El cáncer infantil y el gobierno

No fui el único mexicano que se sintió sorprendido porque el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, dijo en la televisión pública que las organizaciones de padres que exigen al gobierno medicamentos para el cáncer infantil son parte de una estrategia conciliada desde la ultraderecha internacional para dar un golpe de Estado al gobierno. 

El extinto Seguro Popular era uno de los mecanismos financieros que el gobierno tenía para subrogar este tipo de servicios al sector privado. El seguro médico IMSS-Siglo XXI, que quedó carente de presupuesto en este año, cumplía con el mismo fin, para la población de niños entre 0 y cinco años. La administración federal canceló estos mecanismos. La excusa es el oligopolio de distribución farmacéutica, que cobraba contratos millonarios “en paquete”, donde no estaban explícitos los costos de las mercancías y su distribución, o la corrupción en gobiernos estatales, quienes administraban estos sistemas de salud.

La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado, con fecha del 12 de febrero de 2021, donde explica que el tratamiento del cáncer en niños puede ser eficaz (en términos de costo-beneficio) en todos los niveles de ingreso (por país). La organización explica que, en los países de ingresos altos, la tasa de curación es del 80%, mientras en países de ingresos medios a bajos, la tasa de curación es del 15 al 45%. México es un país de ingresos medios. Deberíamos poder salvar casi a la mitad de los niños enfermos con cáncer, estadísticamente hablando.  

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El cáncer infantil no es la enfermedad que más muertes causa a la niñez. También es una enfermedad poco probable. Su cura puede financiarse mediante un seguro de gastos catastróficos. En este se pagan primas bajas, y el deducible es alto, pero nunca tan alto como costear el tratamiento por medios propios. El tratamiento rápido es la clave de la tasa alta de supervivencia. Un niño con cáncer no puede esperar a que el medicamento llegue, porque cada minuto que pasa reduce sus esperanzas de sobrevivir. 

Si el Estado es quien asegura, las primas pueden ser bajas. Internacionalmente hay seguros catastróficos que cuestan 200 dólares. Máximo, el Estado gastaría algo como 150 mil millones de pesos por año si asegura a todos los menores de 17. Para un Estado que tiene un presupuesto de gasto cercano a 6 billones de pesos, este monto no debería ser un problema (2.5% del presupuesto federal, 0.6% del PIB). Y esto suponiendo que no se puede obtener una prima mucho más baja por volumen. El seguro cubriría a los niños de un espectro amplio de enfermedades catastróficas, en un país donde la mayoría de las familias no pueden pagar un seguro de este tipo. 

Esos recursos invertidos en la niñez no se podrán destinar a otros rubros en la salud. Hay decisiones bioéticas difíciles. ¿Salvamos a una pequeñita que puede vivir otros 60 o 70 años, o a alguien quien ya vivió 50? Como la niña no vota, la respuesta del gobierno en turno y de quienes somos padres puede ser muy distinta. 

Manuel J. Molano es economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Sus opiniones son personales y no representan el punto de vista institucional.