¿Qué buscan el gobierno y la oposición de Venezuela en México?

Cuando estaba cruzando el Tapón del Dairén, la selva que une Panamá y Colombia, un compañero que huía de Cuba dijo: “Hace 15 años, era más difícil”. N.L., venezolano, le preguntó que cómo lo sabía. “Ya tenemos tiempo en la migración”, le contestó. “Yo lo escuché y vi que ahora, a los venezolanos, nos toca esto también”, reflexiona N.L., que prefiere no identificarse por seguridad. 

Sobrevivió a la peligrosa travesía en junio de este año en su ruta para llegar a Estados Unidos a pedir asilo. Cumplirá 32 años, “de los 24 a los 31, no he tenido libertad, a parte de haber vivido escondido”, explica, al recordar las cinco veces que ha estado preso en Venezuela, sumando un total de más de tres años entre rejas. Todo por protestar en las calles, considerado como actos de terrorismo, según el gobierno de Nicolás Maduro. Ha vivido todos los intentos fallidos de negociaciones entre el gobierno y la oposición de su país.

Por todo ello, no confía que salga nada de la reunión que tendrá lugar en México la próxima semana. “Solo han servido para dar oxígeno a Maduro en el poder. Ya no tengo fe en la solución pacífica”, explica a La-Lista el activista, que apuesta por que los venezolanos tomen las calles con el apoyo de militares disidentes para derrocar a la dictadura. 

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El encuentro será en México, confirmó el 5 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo organiza Noruega, país mediador. Del lado del gobierno, los portavoces son el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Del lado de la oposición, que agrupa a más de 30 partidos bajo la llamada plataforma unitaria, los representantes serán políticos como Gerardo Blyde, abogado que encabeza la delegación; Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante EU del gobierno autoproclamado de Juan Guaidó; y Tomás Guanipa, secretario general del partido opositor Primero Justicia.

No habrá presencia de EU, según cuentan miembros de la plataforma unitaria, pero probablemente, sí de Rusia y de otro país europeo. Empezará previsiblemente el 13 de agosto, aunque puede que se demore hasta el 15.

¿Qué vienen a buscar?

Expertos coinciden en que el resumen de las negociaciones será: sanciones por elecciones. Nicolás Maduro puso cuatro condiciones para venir a México. La primera, el levantamiento de todas las sanciones. Las que en especial han contribuido a la crisis humanitaria actual del país son las impuestas de forma unilateral por Estados Unidos. 

Empezaron en 2014, con la ley de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela y con la orden ejecutiva 13692 del expresidente de EU Barack Obama, de 2015, llamada sanción matriz. Entre otras acciones, se bloqueaban intereses y propiedades de altos funcionarios del Estado venezolano que estuvieran en EU.

Las medidas se adoptaron en respuesta a las violaciones de derechos humanos en las protestas de 2014. Desde entonces, la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas del Departamento del Tesoro de EU se ha ido engrosando con más altos cargos. Hoy, los activos del gobierno venezolano en el país norteamericano están congelados y los estadounidenses —personas o empresas— tienen prohibido hacer negocios con Caracas.

Organizaciones como las Naciones Unidas o la Washington Office for Latin America han denunciado cómo estas medidas han acelerado la crisis económica de Venezuela, perjudicando directamente a los ciudadanos. “Los bancos están temerosos de que, al pasar una transacción con Venezuela, les implique penalidades, así sea por razones humanitarias”, explica el politólogo de la Universidad Central de Venezuela William Serafino. “Un banco bloqueó uno de los pagos de Venezuela para acceder al (mecanismo) Covax (para comprar vacunas anticovid)”, añade.

Serafino explica que los gestos de acercamiento empezaron hace días. Pero teme que la política interna de EU limite el éxito de la negociación. “Hay elecciones intermedias en Florida el próximo año. Levantar sanciones sería visto para algunos sectores como que Biden está cooperando con Maduro”, explica. 

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La segunda condición que pidió el presidente de Venezuela fue el “reconocimiento a los Poderes Públicos del Estado”. Ello a raíz de la dualidad institucional que vive el país desde que en 2019, Juan Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela después de las elecciones presidenciales de 2018, que fueron desconocidas por gran parte de la comunidad internacional. Asumió el cargo con un programa de tres puntos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Guaidó fue reconocido por más de 50 países. A partir de ello, el Departamento del Tesoro de EU le cedió el control de la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el país, CITGO, y de las cuentas bancarias del estado venezolano en EU.

La situación se complicó más en diciembre de 2020, después de las elecciones parlamentarias que gran parte de la oposición consideró un fraude y, por tanto, no se presentó. Desde entonces, existe una Asamblea Nacional (AN) paralela, continuadora de la que salió de los comicios de 2015, que se considera legítima. 

“Lo importante es que se acuerde un cronograma de elecciones presidenciales y parlamentarias en condiciones para que sean libres, incluidas las de noviembre (de 2021)”, explica Williams Dávila, un diputado de la AN continuista por el partido Acción Democrática.

Dávila hace referencia al primer punto que la plataforma unitaria viene a negociar en México. Lo llaman Acuerdo de Salvación Nacional e incluye, además, que se permita la entrada de vacunas y ayuda humanitaria, liberación de presos políticos y la flexibilización de sanciones.

“No creo que esto logre resolver la crisis del país”, explica el consultor político venezolano Daniel Montero. “Se está aprovechado por coyuntura de elecciones locales (de noviembre de 2021), pero lo que se logre para ese proceso quizás no se logra para las presidenciales de 2024”, añade.

Hartazgo

Montero así como Dávila coinciden en que a diferencia de las otras negociaciones fracasadas, en este caso, la presión internacional puede ser determinante para que se logre un acuerdo. Ambas partes llegarán a México en un contexto de hartazgo de los venezolanos, provocado por las dos monedas de cambio que se pondrán sobre la mesa en México: sanciones y fin de la dualidad institucional.

Cuando N.L. habla de la situación en Venezuela dibuja un panorama de indiferencia ante la clase política y la política institucional. “Llenan de esperanza con estos discursos demagogos o populistas, porque saben qué quiere la gente”, dice, sobre la oposición. “De la famosa ruta, el cese de usurpación y el gobierno de transición, los eliminaron. Ahora, se quedaron con las elecciones”, añade. 

Pero precisamente esto es lo que le hace pensar a Serafino que la voluntad de los ciudadanos es que se pongan de acuerdo. “Hay un cambio en la mentalidad de la sociedad. Hemos vivido años de caos político, de tensiones extremas, pero las diferencias que podamos tener, hay que ponerlas en un plano inferior y poner en plano superior los beneficios de la negociación”, explica.

De momento, el gobierno de EU ha extendido hasta el 9 de septiembre de 2022 el periodo en el que los venezolanos puedan aplicar para el Estatus de Protección Temporal (TPS). El programa permite a los beneficiarios obtener un Documento de Autorización de Empleo, una autorización de viaje y les garantiza que no serán expulsados del país ni detenidos por su estatus migratorio. En ello, y no en México, ha puesto ahora sus esperanzas N.L.