La democratización del lenguaje jurídico en la función pública

Hablar del lenguaje jurídico es referirse al conjunto de términos y expresiones que describen principios, preceptos y reglas por los cuales se encuentran reguladas las relaciones humanas dentro de la sociedad. 

En un mundo como el de la abogacía, desde su nacimiento se ha perpetuado la creencia de que escribir y hablar con un lenguaje más técnico y complejo denota una mayor seriedad, mayor conocimiento o erudición. Lo anterior ha sido llevado a la práctica de manera tal que la sociedad se ha visto en muchos momentos separada por un muro en forma de lenguaje jurídico que no permite el paso a un dialogo fluido y directo, y por tanto, evita u obstaculiza el ejercicio de un derecho inherente al ciudadano mismo: el derecho a comprender la función pública. 

Recientemente, poco a poco, y gracias a la modernización de la justicia, las exigencias en torno a la transparencia y claridad en las argumentaciones al expresar decisiones jurídicas han aumentado. 

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Un ejemplo es el argentino, donde en el año 2018 se constituyó la Red Lenguaje Claro Argentina, integrada por personas y por instituciones públicas y privadas cuyo objetivo es implementar un estilo de redacción caracterizado por ser simple y eficiente. 

Como parte del marco normativo de esta red, se expidió el Decreto 891/2017 que busca promover el intercambio de buenas prácticas de comunicación con lo que la totalidad de las medidas dispuestas deban comunicarse de manera clara y eficiente. Posteriormente, el 7 de octubre de 2020 fue publicada la Ley 15.184, misma que garantiza el derecho que tienen todos los ciudadanos a comprender la información pública, y promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales. En su artículo 2º, esta ley establece que se estará en presencia de un documento en lenguaje claro si es que su receptor encuentra lo que necesita y entiende la información de manera rápida y puede usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades. 

En el caso mexicano existe una carencia de diseño de normas e implementación de políticas que aborden el tema de manera concreta y contundente, pues tan solo ha habido esfuerzos aislados que no han terminado por obligar, por lo menos, a las instituciones públicas. Sin embargo, se debe señalar que recientemente el Poder Judicial ha realizado un esfuerzo por emitir sentencias en formato de lectura fácil, ello en un intento de evitar incluir los tecnicismos jurídicos y algunos otros elementos que han contribuido a incrementar la brecha entre este órgano y la sociedad. 

Es por ello que en México se debe comenzar a discutir la creación de normas y la implementación de políticas que obliguen a los órganos del Estado a comunicar de manera clara y eficiente todos aquellos documentos que emiten. Esto por tratarse de una forma eficaz de fortalecer a la democracia y contribuir –bajo el principio de interdependencia– al correcto ejercicio de otros derechos humanos, entre el que se debería incluir el derecho a comprender la función pública, colocando al centro del quehacer público a la persona –en consonancia con lo establecido en la reforma en materia de derechos humanos que acaba de cumplir 10 años– y, construyendo los cimientos para, paulatinamente, arribar a hacer del derecho humano a la buena administración una realidad.

*Marco Antonio Zeind Chávez es abogado y socio del despacho Zeind & Zeind.