además, expone la debilidad de los sistemas de supervisión, que permiten que una empresa previamente sancionada regrese al mercado sin restricciones efectivas.