Equilibrar el Poder, nuestra obligación

Donde acaba la ley empieza la tiraníaHenry Fielding

Las democracias son lentas, frustrantes, complejas y poco sorprendentes. Las grandes discusiones sobre los problemas más apremiantes parecen siempre atorarse en órganos complejos en los que chocan intereses diversos y puntos de vista discordantes. Las soluciones que ofrecen los grandes expertos en las diferentes materias se deslavan en discusiones eternas de políticos que poco conocen de la materia. El producto final suele parecerse más a un muégano de diferentes sabores, que resuelve sólo algunos de los problemas planteados. Las grandes ideas tienen que ser además revisadas por los guardianes de la legalidad. Y eso, por frustrante que parezca, es una buena noticia. Es precisamente el intercambio de ideas y la imposibilidad de imponer por la fuerza una alternativa lo que nos protege a todos de la tiranía. El costo de limitar el poder a través de órganos que vigilan la constitucionalidad, la legalidad y la debida utilización de los recursos, es que las cosas avanzan más lento, pero sin abusos. Y eso es algo que no podemos perder, nunca.

En la joven historia de la democracia mexicana ningún presidente había iniciado su mandato con las condiciones tan favorables que gozaba el actual: el porcentaje de 53% de los votos emitidos le daba una legitimidad simbólica que sus tres antecesores no tuvieron. Pero, además, su partido controlaba ambas Cámaras del Congreso a través de los partidos satélite que le ofrecieron sus bancadas. Empresarios organizados y medios de comunicación expresaron su apoyo abierto al proyecto político del presidente López. La mesa estaba puesta para construir todo lo que le faltaba a la democracia mexicana y para arreglar todo lo que tenía descompuesto. Pero el presidente y su partido nunca lograron asumirse como un simple gobierno en turno, sometidos a la Constitución y las leyes, y limitados por las funciones y facultades que en ellas se establecen. Desde el principio se han asumido como un proyecto político “histórico” que requiere poder ilimitado para lograr sus objetivos. Desde que asumieron el poder han tratado de imponer la idea de que diversos órganos del Estado fueron creados para estorbar su idea de conquistas populares. Los ataques al Poder Judicial, a los órganos autónomos y al Sistema Nacional Anticorrupción han sido constantes.

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El lunes le tocó a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el órgano constitucional que cuelga jurídicamente de la Cámara de Diputados, que tiene como encargo cuidar de la debida utilización del presupuesto. Como cada 20 de febrero por mandato constitucional, la ASF entregó el informe de los hallazgos de sus auditorías respecto del ejercicio 2019, el primer año de este gobierno.

El monto observado con irregularidades es histórico: 67.5 mil millones de pesos. Hay en el informe hallazgos particulares que pueden ser una enorme vergüenza para el gobierno, y otros, como el daño patrimonial de 331 mil millones de pesos por cancelar el NAIM, que son un auténtico desfalco histórico.

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Pero son apenas las observaciones. El presidente, como sus tres antecesores, pudo haber dicho con respeto que las atendería. Pero, en lugar de eso, se lanzó en contra del órgano y su titular, y dijo tener otros datos. Los acusó de exagerados y de ser parte de una campaña de desprestigio del gobierno.

Esto es inaceptable. A todos nos conviene tener un órgano verdaderamente autónomo que vigila nuestros recursos. Si, además del presidente o su bancada decide atacar, debilitar o presionar a la ASF, será nuestra obligación ciudadana equilibrar la Cámara de Diputados este 6 de junio, para cuidar de nuestra democracia, y evitar el abuso del poder.