Otra de Gertz y Juan Ramos

Existe un amplio catálogo de abusos que se operan desde la Fiscalía General de la República (FGR). La intimidación a través de persecuciones sin elementos, el uso de la influencia de su titular para incidir en los litigios encaminados a sus venganzas personales, la manipulación de información confidencial y la protección que brinda el presidente de la República para justificar los atropellos de Alejandro Gertz Manero denigran a una institución que se hizo fiscalía independiente, solo para convertirse en perversa maquinaria de Estado destinada a cazar adversarios.

La dupla Gertz Manero y Juan Ramos López, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, tiene una historia rica en complicidades. La filtración de llamadas telefónicas espiadas entre ambos personajes ha visibilizado ante la opinión pública un contubernio bien conocido en el medio de los litigantes.

Vale la pena revisar los antecedentes de este vínculo indisoluble desde hace más de 23 años.

Entre 1998 y 2000, Gertz fue secretario de Seguridad Pública de la capital; con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, fue incorporado al gabinete como secretario de Seguridad. De 2009 a 2012 fue diputado federal en la LXI legislatura; entre 2015 y 2018 fungió como rector de la Universidad de las Américas Ciudad de México y desde enero de 2019 es el primer fiscal general de la República. En todas estas responsabilidades, Juan Ramos ha estado a la diestra de Gertz Manero, en el ámbito público y privado como su representante legal o subordinado de máxima confianza.

Ramos fue incondicional como director jurídico en la Secretaría de Seguridad capitalina, subsecretario de Seguridad Pública Federal, representante legal en sus asuntos personales, abogado general de la Universidad de las Américas, secretario de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados y actualmente también lo es como responsable de los casos relacionados con delitos federales en la FGR.

Otra de Gertz y Ramos, solapados desde el poder de los cargos públicos en diversas administraciones, es la que tiene que ver con la persecución feroz contra integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados.

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó un conflicto de interés por parte de ambos funcionarios en la autorrevocación de un no ejercicio de la acción penal, operado de forma irregular por Ramos contra integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins, propietaria de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), con quienes sostuvieron un litigio por el uso del nombre de esa institución. En dicha controversia judicial, Ramos López fue el representante legal de Gertz para solicitar sin éxito que el registro del nombre UDLAP fuera cancelado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Curiosamente, meses después de haber asumido la fiscalía, el IMPI otorgó a Gertz la titularidad del nombre UDLA-CDMX.

La UIF también encontró operaciones financieras de elevados montos en empresas en las que también estaría vinculado Ramos como representante legal de Gertz.

El resolutivo del no ejercicio de la acción penal, en poder de esta columna, data de 2018 y no deja lugar a dudas sobre la falta de elementos para perseguir penalmente a los Jenkins de Landa.

Con lujo de impunidad, ambos servidores públicos emprendieron la estrategia de un doble juzgamiento que viola con flagrancia los derechos humanos, reabriendo indebidamente la causa penal ya extinta para girar de forma irregular órdenes de aprehensión, con la omisión dolosa del Ministerio Público de informar sobre la existencia de ese no ejercicio, resuelto de forma definitiva desde hace más de tres años. Lo que constituye un delito grave, con las aberraciones procesales que eso implica respecto a la mencionada revocación firmada por Ramos desde su posición en la fiscalía.

Este dilema forma parte de una facultad de atracción solicitada a la Primera Sala de la Suprema Corte, que el miércoles 16 de marzo se quedó pendiente de resolver con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ha pedido valorar el caso ante sus colegas.

Dejarlo en lista, en el contexto de los recientes acontecimientos y escándalos que envuelven a Gertz Manero, despierta suspicacias. Sin embargo, la ministra Margarita Ríos Farjat, presidenta de esa sala ha mostrado ser una juzgadora objetiva y transparente, incluso votó para conceder la libertad inmediata de Alejandra Cuevas, otra víctima de las persecuciones personales del fiscal general.

El máximo tribunal del país volverá a revisar otra de las maniobras sucias de Gertz en la que también ha utilizado su influencia para torcer un procedimiento, tal y como lo dedujo la Unidad de Inteligencia Financiera en tiempos de Santiago Nieto, otro de sus acérrimos rivales.

EDICTOS

El nuevo proyecto sobre el caso la exfamilia política de Alejandro Gertz será elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien respaldó la votación para evitar el amparo liso y llano que habría dejado en libertad a Alejandra Cuevas Morán, que desde el punto de vista de cinco integrantes del pleno debería ser exonerada de un homicidio que no habría cometido. La propuesta de resolución sobre este polémico asunto estará lista en nueve días y el caso será nuevamente analizado y votado el lunes 28 de marzo, según lo informó el propio ministro Arturo Zaldívar.